El caso de extorsión se frena en niveles medios

¿A quién responde la banda de extorsión y corrupción?, es una pregunta que aún no tiene respuesta. De las 40 denuncias registradas en contra de la red, solo una se investiga 

El Ministerio de Gobierno, durante los últimos días, admitió que la red de extorsionadores descubierta en el Poder Ejecutivo no fue desbaratada por completo y que su influencia continúa intacta.

Pese a esa advertencia, el caso ha dado vueltas sobre los mismos ejes y no avanzó hacia otros niveles que no sea el intermedio, donde se encuentran abogados, fiscales y jueces bajo investigación. Pese a que la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno asegura haber recibido más de 40 denuncias contra esta red, el único caso que está en manos de la justicia es el de la supuesta extorsión al estadounidense Jacob Ostreicher.

El analista Humberto Vacaflor es escéptico sobre las investigaciones futuras porque “avanzar mucho sería quitarle los cimientos al Gobierno del MAS”.

La ex delegada anticorrupción del Gobierno de Carlos Mesa, Guadalupe Cajías, considera que es “un caso supremamente complejo”, por lo que cree que es difícil que se llegue hasta lo último. Comenta que “el problema de fondo es que se han desbaratado los controles internos que ya existían en la administración pública” y eso ha creado “este ambiente que ha sido propicio para que ocurra lo que estamos viendo”. “Se ha tenido una visión penalista, de castigo sobre todo al opositor, al que piensa diferente y no se ha trabajado en lo principal, que son los controles”.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, se declaró “profundamente preocupado” porque cree que el país está asistiendo al mayor escándalo de corrupción de su historia.

Por eso, pide que “se investigue hasta las últimas consecuencias para sentar un precedente de modo tal que nos permita plantear una recomposición del sistema de seguridad de algunas instancias del Estado”.

Este medio intentó reiteradas veces entrevistar ayer sobre el tema al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pero él se limitó a decir que el ministro de Gobierno, Carlos Romero ya habló y que el caso sigue su curso en la investigación.

Investigaciones

El viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, ha revelado que la red de extorsión tiene nexos, incluso con la mafia rusa, que habría operado en los bingos, pero hasta ahora no se han desvelado esas implicancias.

La primera detención por este caso ocurrió el lunes 26 de noviembre, cuando fue aprehendido el director de gestión pública del Ministerio de la Presidencia, José Manuel Antezana Pinaya. Luego se produjo la aprehensión de los abogados del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rojas, supuestos cabecillas.

En los últimos dos días los diplomáticos norteamericanos se han reunido con el ministro Romero y el viceministro Pérez por el caso Ostreicher. Los congresistas ayer visitaron a su compatriota en la clínica

Cronología de los hechos 

26

De noviembre

Detienen a José M. Antezana, del Ministerio de la Presidencia, acusado de haber recibido $us 10.000 por venta del arroz de Ostreicher.

27 

De noviembre

El ministro de Gobierno denuncia la existencia de una red de extorsión. Se detiene a Fernando Rivera y Dennis Rodas.

3

De diciembre

Es detenido el exfiscal Isabelino Gómez. La ministra Nardy Suxo pide que se inicien juicios contra las víctimas de extorsión.

4 

De diciembre

El Ministerio de Gobierno admite que la influencia de la red se mantiene porque los principales acusados no son enviados a la cárcel.

Desbarataron los controles internos

Lupe Cajías - Ex delegada anticorrupción 

Es un caso supremamente complejo de lo que conocemos tanto en Bolivia como en América Latina, es uno de los casos más grandes y de mayores tentáculos por sus implicancias en diferentes niveles del Estado, creemos que es muy difícil que se haga el seguimiento hasta sus últimos rincones. 

El problema de fondo es que se han desbaratado los controles internos que ya existían en la administración pública, y que ya habían avanzado al Poder Judicial.

Tampoco se ha respetado la Ley Safco, que es una normativa de control. El camino que ya existía se lo ha retrocedido y se ha vulnerado fuertemente la institucionalidad.

Se ha atacado lo superficial, se ha tenido una visión penalista, de castigo sobre todo al opositor, al que piensa diferente y no se ha trabajado en lo principal, que son los controles. Todo el trabajo de modernización del Estado que en Bolivia tuvo buenos resultados, todavía pocos, pero buenos resultados, se retrocedió, esta idea de poner a gente más leal que técnica en la estructura de poder termina con resultados perversos