Setar, ¿Una luz al final del túnel? o ¿se apaga la luz?

La rebelión de los tarijeños ante la decisión estatal de intervenir su empresa de electricidad parece ser mucho más que una reivindicación del derecho de propiedad de un pueblo; se asemeja a una prueba de fuerza entre el afán centralista del Gobierno y el espíritu autonomista de la gente, además devela síntomas de la incapacidad  de propietarios y administradores de la compañía frente a sus clientes. En las últimas horas, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el de Hidrocarburos, Juan José Sosa, además del director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización  y Control Social de Electricidad (AE), Richard Alcocer, oficializaron la determinación de extender el plazo hasta fin de año para que  Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) tramite su título habilitante, mismo que posibilitará a Tarija ser parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Sin embargo, el problema aún no está resuelto; esto puede ser “una luz al final del túnel”, pero la pretensión de intervenir Setar sigue en pie. Para  los partidos de oposición al Gobierno la aún posible intervención expresa la política centralista del Ejecutivo nacional de controlar las empresas de servicios básicos como mecanismo de poder, pese a la voluntad autonomista de las regiones, expresada en los referendos de 2008.

El presidente Evo Morales advirtió que “el Estado Plurinacional controla ahora más del 80 por ciento de la energía que se produce en toda Bolivia. Tarde o temprano, tiene que controlar y administrar el 100 por ciento de energía, porque los servicios básicos no pueden ser  negocio privado”. 

Setar es una empresa tarijeñaSetar es, desde 2007, una empresa pública de servicio de energía eléctrica cuyo 99,6 por ciento de las acciones pertenece a la Gobernación, y el 0,4 por ciento a la Municipalidad de Cercado. Setar es, por estatutos y por origen, una entidad del pueblo tarijeño. 

La historia sostiene que los servicios de energía eléctrica comenzaron a funcionar en Tarija en 1908 de la mano de José Arce y Jacinto Calabi, quienes instalaron la primera planta generadora en El Angosto. En 1932, cuando Tarija tenía 13.310 habitantes, la empresa de Calabi y Frigerio generaba de 80 a 100 kW.

En 1944, la Municipalidad de Tarija se hizo cargo de la empresa con la instalación en el barrio Eduardo Abaroa de dos grupos electrógenos de 125 kW cada uno, para una población de 15.684 habitantes. Su crecimiento fue paulatino hasta 1964, aparejado con el crecimiento de la población.

Ese crecimiento, sin embargo, no fue acompañado con una mejor calidad en la prestación de servicios y generó, casi desde siempre, críticas no sólo por las altas tarifas sino también por los frecuentes cortes de energía, que dieron pie a la AE a justificar la intervención. 

Los problemas de siempreLa gente en las calles se queja de que las tarifas subieron en casi 300 por ciento en los últimos dos años. Vilma Cáceres, del barrio IV Centenario, dice que pagaba 90 bolivianos en 2011 y que hoy paga 360, aunque su consumo es el mismo. 

De hecho, los tarijeños pagan las tarifas más altas del país, después de los pandinos y benianos. Las tarifas industriales son más altas incluso que las de Santa Cruz, según datos del Ministerio de Hidrocarburos. En La Paz, por ejemplo, los usuarios de la categoría comercial pagan 0,96 bolivianos el kilovatio hora, en Cochabamba 0,83, pero en Tarija la tarifa es 2,13 bolivianos. 

Empero, los problemas no terminan ahí, Juana Márquez, vecina de San Lorenzo, dice que un poste sigue desde hace mucho tiempo “con los cables pelados y se inclinó por la humedad, sin que nadie se preocupe por repararlo pese a los reiterados pedidos de los vecinos” porque no hay prevención de accidentes. Otra persona sostiene que en la zona de Senac colocaron un poste de cemento y nunca instalaron el servicio de electricidad.

A pesar de la incongruente vigencia de tarifas altas en una región privilegiada en la producción de hidrocarburos que sirven para generar la energía eléctrica, la ciudadanía coincide en rechazar la intervención y plantea una nueva oportunidad para las autoridades locales.

Esas autoridades, sin embargo, según un sondeo realizado a cincuenta personas, incumplieron casi desde siempre su obligación social con los clientes internos y externos de la empresa, y con las disposiciones legales que las obligaban a regularizar su título habilitante pese a que desde hace ocho años tenían el plazo para cumplir los requisitos.

Las diferentes autoridades del departamento descuidaron sistemáticamente, por razones políticas o de diferente naturaleza, que no vienen al caso, regularizar el estado jurídico y la obtención del título habilitante de interconexión nacional y dieron pie al argumento de intervención, en perjuicio de sus clientes internos.

El Gobierno justifica la intervención alegando que Setar no normaliza su situación jurídica a nivel nacional, pese a los plazos vencidos, e incumplió con la interconexión al Sistema Nacional, lo que supone una pérdida de 20 mil dólares día para el Estado. Con la última disposición, la pérdida fue asumida por el Gobierno.

 
La Asamblea Legislativa Departamental aprobó la ley para remitir la documentación requerida a la AE con el objetivo de que Setar tenga personería jurídica, pero las observaciones persistieron. Según la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, la intención del Gobierno era “simplemente una intervención administrativa con el fin de saber cuál es la situación de Setar”, pero su homólogo, Juan José Sosa, de Hidrocarburos, habló ya de una “profunda crisis en la institución con hechos de corrupción”. 

Según Sosa, “llama la atención que una persona como el señor Walter Mogro, que ha trabajado toda su vida en Setar, no haya sabido de los problemas que está atravesando la empresa y que se haya permitido llegar a una situación que abre las puertas a la intervención”. 
Al margen de las opiniones políticas, analistas jurídicos afirman que es un hecho que Setar no es una operadora legal porque no cumple reglamentos y normas vigentes; pues entre 2004 y 2008 no presentó información y no tramitó su licencia de operador. Tampoco se cumplió con la ley que estipula la elección del directorio mediante terna. 

De todas maneras, Setar tiene acciones de propiedad de la Gobernación y de la Alcaldía y una intervención significaría que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) tomaría el control total de una empresa en la cual el Estado no invirtió recursos económicos, pues todos fueron financiados con fondos departamentales. 

Otras intervenciones de empresas eléctricasEn Santa Cruz, la intervención de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) fracasó antes de nacer. La intervención tenía por fundamento supuestos descargos no realizados en la secuencia tarifaria. Su presidente, Germán Antelo, calificó como “abusivo” el intento gubernamental y recordó que “en Santa Cruz las cooperativas han sido la única salvación que tuvo el oriente boliviano para dar agua, luz y comunicación, porque el Estado nunca pensó en darle servicios básicos a la ciudadanía”. 

En Beni, la Compañía de Servicios Eléctricos de Trinidad (Coserelec) pasó a manos de ENDE, pero, según el exgobernador Ernesto Suárez, “no hubo cambios significativos en el servicio”. “Nadie sabe en realidad qué pasó con nuestros aportes”, añadió. El precio de las tarifas en Trinidad siempre fue elevado, aunque, los usuarios eran propietarios de la cooperativa y tenían poder de decisión en ella. 

Del otro lado, el oficialismo rechaza el argumento de apropiación estatal y justifica la decisión de intervenirla atribuyendo el actual conflicto a la incapacidad de anteriores administraciones para cumplir con sus obligaciones específicas, tanto frente al Estado como ante sus clientes internos y externos.

El 40 por ciento de los consultados en el sondeo quieren saber dónde está lo que aportaron. Están de acuerdo en que haya auditorías en las áreas legal, técnica, administrativa y financiera. Empero, ponen como condición que si hay cambios en la administración, se contrate personal calificado tarijeño.

Entretanto, el conflicto sigue en pie, ha comenzado a correr un nuevo plazo y la amenaza de intervención sigue latente. ¿En el nuevo plazo se hará la luz o se la apagará para Setar?

Gobierno retrocede en intervención y da nuevo plazo a Setar para presentar título habilitante
El Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, el Ministro de Hidrocarburos Juan José Sosa y el director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), Richard Alcocer, llegaron ayer a Tarija y en conferencia de prensa anunciaron que amplían el plazo hasta fin de año para que Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) pueda regularizar su título habilitante.

El Ministro Quintana señaló que “no existe de parte del Gobierno, ni del Presidente Evo Morales ningún apetito especial para apropiarse de ninguna empresa ni de Tarija, ni de ninguna región con presuntos fines políticos”, indicó que esta situación debe quedar clara y que el objetivo de fondo de cualquier intervención es mejorar el servicio para los ciudadanos.

El Ministro Sosa por su parte explicó la propuesta que dejó en mesa la semana pasada a las autoridades del departamento, pero dijo que en realidad no recibió respuesta de ninguna autoridad departamental, lo que recibió de la bancada de Camino al Cambio de la Asamblea Departamental “fue una postura no una propuesta”, dijo la autoridad.

Con respecto al Sistema Interconectado Nacional (SIN) Tarija tendrá que esperar para estar interconectada, también hasta fin de año, luego de obtener el título habilitante. 

Richard Alcocer dijo que en realidad se debe cumplir con toda la documentación y mejorar el servicio para la población, entre otros aspectos que ya se habían observado con anterioridad.
Las autoridades nacionales señalaron en la conminatoria que debe incluirse la realización de una auditoria a Setar lo más antes posible, afirmaron que será el Gobierno Departamental quién establezca de qué manera se la hará./El País