Retrasos en ejecución de obras podrían generar responsabilidades a secretarios departamentales

¿Por qué no se cumplen los plazos y los cronogramas de ejecución de obras? “Cada una tiene su propia historia”, dice un funcionario de la Gobernación que prefiere guardar su nombre en reserva para proteger su fuente laboral. Lo cierto es que son pocas o tal vez ninguna obra que se haya concluido en los últimos años dentro de los plazos contractuales, generando perjuicios a la sociedad. Las obras más emblemáticas en esto son las que corresponden a la ruta Tarija - Potosí, a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Pero también Tarija tiene sus “emblemas”. El más reciente es el del contrato para la modernización del estadio IV Centenario. Según se ha revelado, la obra, que tenía que estar lista en ocho meses, apenas iniciada ya es motivo de órdenes de cambio y contratos modificatorios.

Fot. Archivo, Primer Gabinete de Lino Condori

Las explicaciones son variadas: primero se dijo que no se incluyeron algunos ítems claves y luego, que se dieron cuenta que el terreno no es óptimo para instalar una pista sintética de atletismo. Pero la misma fuente que cita las “propias historias” también desliza que hay ciertos olvidos sospechosos, que apuntan a generar incrementos de los costos después de adjudicadas las obras, sin que hayan justificativos reales.

LEYES SANCIONATORIAS Respecto a los retrasos, el presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Lino Cárdenas, informó que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (MQSC) contempla normas de sanción para funcionarios públicos que incurran en flagrante incumplimiento de deberes, al no realizar la fiscalización correspondiente de obras y proyectos. La pena, según establece la norma, es de ocho años de privación de libertad.

Empero, Cárdenas explicó que las penas que contempla la Ley MQSC, además de evacuar informes técnicos sobre la fiscalización de obras, deben estar contemplados en el reglamento de cada proyecto a ejecutar y así garantizar el avance de obra de manera óptima y sin dilataciones.

“El funcionario público está obligado a cumplir con sus funciones de acuerdo a lo que indican las normas básicas de bienes y servicios, lo que quiere decir que deben cumplir un estricto reglamento, así también tienen que lanzar la licitación respetiva, pero también fiscalizar mediante fiscales de obra designados. Al incumplir estas normas de ley estarían incurriendo en incumplimiento de deberes, que es sancionado por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, indicó.

Cárdenas agregó que al violar las normas se estaría ocasionando daño económico al Estado y delitos que van en contra de la función pública, penados –en caso de ser comprobados– con ocho años de cárcel además del resarcimiento económico al Estado.

El presidente del Colegio de Abogados de Tarija cuestionó a las autoridades que anteponen la Ley MQSC como pretexto para no firmar el inicio de obras o rendir una buena gestión, bajo el argumento que “si incurren en firmar de manera accidental algún documento”, podrían ser sancionados con dicha norma.

Aclaró que la ley no contempla una norma de carácter administrativo, ya que antes de que la Ley MQSC entre en vigencia, existían sanciones para autoridades públicas que incurrían en alguna falta, haciendo referencia al reglamento de bienes y servicios.

REALIDAD EN LA GOBERNACIÓN Ante esta situación, el secretario Ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruiz, reconoció que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz sanciona a funcionarios públicos por incumplimiento de deberes, al no realizar la respectiva fiscalización de las obras en ejecución.

“Todos los funcionarios públicos están obligados a realizar el respectivo control de la gestión pública, en este caso, de las obras que se ejecutan. Pero sí, la ley sanciona a aquellos que no supervisan o toman una mala decisión administrativa causando daño económico al Estado. La pena es cuatro años de cárcel”, señaló.

Sin embargo, Ruiz aseguró que obras de impacto ejecutadas por la Gobernación reportan un avance satisfactorio, descartando así que exista cualquier retraso en los proyectos ejecutados.

Ruiz, al igual que otras autoridades, aseguró que la Ley MQSC retrasa la gestión pública sembrando temor dentro de la administración pública, volviéndolos inseguros en las decisiones para ejecutar proyectos o emprendimientos con el fin de hacer una óptima administración.

OBRAS EN EL “OJO DE LA TORMENTA” Una de las obras que ha sido cuestionada por su retraso, en especial por la fiscalización ejercida por la oposición semanas atrás, es la construcción del hospital Materno Infantil que, al parecer según la senadora (CN) Dora Burgos, tiene un retraso de tres meses al no existir avances significativos en la obra.

Burgos, semanas atrás, revelaba haber visitado el barrio Lourdes, zona donde se construye la obra, y que ha constatado que “no había una sola herramienta” en el espacio donde se prevé ejecutar la obra.

La crítica apuntó directamente al gobernador interino, Lino Condori, responsabilizándolo de no estar realizando el seguimiento a obras que son consideradas prioritarias en la región. He ahí una falta que podría incurrir en incumplimiento de deberes.

Asimismo, otro ‘dolor de cabeza’ es el retraso para la ejecución del proyecto del Instituto Oncológico, que según el último reporte de la Dirección de Contrataciones de la Gobernación, faltaría la firma de contrato para el estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA).

Pese a que esta obra tiene previsto, en su fase de estudio, ser ejecutada bajo la modalidad de contratación por excepción de una empresa, hasta la fecha no presenta avances significativos. El estudio tiene un monto de inversión de 896 mil bolivianos.

Esta infraestructura es una prioridad para Tarija tomando en cuenta la alta incidencia en el cáncer y específicamente el cáncer de cuello uterino (mujeres) y de próstata (hombres) en el departamento. Dicha enfermedad que es la primera causa de muerte en esta región, el país y el mundo.
Y el aspecto deportivo tampoco se queda atrás, ya que desde el pasado el 13 de septiembre las obras de refacción en el estadio IV Centenario quedaron paralizadas por la falta de una firma de adenda modificatoria al contrato para continuar con la primera fase de los trabajos.  

 
El trabajo en el IV Centenario tiene un avance físico del 11,17%, el financiero es de 8,67% y el plazo para terminar el proyecto es de 240 días, de los que sólo fueron cubiertos un poco más de dos meses desde su inicio en junio. 

Desde que se presentó el proyecto hubo deficiencias que no han sido subsanadas en su momento y que ahora están afectando el avance del proyecto, que debería concluir en marzo del próximo año, argumentan dirigentes del ámbito deportivo tarijeño, responsabilizando a la Gobernación por el retraso de la obra.

SILENCIO DE LOS RESPONSABLESEl País buscó por todos los medios tomar contacto con las autoridades departamentales para conocer cuál es la realidad de estas obras, sin embargo, nuestro intento fracasó por diversas razones. 

La secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación, Petrona Chavarría, no nos pudo conceder una entrevista, según sus asistentes, por encontrarse ocupada con algunos pendientes. De la misma manera, Ciro Vargas, secretario de Obras Públicas, no respondió a su teléfono celular. 

Finalmente, Sandra Gutiérrez, Secretaria de Justicia, prefirió no emitir criterio referente al tema./El País