Juicio por “Octubre Negro” se amplía a Jaime Paz y Reyes Villa


Miles de personas se manifestaron ayer ante la Embajada de Estados Unidos en La Paz exigiendo la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, para que sea juzgado por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 60 personas en octubre 2003. En la movilización, el abogado de las víctimas. anunció que preparan la segunda etapa del juicio, que incluye a otras exautoridades.

Este 17 de octubre se cumplió nueve años de la renuncia a la Presidencia de la República de Gonzalo Sánchez de Lozada, luego de la "Guerra del Gas" que dejó más de 60 muertos y 400 heridos. En 2003, en esta fecha, Sánchez de Lozada huyó del país presionado por una revuelta popular que rechazó la venta de gas a Chile y que exigió su renuncia luego de que su gobierno arremetiera contra el pueblo alteño con el Ejército. Desde entonces, Sánchez de Lozada radica en Estados Unidos

MAS ACUSADOS 
Los abogados de las víctimas de la denominada “Guerra del Gas” presentarán una proposición acusatoria para abrir una segunda fase del juicio por “Octubre Negro” que pretende incluir al expresidente, Jaime Paz, y el líder opositor refugiado en Estados Unidos, Mánfred Reyes Villa, ambos socios de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003.

El anuncio lo efectuó el abogado defensor de las víctimas de “Octubre Negro” de 2003, Freddy Ávalos, quien adelantó que en este proceso están contemplado al menos 15 personas que deberán ser procesadas, como el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Juan Antonio Morales.

Según Ávalos, la figura por las que se les acusará a estas personas es por los delitos de genocidio y corrupción.

“No podemos olvidar que se sacaron dineros del Banco Central, que es de los bolivianos, se retiraron dineros en gran cantidad de sus bóvedas con venia de su expresidente Juan Antonio Morales”, afirmó.

La proposición acusatoria será presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional que incluirá a los dos jefes políticos: Reyes Villa de la extinta Nueva Fuerza Republicana (NFR) y Paz Zamora del desaparecido Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), además de otras exautoridades.

El gobierno de Sánchez de Lozada articuló una coalición con NFR y el MIR.
Reyes Villa, hoy fugitivo de la justicia boliviana, decidió su apoyo al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Sánchez de Lozada, a cambio de ser parte del Ejecutivo con la designación de tres ministros, entre ellos su hermano Erick Reyes Villa, Dante Pino Archondo y Adalberto Kuajara.

En tanto que, Paz Zamora acomodó en el gobierno de Goni a los ministros Carlos Saavedra Bruno, Guido Áñez Moscoso y Jorge Torres Obleas.

Según el abogado Ávalos, los dos principales aliados de Sánchez de Lozada no podían ser incluidos en el primer proceso porque no existía prueba documental sobre su participación en esos hechos.

NUEVO FISCAL 
Tanto Ávalos como el otro abogado de las víctimas de Octubre Negro, Rogelio Mayta, coincidieron, por separado, que el principal desafío inmediato a su posesión del nuevo Fiscal General del Estado será replantear y corregir el pedido de extradición de Sánchez de Lozada y encarar la segunda etapa del proceso en el que incluirá a Jaime Paz y Manfred Reyes, además de más de una decena de personas exautoridades.

El abogado Ávalos explicó que el nuevo pedido de extradición que se planteará debe ser corregido por el nuevo Fiscal General para que proceda en Estados Unidos.

“El nuevo Fiscal General del Estado que sea elegido en la Asamblea tendrá la tarea titánica de trabajar en detalle y solvencia para que haga algunas complementaciones a las observaciones que hicieron en Estados Unidos y lograr que Goni venga al país a enfrentar sus crímenes”, afirmó.

Confía en que una vez corregidas las observaciones, el Gobierno de Estados Unidos no podrá negar la viabilidad de la extradición de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y otros exministros refugiados en ese país.

Consideró importante el apoyo del Gobierno para este emprendimiento para honrar con la memoria de las víctimas de esas jornadas sangrientas, que a su juicio, es un tema pendiente de la agenda de la administración de Evo Morales.

LA MARCHA
La multitud liderizada por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), organismo afín al presidente Evo Morales, marchó entre esa ciudad y La Paz. La movilización colapsó el tráfico en varias avenidas y participó en mítines ante la legación diplomática custodiada por decenas de policías, con equipos antidisturbios.

"Estados Unidos no quiere extraditar al sanguinario que tanto dolor y daño ha causado a la población boliviana, en especial a la población alteña. Ahora renace esta furia, esta bronca", declaró el máximo dirigente de la Fejuve, Javier Ajno.

Tras los enardecidos discursos, los protestantes se desconcentraron, sin causar incidentes.

1er. proceso

Sentenciados

En el primer proceso se imputó a 17 personas que concluyó en agosto del pasado año, con las primeras sentencias que condenan a cinco miembros de las Fuerzas Armadas y a dos dignatarios de estados, pero queda pendiente el juicio para los que están fuera del país.

A 15 y 10 años

Roberto Claros, excomandante en jefe de las FFAA y Juan Véliz Herrera excomandante del Ejército, fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión.

A 11 años de reclusión a José Quiroga excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana y Luis Alberto Aranda excomandante general de la Fuerza Naval Boliviana.

A 10 años de prisión, Gonzalo Rocabado Mercado excomandante en jefe accidental de las FFAA.

A 3 años

A 3 años de prisión, a Erick Reyes Villa exministro de Desarrollo Sostenible y Adalberto Kuajara ministro del Trabajo. Ambos fueron sentenciados por complicidad de genocidio.

Agenda de octubre 2003, “casi cumplida”
Al tiempo de cumplir nueve años de los sucesos de octubre 2003, que derivó en la salida del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, dijo este miércoles que la agenda de octubre planteada por las organizaciones sociales de la ciudad de El Alto, casi ha sido completada con el "proceso de cambio"

Sobre la negación de extradición de Goni, la autoridad legislativa dijo que ésta es una decisión política de los Estados Unidos. Aseguró que este país se ha convertido en una cueva de masacradores y corruptos que teniendo cuentas pendientes con el Estado y el pueblo boliviano, huyen de la justicia para esconderse allí.

"La agenda de octubre casi ha sido completada, se ha llevado adelante el proceso constituyente, se ha nacionalizado los recursos hidrocarburiferos y estamos en un proceso de industrialización como nunca antes ocurrió en Bolivia", manifestó Montaño.

Agregó que el Estado está llevando adelante el proceso de industrialización hidrocarburífera con la Planta Separadora de Líquidos en el Chaco, la Planta de Urea y Amoniaco en Cochabamba, y se seguirá invirtiendo en este ámbito./Opinión