El Alcalde Luis Revilla denunció este martes una nueva arremetida de la Contraloría General del Estado (CGE) en contra de La Paz, de las actuales autoridades y ex autoridades municipales, pretendiendo establecer un daño económico de 11 millones de bolivianos
Según la autoridad edil la Contraloría emitió dos informes preliminares donde se intenta responsabilizarlos de vulnerar los decretos supremos 21060 y 21137, por pagar los bonos 16 de Julio y 20 de Octubre a los funcionarios que ganan menos de 4.000 bolivianos. A pesar de que ambos fueron derogadas por el actual gobierno y mediante la aprobación del D.S. 861 del 11 de mayo de 2011.
Frente a la posición de la Contraloría, el Burgomaestre paceño afirmó que esta entidad se está asumiendo una atribución que no le corresponde, la de determinar la legalidad del pago de los bonos municipales. Una competencia que le corresponde exclusivamente al Órgano Judicial.
Otra observación a la Contraloría es que no consideró toda la normativa laboral y a los beneficiarios de los bonos, que son los trabajadores que ganan menos de 4.000 bolivianos.
Aclaró que el pago de estos bonos no es reciente y que la Contraloría tenía conocimiento de su pago desde la década del 80. Incluso el bono 20 de Octubre se pagó desde 1956, sin interrupción. Además, fueron objeto de laudos arbitrales en el Ministerio de Trabajo en 1997,1998 y el 2011. Este último recurso planteado ante este ministerio, determinó la obligatoriedad del pago de estos dos bonos a los trabajadores municipales.
Asimismo, este 2012 los funcionarios de La Paz acudieron a la justicia y un Juez de Trabajo ordenó al Alcalde Revilla pagar estos bonos, de lo contrario emitiría una orden de aprehensión contra la primera autoridad municipal de La Paz.
Ante estos informes el Alcalde paceño presentó sus descargos correspondientes y señaló este conjunto de observaciones al informe emitido por la CGE. Por ello se espera que esta entidad determine la inexistencia de cualquier responsabilidad sobre las autoridades a las que se estaría investigando y procesando irregular y arbitrariamente.
Asimismo, señaló hasta la fecha tiene 21 procesos judiciales en su contra y que a su criterio tienen un carácter político. Revilla sostuvo que aparentemente fueron iniciados por particulares, pero tiene información que revela que existió influencia política. Muchos de los denunciantes habrían sido promovidos e instigados para que presenten procesos en contra de las autoridades municipales paceñas./Radio Fides


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