Santa Cruz-Hay 17 denuncias contra taxistas violadores

Delitos. Estos depravados han abusado de niñas y mujeres de entre 12 y 34 años en lo que va de 2012. Ayer se conoció otro caso en el que la víctima fue una chica de 16 años


Diecisiete niñas, adolescentes y mujeres adultas han sido ultrajadas sexualmente por depravados disfrazados de taxistas en la capital cruceña en lo que va del año, según las denuncias que cursan en la oficina de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que opera en la Unidad de Víctimas Especiales (UVE).
La alarmante estadística da cuenta de que entre las víctimas figura una niña de 12 años, otras menores de 13, 14 y 16, y mujeres desde los 19 hasta 34 años de edad, de acuerdo con los datos proporcionados por Rosa Ribera, abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Lo inquietante es que la Policía todavía no ha logrado dar con el paradero de ninguno de los violadores.
El equipo multidisciplinario de la UVE está investigando cinco casos ocurridos en julio: la tentativa de rapto a una de sus funcionarias, a una estudiante universitaria brasileña y a un par de adolescentes, de 17 años, que se zafaron de un chofer con la ayuda de un conductor. Asimismo, indaga la violación a una joven, de 22 años, en inmediaciones del Club de Tenis Santa Cruz la noche del lunes pasado.
A estos ilícitos se suma otro abuso sexual cometido por un seudotaxista y su cómplice el jueves 26 de julio contra una adolescente, de 16 años.
La fiscal Carla Barrón, a cargo de la pesquisa de este caso conocido últimamente, manifestó que la chica llegada de Argentina salió de un domicilio del barrio Las Palmas y tomó un taxi cualquiera para realizar alguna diligencia.

En el trayecto el conductor desconocido alzó a un individuo y entre ambos redujeron a la adolescente y, en pleno día, la llevaron a un lugar apartado, donde la violaron y posteriormente la abandonaron.
“Esta chica abordó un taxi en la calle, sin percatarse de los riesgos que ahora implica subirse a cualquier vehículo. La afectada nos informó de que el motorizado era azul marino; ella recuerda las características físicas de sus agresores, a los que calcula entre 20 y 25 años de edad. El delito es violación agravada porque lo perpetraron dos sujetos intimidándola con arma de fuego.
Lamentamos que estos hechos se hayan incrementado. Esperamos una respuesta de las autoridades encargadas del empadronamiento de los taxis y choferes parar frenar esta acción delincuencial”, declaró la representante del Ministerio Público.
Entretanto, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se dieron ayer a la tarea de elaborar los identikits de los agresores en base a los datos proporcionados por las víctimas.

La muchacha abusada cerca del barrio San Luis corrigió algunos detalles del retrato hablado que dio el martes a los investigadores. Asimismo, se elaboraron los identikits de los sujetos que ultrajaron a la chica de Las Palmas.
Rolando Torrico, jefe de la unidad de la Felcc que opera en la UVE, indicó que los perfiles de los sospechosos se ‘retocan’ a diario, debido a que las víctimas aportan nuevos datos conforme van recordándolos. 
Asimismo, el oficial manifestó que se están realizando trabajos de Inteligencia para ubicar a los autores de las violaciones.

Ley incorpora el agente encubierto
Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas, promulgada por el presidente Evo Morales, incorpora nuevos tipos penales para erradicar este ilícito en Bolivia. Asimismo, incluye la figura del agente encubierto y la intercepción de llamadas telefónicas a objeto de obtener indicios sobre la participación de sujetos en organizaciones relacionadas con los delitos de trata y tráfico de personas.
Dicho agente encubierto debe ser miembro de la Policía boliviana, sin antecedentes penales o disciplinarios que preste su consentimiento al efecto. Por otra parte, la intercepción y grabación de llamadas telefónicas deben ser solicitadas por la Fiscalía a la autoridad jurisdiccional competente.
Asimismo, la denuncia por el delito de trata y tráfico de personas y delitos conexos podrán ser interpuestos de forma verbal o escrita por las víctimas o terceros, sin el cumplimiento de los requisitos formales. El servidor público que en razón de su cargo, teniendo la obligación de promover la denuncia, dejare de hacerlo, recibirá una pena privativa de libertad de uno a tres años. Si el delito tuviere como víctima a un niño, niña o adolescente, la pena se aumentará en un tercio.
La fiscal Carla Barrón, adscrita a la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) de Santa Cruz, calificó de positiva la nueva ley sobre trata de personas.

375 casos de abusos en un semestre
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la ciudad capital informó de que el equipo multidisciplinario de la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) recibió 375 denuncias de abusos en el primer semestre del presente año.
Las cifras muestran que las víctimas reportaron 213 casos de violación, 36 estupros, 87 abusos deshonestos, 13 tentativas de violación, tres abandonos a mujeres embarazadas, 13 raptos impropios y 10 casos de trata de personas.
A lo largo de toda la gestión 2011, la entidad defensora registró la siguiente estadística: 384 violaciones, 166 estupros, 233 abusos deshonestos, 36 tentativas de violación, ocho abandonos a mujeres embarazadas, 16 raptos impropios y 25 trata de personas, totalizando 868 casos, de acuerdo con los datos oficiales.
Rosa Ribera, una de las asesoras legales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, manifestó que entre las víctimas atendidas en lo que va de 2012 figuran 16 niños y niñas de hasta cinco años de edad, 14 menores de seis a nueve años, 110 chicas de 10 a 14 años, 79 adolescentes de 15 a 19 años y 66 mayores de 18 años.
Asimismo, se estableció que un 98% de las víctimas son de sexo femenino y un 2% de sexo masculino. Por otra parte, se comprobó que un 7% de los agresores fueron los padres de las víctimas; un 8%, los padrastros; un 10%, un familiar cercano; un 31%, conocidos de la familia; un 14%, vecinos; un  9%, enamorados y un 21%, otros.
El delito de violación agravada tiene una pena máxima de 25 años de prisión./El Deber