Demanda. La Defensoría del Pueblo intervino para buscar diálogo
El estado de emergencia de los pobladores de Caranda por la muerte de Ambrosio Gonzales en el enfrentamiento con la Policía mantiene paralizada la planta de tratamiento de gas de Petrobras Argentina SA por tres días consecutivos. Hoy ingresa en el cuarto.
La información la dio a conocer una fuente de la compañía y fue confirmada por el defensor del Pueblo de Santa Cruz, Hernán Cabrera.
El representante de la institución visitó la comunidad y luego de recabar información sobre el enfrentamiento del lunes, se apersonó al lugar de los hechos donde el taxista fallecido y otra persona fueron heridos por canicas con bolas de cristal lanzadas por armas presuntamente de parte de los efectivos del orden cuando desalojaban a los manifestantes.
Detalló que recibió la llamada de un ejecutivo de la transnacional que, a tiempo de manifestarle la preocupación por el problema, aclaró que el cierre es para resguardar el lugar y velar por la seguridad de los pobladores.
Por su parte, los ejecutivos de Petrobras Argentina SA, del Gobierno nacional y de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) no se han pronunciado oficialmente sobre las pérdidas económicas por no producir gas ni petróleo.
Sin embargo, multiplicando los datos expuestos por la agencia oficial ABI, en estos tres días ya se ha dejado de exportar 39 millones de pies cúbicos a Brasil y de producir 600 barriles de petróleo para el mercado interno.
Con relación a la responsabilidad contractual con los volúmenes de gas al vecino país, un reporte de YPFB Transporte SA indica que a partir del 29 de julio bajó el volumen, lo que da a entender que no es temporada de alta demanda.
Es decir, entre el 23 y el 26 la exportación diaria fue de 31,1 millones de metros cúbicos (m3), y entre el 27 y el 31 cayó de 28,2 a 19,7 millones de m3.
Mientras tanto, ayer se calmaron un poco los ánimos de los pobladores con la visita del defensor del Pueblo y la reunión con la diputada oficialista Betty Tejada, que recogió las demandas para darlas a conocer al Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Juana Mamani y sus hijos amenazaron con cortar las cañerías transportadoras de hidrocarburos que pasan por la propiedad de la familia, si es que no se da con los responsables de la muerte de su esposo Gonzales para el pago de los daños civiles.
A esta medida se sumaron los vecinos, que estuvieron de acuerdo con tomar la misma represalia.
Se supo que personeros de la Gobernación habían acordado reunirse con una comisión de Caranda, pero no se presentaron.
El subgobernador de Ichilo, Eduardo Descarpontríez, aclaró a el norte que las demandas en infraestructura y electricidad siguen en pie.
Afectada puede perder su hijo
María Elena Berbo Mamani, joven de 19 años y con tres meses de gestación, recibe asistencia en el Hospital Obrero de Portachuelo.
Junto a Fidel Sandóval Méndez (33), que fue internado en la clínica Máxima de Montero, fue una de las tres personas que resultaron heridas en el campo de gas.
A diferencia de los otros dos, ella no recibió ningún impacto, sino que presentó complicaciones debido a los gases lacrimógenos lanzados por los uniformados para desalojar a los manifestantes. Los galenos indicaron que ingresó el lunes con hemorragia, por lo cual su estado de salud es delicado; no se descarta que haya sufrido un desprendimiento de la placenta.
Los pobladores de Caranda piden la indemnización a los responsables para la familia del fallecido y para los dos heridos.
Al respecto, el defensor del Pueblo, Hernán Cabrera, explicó que ya se presentó la demanda en la fiscalía del municipio de Buenavista./DO
Situación
Obras. Pavimentación del tramo de 17 kilómetros, construcción de siete puentes e instalación de energía eléctrica a tres comunidades.
Ayuda. La Defensoría del Pueblo gestionó la presentación de la demanda ante la Fiscalía sobre el muerto y los heridos del lunes.
Responsabilidad. El Gobierno nacional y la Fiscalía negaron que los policías hubieran matado a Gonzales; iniciaron la investigación./El Deber


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