Continúa la polémica por el estado de salud de los trabajadores petroleros que habrían sido contaminados con mercurio en diciembre de 2009, en el campo petrolero San Alberto del municipio de Caraparí, donde opera Petrobras. Ayer por la noche se develaron nuevos elementos en el programa televisivo “Encontraste”, emitido por Plus Tv, en una conferencia de prensa de la directora de la Asociación Latinoamericana de Toxicología, Laura Borgel (Chile), profesional que habría hecho el seguimiento de este caso en ese entonces y quien sugirió a la empresa responsable realizar el seguimiento de por lo menos un año al estado de salud de los obreros afectados, hecho que, según la asesora de los Trabajadores Petroleros del Chaco, Rosa Colpari, no fue cumplido, puesto que los mismos fueron despedidos a los tres meses después de haber ocurrido la tragedia.
En este entonces, el arribo de Borgel, que al perecer fue a pedido de Petrobras, tenía el objetivo de poner “paños fríos” al tema con una explicación sobre las consecuencias de la contaminación con mercurio que afectó a los obrero de Petrobras. En ese entonces dijo que por la gravedad del caso, los trabajadores deber mantener revisiones médicas y atenciones por lo menos de un año, para descartar o verificar algún síntoma de reacción en su salud.
“Ahora, respecto de los trabajadores, en el trabajo del grupo conjunto médico, tendrán que seguir en controles hasta el tiempo de un año y de alguna forma liberarlos de la revisión interna”, decía en ese entonces Borgel, conminando a la empresa petrolera Inesco, sub contratada de Petrobras, realizar el seguimiento a cada caso hasta que los afectados se ‘liberen’ de cualquier tipo de toxicidad que puede contraer reacciones en su salud ahora. En este sentido, Colpari, dijo que pese a la recomendación de los expertos que llegaron en esa oportunidad “para salvar de responsabilidad a Petrobras”, no habría sido cumplido por la transnacional brasileña, puesto que a los tres meses de ocurrido el accidente, los mismos habrían sido retirados de su fuente laboral suspendiendo con ello su seguro de salud.
Pese a que en ese entonces, la experta chilena en toxicología, reconocía que “la situación de los trabajadores, a quienes se les efectuó exámenes sistemáticos, presentaron algunas alteraciones mínimas en la sangre”; según Colparí, actualmente, los ex trabajadores afectados, no reciben ningún tipo de atención médica, denunciando que Petrobras incumple en este sentido.
“Dentro de esta alternación y de su examen físico de forma médica, en el lapso de un año podrán tener un flujo importante de recuperación de la alternación de sangre, por eso es que clínicamente ellos, en la prueba específica, no manifiesta la alternación de daño, pero si manifiestan como parte de sintomatología”, señalaba Borgel, en referencia de que los daños podrían manifestarse de otro modo que no pueda ser percibido.
DESCONFIANZA
Pero el criterio de la profesional chilena, después de casi dos años del incidente, continúa siendo cuestionado por los trabajadores petroleros afectados, puesto que en ese entonces varios de los ‘contaminados’ consultaron con otros especialistas, quienes habían dado cuenta de la gravedad del tema en la exposición de mercurio.
“Según tengo entendido, ésta (Laura Borgel) fue pagada por las empresas petroleras, por lo tanto, los trabajadores en ese entonces desconfiaban justamente de estos informes de aquellos expertos que hubieran pagado las empresas petroleras, es así que ellos tuvieron que ir a otro laboratorio para que los evalué, este fue la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) de La Paz, según informaciones, tiene un laboratorio que es el único en Bolivia”, explicó.
Según Colpari, los reportes sobre las secuelas y la gravedad de la contaminación que habría sido develado por otros estudios, y que se manifiestan en algunos trabajadores actualmente, obligó a la comisión de alto nivel que visitó los campos de San Alberto, a solicitar que se realice un nuevo estudio a los afectados para evaluar el estado de salud de los mismos hoy en día.
Rechazó la actitud cómplice de la jefatura del Ministerio de Trabajo en Yacuiba, que al igual que Petrobras, habría manifestado que el caso está ‘cerrado’, sin evaluar el estado actual de salud de los ex trabajadores que fueron contaminados con mercurio en diciembre del 2009.
LA DEFENSA DE PETROBRAS
Recordemos que Petrobras, el pasado 18 de julio del presente año, emitió un manifiesto a nivel nacional, aclarando esta situación, explicando que el caso está ‘cerrado’ amparándose en un informe del Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional (Inso), quien determinó que los trabajadores afectados están aptos para reincorporarse sus funciones laborales por presentar buenos síntomas en su salud, pero evitar exposición a metales pesados.
“La información detallada, se encuentra en el Ministerio de Trabajo, repartición gubernamental que investigó el accidente y emitió informes concluyentes. Con relación al cumplimiento de las normas de seguridad de las actividades operacionales de la planta de gas San Alberto, tanto la empresa contratista, como Petrobras Bolivia, fueron sometidas ante la autoridades administrativas llamadas por ley en materia de higiene y seguridad ocupacional y bienestar, a un proceso de investigación del accidente de trabajo, investigación que concluyó de manera definitiva en la implementación de algunas acciones correctivas que permitan reforzar su sistema de seguridad y garantizar la seguridad industrial laboral de todas sus operaciones”, señala textualmente el manifiesto de Petrobras.
En referencia a este manifiesto y resolución del Inso, la asesora legal de los trabajadores petroleros, señala que el mismo estaría incompleto, puesto que se habla de tan sólo 25 trabajadores afectados, después de tener el reporte que los expuestos en el accidente habrían sido 31.
Dos de ellos habrían ‘desaparecido’, en sentido que no habrían retornado a los exámenes médicos y no se manifestaron al respecto. Cuatro de ellos decidieron alejarse del caso desistiendo de cualquier tipo de denuncia, razón por la cual en el informe de Inso, solo figuran 25 obreros afectados, dando como saldo el desconocimiento total del estado de salud de 6 ex trabajadores.
CONTINUARÁ LA INVESTIGACIÓN
Finalmente, Colpari, a tiempo de revelar que continúan las amenazas por parte de Petrobras, dijo que para comprobar todas estas denuncias, el secretario Ejecutivo de La Federación de Trabajadores Petroleros del Chaco, Román Zelaya, se trasladó una vez más a Santa Cruz, para recabar información y testimonios de los afectados que figuran en la lista de los 25 obreros y averiguar que es de los 6 ‘desaparecidos’.
“Justamente el ejecutivo de la Federación de Trabajadores, se encuentra en Santa Cruz. Sería uno de su tercer o cuarto viaje que está realizando para recabar toda esta información, porque hay un momento que Petrobras lo amenazó con un proceso, y es por eso que él estaba dedicado a conseguir las pruebas necesaria para que asumamos en este caso las acciones que corresponda”, dijo.
APUNTRES
La empresa petrolera Inesco, subcontratada donde trabajaban los afectados, virtualmente desapareció después del escándalo de este incidente.
El 10 de agosto, Richard Vargas Vaca, del juzgado 5to, ordenó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que se proceda al embargo preventivo de fondos de la empresa Inesco en bancos y entidades del sistema financiero, hasta cubrir el monto de $us 1,7 millones. (El Deber)
En este entonces, el arribo de Borgel, que al perecer fue a pedido de Petrobras, tenía el objetivo de poner “paños fríos” al tema con una explicación sobre las consecuencias de la contaminación con mercurio que afectó a los obrero de Petrobras. En ese entonces dijo que por la gravedad del caso, los trabajadores deber mantener revisiones médicas y atenciones por lo menos de un año, para descartar o verificar algún síntoma de reacción en su salud.
“Ahora, respecto de los trabajadores, en el trabajo del grupo conjunto médico, tendrán que seguir en controles hasta el tiempo de un año y de alguna forma liberarlos de la revisión interna”, decía en ese entonces Borgel, conminando a la empresa petrolera Inesco, sub contratada de Petrobras, realizar el seguimiento a cada caso hasta que los afectados se ‘liberen’ de cualquier tipo de toxicidad que puede contraer reacciones en su salud ahora. En este sentido, Colpari, dijo que pese a la recomendación de los expertos que llegaron en esa oportunidad “para salvar de responsabilidad a Petrobras”, no habría sido cumplido por la transnacional brasileña, puesto que a los tres meses de ocurrido el accidente, los mismos habrían sido retirados de su fuente laboral suspendiendo con ello su seguro de salud.
Pese a que en ese entonces, la experta chilena en toxicología, reconocía que “la situación de los trabajadores, a quienes se les efectuó exámenes sistemáticos, presentaron algunas alteraciones mínimas en la sangre”; según Colparí, actualmente, los ex trabajadores afectados, no reciben ningún tipo de atención médica, denunciando que Petrobras incumple en este sentido.
“Dentro de esta alternación y de su examen físico de forma médica, en el lapso de un año podrán tener un flujo importante de recuperación de la alternación de sangre, por eso es que clínicamente ellos, en la prueba específica, no manifiesta la alternación de daño, pero si manifiestan como parte de sintomatología”, señalaba Borgel, en referencia de que los daños podrían manifestarse de otro modo que no pueda ser percibido.
DESCONFIANZA
Pero el criterio de la profesional chilena, después de casi dos años del incidente, continúa siendo cuestionado por los trabajadores petroleros afectados, puesto que en ese entonces varios de los ‘contaminados’ consultaron con otros especialistas, quienes habían dado cuenta de la gravedad del tema en la exposición de mercurio.
“Según tengo entendido, ésta (Laura Borgel) fue pagada por las empresas petroleras, por lo tanto, los trabajadores en ese entonces desconfiaban justamente de estos informes de aquellos expertos que hubieran pagado las empresas petroleras, es así que ellos tuvieron que ir a otro laboratorio para que los evalué, este fue la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) de La Paz, según informaciones, tiene un laboratorio que es el único en Bolivia”, explicó.
Según Colpari, los reportes sobre las secuelas y la gravedad de la contaminación que habría sido develado por otros estudios, y que se manifiestan en algunos trabajadores actualmente, obligó a la comisión de alto nivel que visitó los campos de San Alberto, a solicitar que se realice un nuevo estudio a los afectados para evaluar el estado de salud de los mismos hoy en día.
Rechazó la actitud cómplice de la jefatura del Ministerio de Trabajo en Yacuiba, que al igual que Petrobras, habría manifestado que el caso está ‘cerrado’, sin evaluar el estado actual de salud de los ex trabajadores que fueron contaminados con mercurio en diciembre del 2009.
LA DEFENSA DE PETROBRAS
Recordemos que Petrobras, el pasado 18 de julio del presente año, emitió un manifiesto a nivel nacional, aclarando esta situación, explicando que el caso está ‘cerrado’ amparándose en un informe del Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional (Inso), quien determinó que los trabajadores afectados están aptos para reincorporarse sus funciones laborales por presentar buenos síntomas en su salud, pero evitar exposición a metales pesados.
“La información detallada, se encuentra en el Ministerio de Trabajo, repartición gubernamental que investigó el accidente y emitió informes concluyentes. Con relación al cumplimiento de las normas de seguridad de las actividades operacionales de la planta de gas San Alberto, tanto la empresa contratista, como Petrobras Bolivia, fueron sometidas ante la autoridades administrativas llamadas por ley en materia de higiene y seguridad ocupacional y bienestar, a un proceso de investigación del accidente de trabajo, investigación que concluyó de manera definitiva en la implementación de algunas acciones correctivas que permitan reforzar su sistema de seguridad y garantizar la seguridad industrial laboral de todas sus operaciones”, señala textualmente el manifiesto de Petrobras.
En referencia a este manifiesto y resolución del Inso, la asesora legal de los trabajadores petroleros, señala que el mismo estaría incompleto, puesto que se habla de tan sólo 25 trabajadores afectados, después de tener el reporte que los expuestos en el accidente habrían sido 31.
Dos de ellos habrían ‘desaparecido’, en sentido que no habrían retornado a los exámenes médicos y no se manifestaron al respecto. Cuatro de ellos decidieron alejarse del caso desistiendo de cualquier tipo de denuncia, razón por la cual en el informe de Inso, solo figuran 25 obreros afectados, dando como saldo el desconocimiento total del estado de salud de 6 ex trabajadores.
CONTINUARÁ LA INVESTIGACIÓN
Finalmente, Colpari, a tiempo de revelar que continúan las amenazas por parte de Petrobras, dijo que para comprobar todas estas denuncias, el secretario Ejecutivo de La Federación de Trabajadores Petroleros del Chaco, Román Zelaya, se trasladó una vez más a Santa Cruz, para recabar información y testimonios de los afectados que figuran en la lista de los 25 obreros y averiguar que es de los 6 ‘desaparecidos’.
“Justamente el ejecutivo de la Federación de Trabajadores, se encuentra en Santa Cruz. Sería uno de su tercer o cuarto viaje que está realizando para recabar toda esta información, porque hay un momento que Petrobras lo amenazó con un proceso, y es por eso que él estaba dedicado a conseguir las pruebas necesaria para que asumamos en este caso las acciones que corresponda”, dijo.
APUNTRES
La empresa petrolera Inesco, subcontratada donde trabajaban los afectados, virtualmente desapareció después del escándalo de este incidente.
El 10 de agosto, Richard Vargas Vaca, del juzgado 5to, ordenó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que se proceda al embargo preventivo de fondos de la empresa Inesco en bancos y entidades del sistema financiero, hasta cubrir el monto de $us 1,7 millones. (El Deber)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.