¿Federalismo disfrazado de autonomía o centralismo con máscara autonómica? La pugna política que hizo crisis el año 2008, cuando el Gobierno central desbarató un movimiento “autonómico” liderizado por Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, la zona autodenominada “Media Luna”, y que propuso Estatutos Autonómicos que eran, en los hechos, las bases de un desembozado federalismo, dio paso a un “régimen autonómico” que regula, por el contrario, una descentralización administrativa controlada desde La Paz. Ese el debate de anoche en el programa televisivo dominical Encontraste, difundido por el canal tarijeño Plus TV.
La “autonomía” reivindicada por la Media Luna no dudó, en el momento culminante de la pugna política con el gobierno de Evo Morales, en demandar la constitución de un “protectorado” a cargo de Brasil, mostrando así su “faceta” federalista, que rozó sin tapujos con el separatismo, denunciado por el oficialismo.
La coordinadora para las Autonomías del Gobierno central, Celinda Sosa Lunda, y el exdelegado de Autonomías en la gestión del gobernador suspendido Mario Cossío, Diego Ávila, confrontaron anoche sus puntos de vista en torno al virtualmente paralizado “proceso autonómico” tarijeño.
A casi seis años del primer cabildo autonómico tarijeño, poco o nada parece haberse avanzado en la implantación de un modelo autonómico propiamente dicho. La pugna política en torno al control de la renta petrolera desvirtuó los objetivos y derivó en la vigencia de un modelo que más tiene que ver con el centralismo que con la autonomía.
El “centralismo autonómico” se lleva el dinero al exterior
Agencia Plus, Tarija
La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la Ley Financial y la Ley Marco de Autonomías constituyen la tríada centralista que puso en marcha la nueva Constitución Política del Estado, que, en vez de regular un Estado autonómico, en los hechos reafirma la vocación centralista del Estado boliviano. Si a lo anterior se le añade la Ley del Banco Central de Bolivia, aprobada el año 1993, como la primera norma que puso en vigencia el modelo neoliberal, y que no ha sido modificada en los seis años de gobierno de Evo Morales, encontraremos que el marco legal del centralismo autonómico sirve, además, para exportar no sólo el ahorro interno (reservas internacionales), sino también la liquidez del Tesoro General de la Nación, que es la suma de la liquidez de Gobernaciones y Municipalidades.
Así lo reveló un analista consultado por este medio de comunicación, a propósito del debate desarrollado ayer en el programa Encontraste, difundido por el canal Plus TV.
El departamento se caracterizó por liderizar la demanda autonómica en los años pasados, habiéndose protagonizado referendos autonómicos. El enfrentamiento político con el gobierno central desde 2006 derivó en la puesta en vigencia de normas legales, desde la Constitución Política del Estado (CPE), pasando por leyes marco y sectoriales, que, en los hechos, bajo el rótulo autonómico, se ha afianzado un régimen estrictamente centralista.
La Ley Quiroga Santa Cruz, aprobada con la finalidad de combatir la corrupción pública, en los hechos se ha convertido en una de las peores enemigas del desarrollo y la inversión pública. Los ingresos por venta de gas, que generan regalías e impuestos que se distribuyen a municipios, gobernaciones y universidades, quedan en caja y bancos por falta de ejecución oportuna de recursos, dado que la burocracia, temerosa de ser procesada por incapacidad o por vendetas políticas, prefiere no aprobar gastos.
¿Pero dónde se quedan esos saldos que se anotan bajo la partida “Caja y Bancos”? ¿Están en la caja de las Gobernaciones o Municipios? Según el analista, esos saldos físicos son, en realidad, administrados por el Ministerio de Economía y se encuentran en el Tesoro General de la Nación. “Los saldos en caja y bancos son nominales, son anotaciones en cuenta, pero el dinero lo tiene el TGN”, precisó.
Y aquí entra en juego la Ley Financial. El artículo 9 de la ley de la actual gestión, denominado “Manejo de Recursos del TGN en el Exterior”, “autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), realizar inversiones de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) en el exterior con el fin de generar ingresos que beneficien a la gestión de la Tesorería a través del Banco Central de Bolivia (BCB) u otra Entidad Financiera que el MEFP determine, de acuerdo a las condiciones definidas entre el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público con el Banco Central de Bolivia (BCB), o la Entidad Financiera establecida para el efecto”.
¿Qué significa lo anterior? Que la liquidez del Estado boliviano, que es la suma de los saldos de municipios, gobernaciones y el mismo Órgano Ejecutivo central, pueden ser prestados a bancos y países del exterior para ganar intereses. Éstos, a su vez, sólo benefician al gobierno central, pese a que la mayor parte de la liquidez que puede ser prestada es de las regiones y municipios. “Ni Gonzalo Sánchez de Lozada se habría animado a financiar de tal forma al capitalismo financiero internacional. Resulta curioso que sea el gobierno de Evo Morales el que ponga en práctica, mediante leyes, la exportación de capital, acompañando la política de exportación de riquezas no renovables, como hidrocarburos y minerales, como materia prima”, dijo .
¿Y cómo es que el TGN concentra esos dineros? Es la Ley Financial la que responde la pregunta, al instituir, como obligación la aplicación de los sistemas Sigma y Sigep “como único instrumento de administración financiera oficial del Gobierno”. El artículo 52 de la Ley Financial 2009, ya establecía el “uso obligatorio del Sigma en las entidades del sector público”.
La norma dice, textualmente: “I. Se instruye al Poder Ejecutivo la incorporación de todas las entidades públicas al Sistema de Información de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA, único instrumento de administración financiera oficial del Gobierno de Bolivia, con operatoria de Cuenta Única, no pudiendo estas ser excluidas por ningún concepto. II. Las entidades deberán suspender la contratación para implementar otros sistemas de información diferentes al SIGMA. III. Las Prefecturas a partir de 2009, deben incorporarse al Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)”.
Esta norma es actualizada en la Ley Financial 2012, cuyo artículo cuarto parágrafo primero dice: “I. Son sistemas oficiales de la Gestión Fiscal del Estado Plurinacional, el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y el Sistema de Gestión Pública sobre plataforma Web, los mismos que son de uso obligatorio en todas las entidades del sector público, según corresponda”.
En Tarija se ha producido un consenso generalizado en torno al uso de los saldos de caja y bancos, los que se pretende utilizarlos en la conformación de una sociedad con YPFB en la industrialización del gas. Esta medida evitaría que el gobierno central utilice los recursos chapacos en movimientos financieros de riesgo para que gane intereses que no superan el 1% anual, y le permitiría a Tarija percibir anualmente utilidades superiores al 20% anual, según los estudios que respaldan la Planta Separadora del Chaco y la planta de etileno- polietileno.
LEY MARCO DE AUTONOMIAS
“Es una norma que regula un modelo típico de descentralización administrativa y no de autonomías”, dijo nuestro entrevistado. “Junto a las normas citadas, contribuye a la concentración de los recursos en el TGN y resta márgenes de decisión a las regiones y municipios. Por esa razón, no resulta atractiva a ninguna región avanzar en la redacción de Estatutos Autonómicos porque no serán tales”, añade.
La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Ley Marco de Autonomías también están vinculadas y se han aplicado indiscriminadamente para descabezar a autoridades electas vía la suspensión temporal, que resulta indefinida, por la existencia de acusaciones formales en contra de ellas. Tal el caso de Tarija, Beni, Cochabamba y varios municipios.
“Si la autonomía, de acuerdo al artículo 272 de la CPE, consiste en la elección directa de autoridades, esta característica está desvirtuada por la misma Ley Marco, que pone en manos de un poder judicial de dudosa imparcialidad la permanencia de aquellas en sus cargos”, precisó.
Frente a esto, el analista Carlos Hugo Molina, cree que la normativa actual abre el camino para andar en el proceso autonómico, aunque considera que las asambleas legislativas departamentales están en deuda con sus regiones al no aprobar hasta ahora Estatutos Autonómicos. “No existen leyes trascendentales. Las Asambleas siguen siendo Consejos Departamentales y los gobernadores siguen siendo prefectos”, graficó.
Posiciones encontradas sobre el debate del federalismo en Tarija
Diego Ávila, exdelegado para las autonomías, explicó que el federalismo es otro modelo que implica un proceso de transferencia del poder judicial, ejecutivo y legislativo a un sistema autonómico, por lo que hay una discusión sobre si se debería avanzar al federalismo ante la frustración que genera el proceso autonómico, toda vez que la visión estatal no está apoyando y profundizando este proceso.
Pese a la lucha que hubo de por medio, “están revirtiendo el proceso con decretos, reglamentos de menor rango que las leyes, lo que devela un proyecto que no es afín a la autonomía”, agregó a tiempo de citar que hay que seguir apostando por la autonomía.
Expresó que hay un núcleo con una visión centralista, que aprovechando la pérdida de la energía de los autonomistas, crea normas para revertir el proceso, ejemplificando que el presupuesto departamental, hoy en día, solamente puede ser aprobado a través del Ministerio de Economía.
Por su parte, Celinda Sosa, coordinadora por Autonomías en Tarija, sostuvo que si entramos en el federalismo se profundizarán las asimetrías, ya que la autonomía da la posibilidad de generar mejores condiciones buscando el cambio para todos, mientras lo otro generará desigualdad en el país.
Citó el ejemplo de Argentina que tienen un sistema federal, y donde existiese pobreza y marginalidad. “Sería volver al pasado, la autonomía depara mejores condiciones acorde a la visión establecida en la CPE”, dijo.
Sobre el centralismo, justificó que el país se encuentra en pleno proceso de implementación de la Constitución Política del Estado, y las políticas están enmarcadas en base a ésta, pues los presupuestos se aprueban a nivel de las entidades autonómicas por lo que ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa.
Las RIN y la liquidez del TGN financian el “capitalismo
financiero internacional”
Nunca antes la Ley del Banco Central de Bolivia (BCB) tuvo más intensa aplicación y con consecuencias para la economía nacional como en el gobierno de Evo Morales. La norma fue promulgada el año 1993, como la primera norma relevante del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que luego aprobó la Ley de Capitalización, que privatizó las principales empresas estratégicas de Bolivia.
En efecto, en aplicación de esa ley, los más de 12 mil millones de dólares que administra el Banco Central de Bolivia como reservas internacionales de divisas (RIN) y los saldos de liquidez del Tesoro General de la Nación (TGN) (ahora Tesoro General del Estado), son prestados a bancos extranjeros y países de Europa y Estados Unidos a tasas de interés menores al 1% anual, mientras Bolivia sigue gestionando créditos del Banco de Desarrollo de Brasil, la Corporación Andina de Fomento y otras entidades, para financiar la construcción de carreteras.
Estos créditos, además de condicionar la contratación de empresas de Brasil, por ejemplo, cuestan al país intereses anuales superiores al 2, 3 y hasta 5% anual.
El gobierno de Evo Morales fustiga al “capitalismo financiero” como causante de la pobreza en el mundo, las guerras y la contaminación ambiental. Contradictoriamente, su gobierno es el que más dinero ha prestado a los operadores de ese modelo, según revelan los informes anuales del BCB sobre el manejo de las reservas internacionales de divisas./El País
La “autonomía” reivindicada por la Media Luna no dudó, en el momento culminante de la pugna política con el gobierno de Evo Morales, en demandar la constitución de un “protectorado” a cargo de Brasil, mostrando así su “faceta” federalista, que rozó sin tapujos con el separatismo, denunciado por el oficialismo.
La coordinadora para las Autonomías del Gobierno central, Celinda Sosa Lunda, y el exdelegado de Autonomías en la gestión del gobernador suspendido Mario Cossío, Diego Ávila, confrontaron anoche sus puntos de vista en torno al virtualmente paralizado “proceso autonómico” tarijeño.
A casi seis años del primer cabildo autonómico tarijeño, poco o nada parece haberse avanzado en la implantación de un modelo autonómico propiamente dicho. La pugna política en torno al control de la renta petrolera desvirtuó los objetivos y derivó en la vigencia de un modelo que más tiene que ver con el centralismo que con la autonomía.
El “centralismo autonómico” se lleva el dinero al exterior
Agencia Plus, Tarija
La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la Ley Financial y la Ley Marco de Autonomías constituyen la tríada centralista que puso en marcha la nueva Constitución Política del Estado, que, en vez de regular un Estado autonómico, en los hechos reafirma la vocación centralista del Estado boliviano. Si a lo anterior se le añade la Ley del Banco Central de Bolivia, aprobada el año 1993, como la primera norma que puso en vigencia el modelo neoliberal, y que no ha sido modificada en los seis años de gobierno de Evo Morales, encontraremos que el marco legal del centralismo autonómico sirve, además, para exportar no sólo el ahorro interno (reservas internacionales), sino también la liquidez del Tesoro General de la Nación, que es la suma de la liquidez de Gobernaciones y Municipalidades.
Así lo reveló un analista consultado por este medio de comunicación, a propósito del debate desarrollado ayer en el programa Encontraste, difundido por el canal Plus TV.
El departamento se caracterizó por liderizar la demanda autonómica en los años pasados, habiéndose protagonizado referendos autonómicos. El enfrentamiento político con el gobierno central desde 2006 derivó en la puesta en vigencia de normas legales, desde la Constitución Política del Estado (CPE), pasando por leyes marco y sectoriales, que, en los hechos, bajo el rótulo autonómico, se ha afianzado un régimen estrictamente centralista.
La Ley Quiroga Santa Cruz, aprobada con la finalidad de combatir la corrupción pública, en los hechos se ha convertido en una de las peores enemigas del desarrollo y la inversión pública. Los ingresos por venta de gas, que generan regalías e impuestos que se distribuyen a municipios, gobernaciones y universidades, quedan en caja y bancos por falta de ejecución oportuna de recursos, dado que la burocracia, temerosa de ser procesada por incapacidad o por vendetas políticas, prefiere no aprobar gastos.
¿Pero dónde se quedan esos saldos que se anotan bajo la partida “Caja y Bancos”? ¿Están en la caja de las Gobernaciones o Municipios? Según el analista, esos saldos físicos son, en realidad, administrados por el Ministerio de Economía y se encuentran en el Tesoro General de la Nación. “Los saldos en caja y bancos son nominales, son anotaciones en cuenta, pero el dinero lo tiene el TGN”, precisó.
Y aquí entra en juego la Ley Financial. El artículo 9 de la ley de la actual gestión, denominado “Manejo de Recursos del TGN en el Exterior”, “autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), realizar inversiones de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) en el exterior con el fin de generar ingresos que beneficien a la gestión de la Tesorería a través del Banco Central de Bolivia (BCB) u otra Entidad Financiera que el MEFP determine, de acuerdo a las condiciones definidas entre el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público con el Banco Central de Bolivia (BCB), o la Entidad Financiera establecida para el efecto”.
¿Qué significa lo anterior? Que la liquidez del Estado boliviano, que es la suma de los saldos de municipios, gobernaciones y el mismo Órgano Ejecutivo central, pueden ser prestados a bancos y países del exterior para ganar intereses. Éstos, a su vez, sólo benefician al gobierno central, pese a que la mayor parte de la liquidez que puede ser prestada es de las regiones y municipios. “Ni Gonzalo Sánchez de Lozada se habría animado a financiar de tal forma al capitalismo financiero internacional. Resulta curioso que sea el gobierno de Evo Morales el que ponga en práctica, mediante leyes, la exportación de capital, acompañando la política de exportación de riquezas no renovables, como hidrocarburos y minerales, como materia prima”, dijo .
¿Y cómo es que el TGN concentra esos dineros? Es la Ley Financial la que responde la pregunta, al instituir, como obligación la aplicación de los sistemas Sigma y Sigep “como único instrumento de administración financiera oficial del Gobierno”. El artículo 52 de la Ley Financial 2009, ya establecía el “uso obligatorio del Sigma en las entidades del sector público”.
La norma dice, textualmente: “I. Se instruye al Poder Ejecutivo la incorporación de todas las entidades públicas al Sistema de Información de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA, único instrumento de administración financiera oficial del Gobierno de Bolivia, con operatoria de Cuenta Única, no pudiendo estas ser excluidas por ningún concepto. II. Las entidades deberán suspender la contratación para implementar otros sistemas de información diferentes al SIGMA. III. Las Prefecturas a partir de 2009, deben incorporarse al Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)”.
Esta norma es actualizada en la Ley Financial 2012, cuyo artículo cuarto parágrafo primero dice: “I. Son sistemas oficiales de la Gestión Fiscal del Estado Plurinacional, el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y el Sistema de Gestión Pública sobre plataforma Web, los mismos que son de uso obligatorio en todas las entidades del sector público, según corresponda”.
En Tarija se ha producido un consenso generalizado en torno al uso de los saldos de caja y bancos, los que se pretende utilizarlos en la conformación de una sociedad con YPFB en la industrialización del gas. Esta medida evitaría que el gobierno central utilice los recursos chapacos en movimientos financieros de riesgo para que gane intereses que no superan el 1% anual, y le permitiría a Tarija percibir anualmente utilidades superiores al 20% anual, según los estudios que respaldan la Planta Separadora del Chaco y la planta de etileno- polietileno.
LEY MARCO DE AUTONOMIAS
“Es una norma que regula un modelo típico de descentralización administrativa y no de autonomías”, dijo nuestro entrevistado. “Junto a las normas citadas, contribuye a la concentración de los recursos en el TGN y resta márgenes de decisión a las regiones y municipios. Por esa razón, no resulta atractiva a ninguna región avanzar en la redacción de Estatutos Autonómicos porque no serán tales”, añade.
La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Ley Marco de Autonomías también están vinculadas y se han aplicado indiscriminadamente para descabezar a autoridades electas vía la suspensión temporal, que resulta indefinida, por la existencia de acusaciones formales en contra de ellas. Tal el caso de Tarija, Beni, Cochabamba y varios municipios.
“Si la autonomía, de acuerdo al artículo 272 de la CPE, consiste en la elección directa de autoridades, esta característica está desvirtuada por la misma Ley Marco, que pone en manos de un poder judicial de dudosa imparcialidad la permanencia de aquellas en sus cargos”, precisó.
Frente a esto, el analista Carlos Hugo Molina, cree que la normativa actual abre el camino para andar en el proceso autonómico, aunque considera que las asambleas legislativas departamentales están en deuda con sus regiones al no aprobar hasta ahora Estatutos Autonómicos. “No existen leyes trascendentales. Las Asambleas siguen siendo Consejos Departamentales y los gobernadores siguen siendo prefectos”, graficó.
Posiciones encontradas sobre el debate del federalismo en Tarija
Diego Ávila, exdelegado para las autonomías, explicó que el federalismo es otro modelo que implica un proceso de transferencia del poder judicial, ejecutivo y legislativo a un sistema autonómico, por lo que hay una discusión sobre si se debería avanzar al federalismo ante la frustración que genera el proceso autonómico, toda vez que la visión estatal no está apoyando y profundizando este proceso.
Pese a la lucha que hubo de por medio, “están revirtiendo el proceso con decretos, reglamentos de menor rango que las leyes, lo que devela un proyecto que no es afín a la autonomía”, agregó a tiempo de citar que hay que seguir apostando por la autonomía.
Expresó que hay un núcleo con una visión centralista, que aprovechando la pérdida de la energía de los autonomistas, crea normas para revertir el proceso, ejemplificando que el presupuesto departamental, hoy en día, solamente puede ser aprobado a través del Ministerio de Economía.
Por su parte, Celinda Sosa, coordinadora por Autonomías en Tarija, sostuvo que si entramos en el federalismo se profundizarán las asimetrías, ya que la autonomía da la posibilidad de generar mejores condiciones buscando el cambio para todos, mientras lo otro generará desigualdad en el país.
Citó el ejemplo de Argentina que tienen un sistema federal, y donde existiese pobreza y marginalidad. “Sería volver al pasado, la autonomía depara mejores condiciones acorde a la visión establecida en la CPE”, dijo.
Sobre el centralismo, justificó que el país se encuentra en pleno proceso de implementación de la Constitución Política del Estado, y las políticas están enmarcadas en base a ésta, pues los presupuestos se aprueban a nivel de las entidades autonómicas por lo que ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa.
Las RIN y la liquidez del TGN financian el “capitalismo
financiero internacional”
Nunca antes la Ley del Banco Central de Bolivia (BCB) tuvo más intensa aplicación y con consecuencias para la economía nacional como en el gobierno de Evo Morales. La norma fue promulgada el año 1993, como la primera norma relevante del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que luego aprobó la Ley de Capitalización, que privatizó las principales empresas estratégicas de Bolivia.
En efecto, en aplicación de esa ley, los más de 12 mil millones de dólares que administra el Banco Central de Bolivia como reservas internacionales de divisas (RIN) y los saldos de liquidez del Tesoro General de la Nación (TGN) (ahora Tesoro General del Estado), son prestados a bancos extranjeros y países de Europa y Estados Unidos a tasas de interés menores al 1% anual, mientras Bolivia sigue gestionando créditos del Banco de Desarrollo de Brasil, la Corporación Andina de Fomento y otras entidades, para financiar la construcción de carreteras.
Estos créditos, además de condicionar la contratación de empresas de Brasil, por ejemplo, cuestan al país intereses anuales superiores al 2, 3 y hasta 5% anual.
El gobierno de Evo Morales fustiga al “capitalismo financiero” como causante de la pobreza en el mundo, las guerras y la contaminación ambiental. Contradictoriamente, su gobierno es el que más dinero ha prestado a los operadores de ese modelo, según revelan los informes anuales del BCB sobre el manejo de las reservas internacionales de divisas./El País
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