Suman voces para tratar Pacto Fiscal en 2015

En filas del Movimiento Al Socialismo, tanto en el Ejecutivo como el Legislativo, crece la propuesta de que el nuevo Pacto Fiscal, que debía estar listo para el 31 de enero de 2014, sea postergado hasta 2015, después de las elecciones presidenciales

Por su parte, los dirigentes sindicales de los movimientos campesinos afines al Gobierno, así como sectores ligados al Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), coincidieron, por separado, en solicitar al Gobierno la postergación del nuevo Pacto Fiscal para el 2015, ya que el 2014 es un “año electoral”.

Tanto desde el Órgano Ejecutivo como del Legislativo se dan pie a esta opción, pues la primera justificación es que un Pacto Fiscal no se puede hacer de la noche a la mañana, ya que amerita realizar un proceso de consenso con los 339 municipios, las nueve gobernaciones, el Gobierno central y las universidades.

Una explicación técnica al respecto la brinda el presidente de la comisión de Planificación Económica de la Cámara de Diputados, Javier Zavaleta, quien reconoce que un proceso de este tipo puede llegar a durar cuando menos un año, dado que un nuevo Pacto Fiscal implica hacer una redistribución de ingresos de todo tipo en los diferentes niveles autonómicos: impuestos, aranceles, tasas y otros.

“Entonces ese tema no es posible de abordarlo ni resolverlo hasta final de este año, incluso es muy probable que ni siquiera hasta finales del próximo año”, señaló Zavaleta a la ANF.

El diputado Marcelo Elío (MAS), actual secretario de Cámara y expresidente de la Comisión de Planificación de Diputados, hace hincapié a que no se requiere un Pacto Fiscal el 2014, tomando en cuenta que los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 deben pasar aún por un proceso de tabulación para verificar qué regiones del país requieren mayor inversión.

“Es todo un compendio de información que va a estar para un año o un año y medio, en ese entendido el tema económico del país está marchando al cien por cien, no se necesita precipitar ningún Pacto Fiscal. No hay que forzar”, sostuvo.

El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lucio Marca (MAS), se acerca más al plano político y dice que el segundo argumento para aplazar el Pacto Fiscal es el “caos” y una “cierta inestabilidad” que generaría en alcaldes, gobernadores y otras autoridades en un año electoral como el 2014, incluso, el 2015, cuando se realizarán las elecciones municipales.

Si bien este tema aún no ha sido debatido al interior de la bancada del MAS en Diputados, el Ejecutivo ya mandó una señal sobre el curso que tendría el tratamiento del Pacto Fiscal. El presidente Evo Morales, el pasado 14 de octubre, dijo que los pedidos van destinados a “afectar” a Tarija, que hoy por hoy es el departamento que más recursos recibe por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), al ser una región productora de gas.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), Tarija, al ser departamento productor, percibe un 11 por ciento de regalía petrolera, en detrimento de otros departamentos que no cuentan con este beneficio, al no poseer recursos hidrocarburíferos, por esa razón que, si alguien quiere un nuevo Pacto Fiscal, se tendría que cambiar esta parte de la Carta Magna.

“Si alguien quiere nuevo Pacto Fiscal hay que cambiar la Constitución, y nosotros vamos a respetar la Constitución y Tarija merece mucho respeto”, sentenció Morales en aquella ocasión.

Sus palabras fueron ratificadas por el vicepresidente Álvaro García Linera, quien el pasado jueves de manera muy escueta, dijo que en lo que respecta al Pacto Fiscal “el Presidente ha dicho la última palabra”.

Oposición pide claridad

Para la oposición es importante que el Gobierno dé visos claros en este tema. Según el diputado Juan Luis Gantier (CN), se requiere de una “política de desarrollo regional” en la que se generen oportunidades para aquellas regiones que se vean con menos posibilidades de desarrollo.

De momento, y como manda la Ley Marco de Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) se encuentra trabajando “una propuesta técnica de diálogo para un Pacto Fiscal”, el cual debe ser presentado hasta enero del próximo año, que es cuando se cumple el plazo de seis meses, tras la publicación de los resultados finales del Censo 2012, que la misma ley establece.

El SEA en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el de Economía y Finanzas Públicas tienen hasta el 31 de enero de 2014 para presentar la propuesta de diálogo para un Pacto Fiscal en el país, de acuerdo a lo establecido en la Ley 039 de Autonomías.

Analistas económicos ven dificultades

La apertura a un proceso de concertación sobre el Pacto Fiscal es incierta y muy complejo de encarar, porque el Gobierno difícilmente podrá acceder a este debate, debido a que está claro que las finanzas públicas o los ingresos fiscales son insostenibles en el mediano y largo plazo, señalaron por separado los analistas económicos, Óscar Heredia y Armando Méndez.

Heredia señaló que las regiones que fijaron expectativas en el Censo de Población y Vivienda 2012 para recibir mayores ingresos por coparticipación, tendrán que esperar hasta pasadas las elecciones de 2014, debido a que abrir un debate de pacto fiscal ahora afectaría políticamente al Gobierno, en cuya administración de siete años y nueves meses multiplicó en seis veces el Presupuesto General de la Nación a comparación del año 2005, gracias a los nuevos contratos con las empresas petroleras extranjeras.

“La población se dará cuenta de que las finanzas públicas son altamente dependientes de la renta extractiva, es decir, por las ventas de gas y minerales. Nadie sabe hasta cuándo tendremos reservas de gas”, dijo Heredia, a tiempo de señalar que otro factor que impedirá un Pacto Fiscal es la ampliación del universo de contribuyentes.

Por su parte, el analista económico y expresidente del Banco Central de Bolivia, Armando Méndez, dijo que el debate del Pacto Fiscal no es una novedad, pues fue planteado hace 10 años por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Recomienda que antes de encarar cualquier proceso de debate y diálogo, se haga primero una evaluación del comportamiento de los presupuestos aprobados y de los presupuestos ejecutados de los últimos 10 años, que servirá de base para buscar el mejor mecanismo de consenso.

Propuesta ya generó polémica

El Pacto Fiscal es el espacio mediante el cual se determinará la generación, distribución y destino de los recursos públicos del país. El debate ya ha generado propuestas y polémica desde los gobiernos subnacionales, que demandan una mayor asignación de recursos.

La plataforma “Pacto por el Bien Común”, que reúne a 25 instituciones con el fin de generar espacios para canalizar propuestas para el Pacto Fiscal integral, recuerda que los aspectos relacionados a la redistribución de recursos es un tema fundamental para el desarrollo del país.

“Es la oportunidad para un acuerdo entre actores socio-culturales, económicos y políticos, que definirá las bases para el desarrollo sustentable a largo plazo a fin de superar la pobreza y las inequidades en la generación, administración y distribución de la riqueza del país”, señala un documento de la plataforma “Pacto por el Bien Común”.

Ni bien conocidos los resultados del Censo, el mismo día de su presentación, el Gobierno del presidente Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 1672 en el que se determina el factor de distribución correspondiente para la asignación de recursos de Coparticipación Tributaria y otros impuestos para los nueve departamentos y los 337 municipios del país.

La estructura tributaria boliviana es relativamente simple con poco más de una decena de impuestos, más algunos regímenes especiales y las regalías por explotación de recursos naturales. No obstante, la asignación de estos tributos entre los distintos niveles de gobierno y universidad es algo más compleja y se rige bajo criterios de población, origen de los recursos naturales y compensación./Los Tiempos