Inspección revela que obreros de separadora de Gran Chaco viven hacinados y entre vinchucas

Una comisión de la Cámara de Diputados, integrada también por la Defensoría del Pueblo del Chaco, realiza por segundo día una inspección a los campamentos, donde trabajan cerca de 1.500 obreros en la construcción de la Planta Separadora de Líquidos del Gran Chaco, obra que es encarada por la empresa española Técnicas Reunidas.   

A menos de un mes del despido de 40 trabajadores que pedían mejorar sus condiciones laborales, las demandas de los obreros se vuelven a agendar; esta vez como resultado de una inspección.

Según el diputado Edwin Tupa, del Movimiento al Socialismo (MAS), quien forma parte de la comisión, se pudo verificar que en la Planta Separadora del Gran Chaco se vulneran “los más elementales derechos humanos de los trabajadores”, toda vez que en los campamentos, según Tupa, duermen 16 personas en un espacio de 40 metros cuadrados y sin aire acondicionado.

Pero más allá de esto, el diputado asegura que los obreros deben soportar las altas temperaturas de la zona y compartir los espacios con una gran cantidad de vinchucas. Añadió que a esta situación se suma la vulneración de los derechos laborales. “Hay trabajadores que no tienen la indumentaria necesaria y la atención médica es deficitaria. Les recetan sólo paracetamol para cada dolencia”, dijo. 

Tupa manifestó que hay temor de represalias por parte de la empresa hacia los trabajadores, ya que hace poco menos de un mes en la Planta Separadora fueron despedidos más de 40 obreros, por haberse manifestado en sus reivindicaciones y denunciado estas irregularidades.

Sostuvo que se conoció otra denuncia, en sentido de que personas “de afuera del país” estarían trabajando con visa de turistas, sin contar con visa de trabajo. Sin embargo, el diputado resaltó que hay compromiso de priorizar el trabajo a los habitantes del Chaco.

De acuerdo con explicaciones de Tupa, en la inspección realizada estuvieron presentes ejecutivos de las empresas petroleras, a quienes, en algunos casos, se les pidió no participar a solicitud de los propios trabajadores. 

El País consultó sobre estos hechos al representante de la Defensoría del Pueblo en el Chaco, Miguel Gallardo, quien confirmó que hay campamentos con deficiente infraestructura, que no están acondicionados al clima y donde los trabajadores viven en espacios reducidos. Refrendó que los trabajadores denunciaron que había presencia de vinchucas en los campamentos.

Respecto al despido de trabajadores que exigían aumento salarial, recordó que el caso se presentó hace un mes atrás, habiéndose efectuado las gestiones correspondientes ante la empresa; pero resaltó que muchos de los trabajadores no pudieron retornar a sus fuentes laborales.

En otro caso, Gallardo dijo que hay trabajadores que cesaron en su fuente laboral, pero que no recibieron su liquidación, vulnerando disposiciones en materia laboral. Asimismo, explicó que el servicio de salud que presta la Caja Petrolera no estaría acorde a las necesidades y requerimientos de los trabajadores y la atención sería deficiente.

Sobre el tema, presidente del Comité Defensores del Chaco, Miguel Justiniano, denunció que en la Planta Separadora las empresas petroleras impiden el derecho de los trabajadores a organizarse. “En un momento hubo una especie de represión y un arbitraje tremendo en cuanto a no permitir el ingreso de exdirigentes, como el caso de los extrabajadores de Margarita, que han trabajado en otros proyectos desarrollados en San Alberto. También, debido a la última movilización que se hizo en Yacuiba, exdirigentes campesinos tampoco pueden ingresar a trabajar en la planta”, dijo. 

Sin embargo, aclaró que nadie se opone a que se ejecute el proyecto. “La planta de separación debe ser terminada cuanto antes, pero que se respete a los trabajadores y se pague sueldos dignos”, afirmó. Por otra parte, denunció que el Comité Cívico de Yacuiba no defiende el derecho de los trabajadores, prestándose al juego de las empresas petroleras y dejando que le impongan sus condiciones.

Respecto a la comisión de diputados que realiza una inspección por el Chaco, Justiniano indicó que la misma debería convocar a la empresa principal que se adjudicó el proyecto y requerir informes sobre los sueldos bajos, para que se actúe con ecuanimidad e igualdad social. “La comisión de diputados no sólo tiene que ver el tema obrero-patronal, sino junto a la Superintendencia de Empresas debe controlar que las trasnacionales no se lleven excesivas ganancias”, puntualizó.

Repercusiones sobre el tema 

El asambleísta departamental Johnny Torres, de Camino al Cambio (CC), manifestó que los resultados de la inspección no son una novedad; pues ya se había denunciado desde la Comisión de Hidrocarburos y desde la de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental sobre el maltrato a los bolivianos, asegurando que los extranjeros serían los favorecidos con un buen trato.

“Lo que debemos es tratar de solucionar este tema que no es competencia de la Asamblea Legislativa Departamental sino nacional; pues toda la cadena de hidrocarburos es de competencia nacional, pero no tenemos ni siquiera tuición de fiscalización incluso cuando pedimos que gente del Ministerio de Trabajo se haga presente nos contestaron que iban a hacerlo en la Cámara de Diputados, entonces, estoy complacido de que una comisión haya podido constatar lo que es un secreto a voces en Tarija”, manifestó.

El secretario Ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Rubén Ramallo, quien declaró no saber nada de la visita de la mencionada comisión, dijo que habría que precisar si ésta intervención persigue fines de buscar solución y no sólo de aprovechar una expectativa electoral ante la proximidad de estas fechas. “En la provincia del Chaco hay vulneración laboral y si hay una comisión destinada para verificar esto, pues los felicito”, señaló. 

En tanto, el representante de la Federación de Desocupados del Chaco, Amado Franco, dijo que si bien diferentes autoridades departamentales y nacionales tuvieron oportunidad de hacer inspección a la Planta Separadora de Líquidos pudiendo constatar el maltrato, la explotación, los bajos salarios, entre otras irregularidades, y que se requiere, ante todo, acciones para solucionar estos atropellos. 

Justiniano solicita 

una intervención fiscal

El presidente del Comité Defensores del Chaco fue más enfático al solicitar una intervención fiscal que involucre, además, a la Procuraduría del Estado, pues según asegura, se estaría violentando el Decreto Supremo 861 que prevalece en la parte social para contratar al costo más bajo. 

 “Las empresas extranjeras tienen que encuadrarse a cumplir las normas bolivianas que están por encima de las políticas internas que ellos tienen como empresa, hacen lo que dan la gana abusando de los trabajadores hasta en el tratamiento humano y psicológico”, lamentó.

El conflicto que paralizó la Planta Separadora del Chaco y provocó 40 despidos

Los trabajadores de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco, en septiembre pasado, exigieron a Técnicas Reunidas (TR) y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mejorar sus condiciones laborales y otorgarles un aumento de salarios, la demanda la hicieron con huelga de brazos caídos; sumado a esto se activó una huelga de hambre. Sin embargo, la “bola de nieve” creció y se establecieron bloqueos en la Ruta 9, Pocitos y el puente Internacional. 

Entre tanto, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, negó toda posibilidad de atender el 30 por ciento de incremento salarial que exigían los obreros a pesar de que la demanda habría surgido de una promesa realizada por Técnicas Reunidas, empresa que habría acordado aumentar el salario a los trabajadores cuando inicie la segunda fase de construcción de la planta separadora, ubicada en Yacuiba.

Pero la empresa encargada de la construcción de la planta, Técnicas Reunidas, presentó un recurso ante el Ministerio de Trabajo para declarar ilegal la medida. Finalmente, dicho ministerio falló a favor de la empresa y 40 trabajadores fueron despedidos. Hoy, a menos de dos meses, el tema se vuelve a poner en agenda, ya no por denuncia de los trabajadores sino por los resultados de una inspección sorpresa. 

Apuntes sobre la planta

La empresa española Técnicas Reunidas (TR) subcontrató al consorcio constructor Cotiene y Asociados para ejecutar la primera fase de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco, en Yacuiba. La firma contrató a más de 150 trabajadores para trabajar la planta. En la actualidad se inicia la segunda fase.

La planta Gran Chaco producirá 2.200 toneladas métricas día (TMD) de Gas Licuado de Petróleo (GLP), 1.500 barriles de gasolina, 1.100 barriles de isopentano y 2.600 TMD de etano. La producción de esta planta será destinada a los mercados de exportación, como el de Argentina, según informes del Ministerio de Hidrocarburos boliviano./El País