El diputado Héctor Arce, del MAS, afirmó que se apunta a procesos orales y simplificados. La exmagistrada Silvia Salame dice que se incurre en un error
La reforma del Código de Procedimiento Penal, que contempla la desaparición de los jueces ciudadanos y el cumplimiento estricto en los plazos procesales, cuenta con el aval del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, pero es cuestionado por la extitular del Tribunal Constitucional Silvia Salame porque, en su criterio, significa volver al sistema inquisitorio en el país.
Uno de los impulsores del anteproyecto de ley, el diputado Héctor Arce, del MAS, afirmó que el cambio se debe “al fracaso” del Código que se aplica en Bolivia desde junio de 2001. Una muestra de eso, según Arce, que preside la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, es que el 87% de las personas que están recluidas en las cárceles del país no cuentan con sentencia ejecutoriada, es decir, son constitucionalmente inocentes.
Defensa
Arce afirmó que el anteproyecto plantea un proceso acusatorio “absolutamente oral y simplificado en sus procedimientos” y con plazos más estrictos en su cumplimiento. “El gran tema de debate son los jueces ciudadanos”, porque se ha establecido que hay dificultades para conformar los tribunales y es una causa de retardación de justicia.
En ese aspecto coincide el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, que además atribuyó la demora en algunos procesos al anterior Tribunal Constitucional, por ‘perforar’ con diferentes resoluciones el Código vigente.
“Lamentablemente el anterior Ttribunal Constitucional aceptó recursos que posibilitaron la ampliación de los plazos, lo que permitió que algunas causas se resolvieran después de los tres años, pese a que el Código lo impedía. También aceptó recursos de apelaciones que provocaron dilaciones y la carga procesal a los jueces”, señaló Hurtado, que participó ayer en Santa Cruz del foro Derecho constitucional.
Cuestionamiento
Consultada sobre el tema, la expresidenta del Tribunal Constitucional Silvia Salame dijo que la propuesta para cambiar el Código de Procedimiento Penal está “mal fundamentado” porque el fracaso no ha sido por los jueces ciudadanos, que han permitido el acercamiento de la justicia al pueblo, sino por una deficiente capacitación a los jueces, abogados y fiscales. “Volver al sistema inquisidor sería un error”, expresó.
Asimismo, Salame dijo que gracias al anterior Tribunal Constitucional se pudo aplicar el Código vigente porque permitió el respeto de los derechos de los ciudadanos
Para saber
1. Jueces ciudadanos. Hay atraso en algunos procesos por las dificultades para conformar los tribunales debido a la precariedad de los registros para ubicar a los jueces, falta de voluntad de las personas y por la remuneración, adujo el diputado Héctor Arce, MAS.
2. Retardación de justicia. La mayoría de los jueces fue destituido de sus funciones, tampoco hubo capacitación para jueces, fiscales ni abogados para que se adaptaran al nuevo sistema, señaló Salame.


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