Un informe policial que arribó a una mesa de redacción revela que un funcionario del Órgano Judicial, identificado como “juez”, en fecha 29 de diciembre protagonizó actos obscenos en vía pública en el barrio San Jerónimo, en estado de ebriedad y en un vehículo particular donde supuestamente el funcionario público habría tenido relaciones sexuales con dos mujeres.
El reporte del 29 de diciembre de 2012 fue remitido al coronel Julio García Zapata, comandante de la EPI Nº 3; vía subteniente Christian León Chavarría, oficial de Planta; del cabo Víctor Valeriano Alanes, conductor de Radio Patrullas 110, bajo el objeto de “Casos Actos Obscenos en vía Pública (Vehículo)”.
Dicho documento reporta que al promediar las 16:30 del 29 de diciembre de 2012, una patrulla se constituyó en el barrio San Jerónimo por el llamado de los vecinos, exactamente en la calle Fortín Campero, donde se encontró en estado de ebriedad al conductor de un vehículo de color plomo marca Nissan con placa de control 1760-YXP.
El vehículo se encontraba con las cuatro puertas abiertas en el momento que fue interceptado por la Policía, que encontró al interior a dos personas de sexo femenino de entre 25 y 30 años de edad, con quienes supuestamente una hora y media antes el funcionario judicial habría tenido relaciones sexuales al interior de la movilidad, lo que alertó a los vecinos quienes llamarón a la Policía.
El reporte policial indica que un funcionario judicial, de quien El País se reserva dar a conocer su identidad hasta obtener su contraparte, se identificó como juez, propietario y conductor del vehículo donde se habría consumado actos obscenos entre éste y dos personas de sexo femenino.
El vehículo se encontraba con las cuatro puertas abiertas en el momento que fue interceptado por la Policía, que encontró al interior a dos personas de sexo femenino de entre 25 y 30 años de edad, con quienes supuestamente una hora y media antes el funcionario judicial habría tenido relaciones sexuales al interior de la movilidad, lo que alertó a los vecinos quienes llamarón a la Policía.
El reporte policial indica que un funcionario judicial, de quien El País se reserva dar a conocer su identidad hasta obtener su contraparte, se identificó como juez, propietario y conductor del vehículo donde se habría consumado actos obscenos entre éste y dos personas de sexo femenino.
“En el momento de la intervención policial se la realizó en presencia del Sr. David Rodríguez (vecino), el vehículo mencionado se encontraba con las cuatro puertas abiertas, en el motorizado dos personas durmiendo de sexo femenino entre 25 a 30 años de edad, aproximadamente…”, dice textualmente parte del informe policial.
¿DESCONOCIMIENTO? Visitamos al representante del Consejo de la Magistratura de Tarija, Adelio Tapia, en dos oportunidades esta semana para obtener información del caso, quien tras leer el informe policial y quedar un tanto sorprendido, nos dijo que iba a realizar las averiguaciones y hablar con el juez sindicado.
El martes fue la primera entrevista con Tapia, y en ese entonces nos dijo que no conocía de lo ocurrido, pero confirmó que se trataba evidentemente de un Juez del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Comprometió averiguar el tema para el día siguiente (miércoles), pero esto no sucedió así y nos pidió hablar del tema después, las razones, las desconocemos.
De manera extraoficial, Tapia informó a El País que este caso ya se encontraría en manos del Ministerio Público para ser investigado, por lo que se esperaría a que el funcionario judicial pueda prestar su declaración informativa. Hasta aguardar esto, nuestro entrevistado dijo que no se puede tomar acciones y sanciones contra el funcionario.
En nuestra insistencia por llegar al fondo del tema, Tapia prefirió no dar ninguna entrevista a El País solicitando de manera cordial esperar a que el funcionario dé su declaración para que el Consejo de la Magistratura pueda pronunciarse al respecto.
Empero, este medio tuvo acceso a información del entorno del Tribunal de Justicia, quienes pidieron mantengamos sus nombres en reserva, que da cuenta que dicho funcionario tendría bastante influencia, razón por la que el tema no fue hecho público por la Policía ni otras entidades públicas.
Asimismo, tomó conocimiento que dicho juez tiene en su despacho casos relevantes como el de Imbolsur, que derivó en la suspensión del gobernador Mario Cossío, y el caso del Túnel Falso de Alarache, que involucra a importantes exautoridades del Servicio Nacional de Caminos.
FISCALÍA El fiscal de Distrito, Gilbert Muñoz, como primera autoridad del Ministerio Público de Tarija, se limitó de dar mayores detalles tras leer dicho informe policial, argumentando que la misma se encuentra en etapa de investigación, para comprobar o descartar la veracidad de los hechos.
Asimismo, dijo no conocer al juez en cuestión, pese a que éste funcionario maneja y revisa casos especiales, como el de Imbolsur, mismo que Muñoz dirigió hasta hace poco.
Muñoz fue cauto en responder nuestras cuestionantes sobre este delicado tema y tan sólo se limitó a referirse a otro caso de supuestos actos de corrupción donde habría incurrido en tráfico de influencias otro funcionario judicial.
Empero, el fiscal de Distrito informó que dicho caso habría sido derivado a la Fiscalía de Persecución de Delitos de Corrupción Pública. Nuestra fuente, en reserva, da cuenta que la denuncia habría sido presentada por el señor Marcos Peralta y que una de las fiscales asignadas al caso sería la fiscal Carla Oller.
Contando con el número telefónico celular del supuesto denunciante, El País buscó tomar contacto con éste, sin embargo, el mismo tenía su móvil apagado durante la jornada de ayer.
Consultamos del tema a Tamer Medina, exrepresentante del Consejo de la Judicatura, para conocer al respecto de las sanciones administrativas que se pudieran dar al respecto, sin embargo, la exautoridad indicó que no conoce del caso, pero que las sanciones administrativas se aplican a funcionarios judiciales que cometieran cualquier irregularidad dentro del horario de trabajo y no así fuera de las horas de funciones.
ADVERTENCIA
El fiscal Muñoz, sorprendido por el informe policial, dijo que como periodistas no podemos manejar dicha información (informe policial) por ser exclusivamente para fines investigativos, reservándose así no referirse al tema, y recomendando a nuestro medio cuidado en el manejo de este tipo de temas.
“Este. Nosotros, yo como Ministerio Público, estamos obligados a garantizar los derechos de las personas investigadas, víctimas de hechos y me parece extraño que actuaciones policiales que deben ser manejadas en reserva para las partes de investigación, es decir la Policía, la Fiscalía, sindicado y sus abogados, me parece extraño, que esté en manos de ustedes, entonces, es muy preocupante pero hay que tener mucho cuidado como medio de comunicación”, subrayó./El País
¿DESCONOCIMIENTO? Visitamos al representante del Consejo de la Magistratura de Tarija, Adelio Tapia, en dos oportunidades esta semana para obtener información del caso, quien tras leer el informe policial y quedar un tanto sorprendido, nos dijo que iba a realizar las averiguaciones y hablar con el juez sindicado.
El martes fue la primera entrevista con Tapia, y en ese entonces nos dijo que no conocía de lo ocurrido, pero confirmó que se trataba evidentemente de un Juez del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Comprometió averiguar el tema para el día siguiente (miércoles), pero esto no sucedió así y nos pidió hablar del tema después, las razones, las desconocemos.
De manera extraoficial, Tapia informó a El País que este caso ya se encontraría en manos del Ministerio Público para ser investigado, por lo que se esperaría a que el funcionario judicial pueda prestar su declaración informativa. Hasta aguardar esto, nuestro entrevistado dijo que no se puede tomar acciones y sanciones contra el funcionario.
En nuestra insistencia por llegar al fondo del tema, Tapia prefirió no dar ninguna entrevista a El País solicitando de manera cordial esperar a que el funcionario dé su declaración para que el Consejo de la Magistratura pueda pronunciarse al respecto.
Empero, este medio tuvo acceso a información del entorno del Tribunal de Justicia, quienes pidieron mantengamos sus nombres en reserva, que da cuenta que dicho funcionario tendría bastante influencia, razón por la que el tema no fue hecho público por la Policía ni otras entidades públicas.
Asimismo, tomó conocimiento que dicho juez tiene en su despacho casos relevantes como el de Imbolsur, que derivó en la suspensión del gobernador Mario Cossío, y el caso del Túnel Falso de Alarache, que involucra a importantes exautoridades del Servicio Nacional de Caminos.
FISCALÍA El fiscal de Distrito, Gilbert Muñoz, como primera autoridad del Ministerio Público de Tarija, se limitó de dar mayores detalles tras leer dicho informe policial, argumentando que la misma se encuentra en etapa de investigación, para comprobar o descartar la veracidad de los hechos.
Asimismo, dijo no conocer al juez en cuestión, pese a que éste funcionario maneja y revisa casos especiales, como el de Imbolsur, mismo que Muñoz dirigió hasta hace poco.
Muñoz fue cauto en responder nuestras cuestionantes sobre este delicado tema y tan sólo se limitó a referirse a otro caso de supuestos actos de corrupción donde habría incurrido en tráfico de influencias otro funcionario judicial.
Empero, el fiscal de Distrito informó que dicho caso habría sido derivado a la Fiscalía de Persecución de Delitos de Corrupción Pública. Nuestra fuente, en reserva, da cuenta que la denuncia habría sido presentada por el señor Marcos Peralta y que una de las fiscales asignadas al caso sería la fiscal Carla Oller.
Contando con el número telefónico celular del supuesto denunciante, El País buscó tomar contacto con éste, sin embargo, el mismo tenía su móvil apagado durante la jornada de ayer.
Consultamos del tema a Tamer Medina, exrepresentante del Consejo de la Judicatura, para conocer al respecto de las sanciones administrativas que se pudieran dar al respecto, sin embargo, la exautoridad indicó que no conoce del caso, pero que las sanciones administrativas se aplican a funcionarios judiciales que cometieran cualquier irregularidad dentro del horario de trabajo y no así fuera de las horas de funciones.
ADVERTENCIA
El fiscal Muñoz, sorprendido por el informe policial, dijo que como periodistas no podemos manejar dicha información (informe policial) por ser exclusivamente para fines investigativos, reservándose así no referirse al tema, y recomendando a nuestro medio cuidado en el manejo de este tipo de temas.
“Este. Nosotros, yo como Ministerio Público, estamos obligados a garantizar los derechos de las personas investigadas, víctimas de hechos y me parece extraño que actuaciones policiales que deben ser manejadas en reserva para las partes de investigación, es decir la Policía, la Fiscalía, sindicado y sus abogados, me parece extraño, que esté en manos de ustedes, entonces, es muy preocupante pero hay que tener mucho cuidado como medio de comunicación”, subrayó./El País
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.