Los asambleístas nacionales Norma Piérola y Mauricio Muñoz lamentaron la forma como la justicia continúa subordinada al poder político, pues consideran que en vísperas de Año Nuevo y después de sesiones maratónicas se dictó una injusta sentencia condenatoria de un año de cárcel contra de Reyes Villa por incumplimiento de deberes en la construcción del puente Vinto – Sacambaya.
Los diputados de Convergencia Nacional afirmaron este miércoles que el presidente Evo Morales busca inhabilitar al ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, como contendor político para el año 2014, a través de la sentencia judicial emitida la tarde del 31 de diciembre pasado por el caso del puente Sacambaya, pues consideran que esa condena fue manipulada y presionada políticamente por la Gobernación y el Órgano Ejecutivo.
En conferencia de prensa, los asambleístas nacionales Norma Piérola y Mauricio Muñoz lamentaron la forma como la justicia continúa subordinada al poder político del partido en función de Gobierno, pues consideran que en vísperas de Año Nuevo y después de sesiones maratónicas se dictó una injusta sentencia condenatoria de un año de cárcel contra de Reyes Villa por incumplimiento de deberes en la construcción del puente Vinto – Sacambaya.
Considera que el objetivo de esta sentencia es política, pues con esto se busca inhabilitar a reyes Villa para las elecciones generales del año 2014, Evo le tiene miedo a Manfred ya que es el único político opositor que tiene un proyecto alternativo de verdadero cambio: “Fuerza Republicana Federal continuara gestándose y cumpliendo los requisitos para constituirse en un partido que traerá el verdadero cambio al país, desarrollo, progreso y sobre todo paz para todos los Bolivianos, Evo se asustó cuando se enteró que Manfred liderizaba el proyecto Republicano Federal y ahí están las consecuencias de pensar diferente y de atreverse a ser oposición en un gobierno de pensamiento único”.
Por su parte, la diputada Norma Piérola manifestó que los procesos instaurados en contra de Reyes Villa se tramitan en abierta violación de sus derechos fundamentales, garantías constitucionales y en estado de indefensión, ya que legalmente el ex prefecto no fue notificado y no conoce formalmente de que se lo acusa, a pesar de haber acreditado un domicilio legal ante las autoridades judiciales./ANF


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