Grave: denuncian cobro de coimas del 15% en el Prosol “para los jefes”

Hasta que se destapó un purulento nido de corrupción en el Programa Solidario Comunal (Prosol). El programa, administrado por la Gobernación y que otorga anualmente un bono de Bs 4.500 por familia a las comunidades campesinas, es sujeto de una grave denuncia de corrupción. Justo cuando dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) pretenden incrementar el monto del pago anual, denuncias documentadas dan cuenta que técnicos del Prosol exigen coimas del 15% a empresas proveedoras de bienes. Si las casas comerciales no aceptan la condición, no venden y si las comunidades se niegan a aceptar a las casas comerciales impuestas, no hay Prosol.

¿Quiénes están comprometidos en los actos de corrupción? ¿Son sólo los funcionarios y técnicos de tercer o segundo nivel? ¿Por qué las denuncias escritas, documentadas y reiteradas, no fueron remitidas por el director del Prosol al Ministerio Público? ¿Sabía de estas denuncias el gobernador Lino Condori?

Luego de realizar una investigación, El País accedió al informe legal que contiene la denuncia y la descripción de todas estas irregularidades. El informe fue presentado por la misma asesora legal del Prosol, Elizabeth Elías Hoyos, quien en la parte final del documento, y por la gravedad de las denuncias,  recomienda remitir el caso a la justicia para asumir las acciones legales correspondientes.   

En el informe legal de Elizabeth Elías Hoyos, de fecha 5 de octubre de 2012, se da cuenta que los técnicos del Prosol, denunciados por empresas comerciales, justificaban el cobro de las coimas con el argumento de distribuirlas “a los jefes”. Curiosamente, ninguno de los jefes habría activado los mecanismos de investigación penal, pese a la expresa recomendación de la abogada.

El citado informe estaba dirigido a Carlos Villavicencio Plaza, director del Prosol; Arturo Laime Ovando, director de Transparencia de la Gobernación; Mario Gareca Heredia, secretario departamental de Desarrollo Comunitario Campesino y Economía Plural; Andrés Ortiz, administrador del Prosol, y Claudia Arce, responsable de Recursos Humanos del Prosol.

El caso Agro Integral Tarija Según la primera denuncia que se plasma en el informe legal, el representante de la casa comercial “Agro Integral Tarija”, afirma que de acuerdo a las cotizaciones realizadas por el Comité de Administración de la comunidad de Tacuara (provincia Arce), se le adjudicó la provisión de malla olímpica de 7x7. 

Sin embargo, la adjudicación habría sido rechazada  arbitrariamente por el técnico del Prosol, Ricardo Ayarachi, quien habría manifestado a los miembros del Comité de Administración Comunal que dicha casa comercial tendría problemas con la unidad gestora y que se encontraría con auditoría. 

Ante la consulta ¿a qué casas comerciales se podría recurrir? Ayarachi habría recomendado a los comunarios recurrir a la casa comercial “Evita”. Los técnicos les habrían indicado que si procedían de esta manera agilizarían la transferencia de los recursos a la comunidad.

Empero, “Agro Integral Tarija” ya figuraba en el libro de actas por lo que, según el denunciante; Ayarachi procedió a borrar con radex el nombre de la casa comercial adjudicada y la reemplazó por la casa comercial “Evita”. Luego de esto, el técnico habría procedido a llamar a la nueva casa comercial para que rebaje sus precios y pueda justificarse la nueva adjudicación.

El informe legal señala que ante el reclamo del representante de Agro Integral el técnico negó los hechos y amenazó a la comunidad de no dar paso al desembolso correspondiente. 
Posteriormente, el denunciante (representante de Agro Integral) fue a la unidad gestora del Prosol en compañía del Comité de Administración Comunal y les demostró que no había ninguna auditoría ni reclamos en contra de su casa comercial, a lo que él técnico dijo que desatenderá por completo a Tacuara. 

El caso tractor para  GuerrahuaicoSegún el informe legal, el mismo representante de Agro Integral Tarija manifiesta que se habría adjudicado la venta de un tractor a la comunidad de Guerrahuaico. Sin embargo, la técnica Sureña Toconás habría manifestado al miembro del Comité de Administración Eudal Gareca, que debía traer otra cotización de la casa comercial Sur Trading, siendo ésta la que debía adjudicarse. 

Ante la objeción de Gareca, respecto a que la casa comercial Sur Trading ofertaba mayor precio, Toconás habría manifestado que Agro Integral tiene problemas en el Prosol y que no era una casa comercial confiable. 

Ante esta situación, el representante de Agro Integral habría solicitado a la unidad gestora se le certifique esta situación por lo que la técnica habría ordenado se proceda según lo que ella indicaba. Por otra parte, el representante de la casa comercial Agro Integral manifiesta que a su proveedor de implementos le habrían propuesto adjudicaciones a cambio del 10% de toda venta. 

El denunciante dice que son siete las casas comerciales que se han visto perjudicadas por los actos irregulares de Ayarachi y Sureña Toconás. 

Caso Boreal Trading En el mismo informe legal de Elizabeth Elías Hoyos se da a conocer que la representante de la casa comercial Boreal Trading, en fecha 2 de octubre de 2012, se apersonó al área legal de la dirección departamental del Prosol con la finalidad de presentar queja formal contra los funcionarios Ricardo Ayarachi y Sureña Toconás, quienes estarían direccionando las compras a los miembros del Comité de Administración Comunal. 

La denunciante dijo que como empresa se están viendo perjudicados por estos técnicos ya que al haberse negado a cancelarles el 15% por cada venta realizada,  habrían dado la consigna de que no se adquiera nada de esa casa comercial pese a ofertar precios más bajos y tener representación legal de varias firmas autorizadas.

Los denunciantes indican que los técnicos justificaron el cobro del 15% indicando que de ese monto tienen que dar un porcentaje a los “jefes”.

¿Qué dicen los involucrados?El País habló con el director del Prosol, Carlos Villavicencio Plaza, quien negó que su unidad intervenga  en la selección de casas comerciales, ya que aseguró que sólo constituyen  una entidad de transferencia de recursos.

Explicó que ellos colocan el dinero en la cuenta de la comunidad y que  ésta es la encargada de cotizar las ofertas mediante un cuadro comparativo para luego realizar la adjudicaciónmediante  una asamblea.  “Les pedimos siempre un acta que se hace en una asamblea en la cual se adjudica al mejor proponente tomando en cuenta la calidad y el precio”, señaló. Empero, aclaró que no pondrá “las manos al fuego” por nadie. 

En una comunicación con el propietario de la casa comercial Agro Integral Tarija, éste  ratificó a El País  haber hecho la denuncia y haberla puesto a conocimiento de la asesora legal del Prosol. Dijo que se trata de un hecho muy grave sobre el cual tiene pruebas contundentes. 

¿El informe legal se quedó durmiendo en el escritorio?Villavicencio confirmó que recibió el informe de la misma asesora legal del Prosol y aclaró que no es su competencia proceder legalmente en estos casos, en este sentido, aseguró que remitió el informe a la Secretaría de Justicia hace un mes (mediados de diciembre), treinta días después de haberlo recibido. 

Por otra parte, el secretario departamental de Desarrollo  Comunitario Campesino y Economía Plural, Mario Gareca Heredia, a quien también está dirigido el informe legal, dijo desconocer la denuncia, sin embargo, aseguró que lo solicitará a la Dirección del Prosol. “No me llegó ninguna denuncia, pero voy a hacer conocer el asunto a Transparencia”, resaltó. 

De manera extraoficial y con la respuesta de Gareca se conoció que el informe no llegó a la Dirección de Transparencia a pesar de que fue recepcionado por la dirección del Prosol el 5 de octubre de 2012, tampoco se formalizó denuncia en el Ministerio Público. 

Extrabajador del Prosol ratifica denuncias Un extrabajador del Prosol,  quien no quiso referir su nombre, ratificó la extorsión por parte de los dos técnicos del Prosol y dijo que las comunidades están amenazadas con no recibir el  pago del Prosol si omiten sus instrucciones en cuanto  a la elección de las cassa comerciales.
“Desde el 2012 que se dan a conocer estas denuncias, pero las autoridades hacen  caso omiso,  Sureña está manejando Cercado y Ayarachi Padcaya, son varias las comunidades afectadas que quieren ponerle un alto a la corrupción”, dijo. 

APUNTES -    El informe legal donde se presentan todas estas denuncias fue presentado por la asesora legal del Prosol, Elizabeth Elías Hoyos 

-    El informe fue recepcionado el 5 de octubre de 2012 con sello de la dirección del Prosol y hasta ahora no se formalizó denuncia en el Ministerio Público 

-    La asesora legal, al finalizar el informe, cita las leyes que sancionan estos supuestos delitos de hacer caso omiso a las denuncias. Entre las leyes citadas están: la Ley Safco,  la Ley de Estatuto del Funcionario Público y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.   

-    En una de las partes centrales del informe se señala que los denunciantes esperarán a que se dé solución a estos problemas antes de dar parte a los medios de comunicación, ya que esto empañaría a la unidad gestora del Prosol. /El País