Alejandro Almaraz Ossio
Últimamente se ha hecho necesaria, para que se revelen los casos de corrupción producidos al interior del Gobierno central, la intervención de personas ajenas al mismo o la concurrencia de hechos fortuitos de inevitable repercusión noticiosa. Así, son graves accidentes automovilísticos causados por funcionarios públicos en estado de ebriedad y con movilidades oficiales, el asesinato de un empresario en pleno trajín de cohecho, o la intervención de la DEA sobre las espectaculares operaciones de narcotráfico perpetradas por la cabeza de la inteligencia antinarcóticos del Estado boliviano, entre otros acontecimientos ajenos a la voluntad gubernamental, los que nos han mostrado la corrupción del Gobierno, contra la que sus voceros proclaman, con la recurrencia, la entonación y la autenticidad de las horas cívicas, una radical lucha.
Como se viene comentando, el último de estos eventos extra-gubernamentales ha sido el descenso del astro cinematográfico Sean Penn, providencial para alumbrar el caso de la red de extorsionadores armada en los altos niveles de dos de los principales ministerios de Estado y en el Ministerio Público, y hasta entonces envuelta en la protectora oscuridad. Por supuesto, el ministro Romero dice que hace varios meses que se la venía investigando. Pero si hubo tal investigación, su eficacia fue lo suficientemente lenta como para no producir siquiera las urgentes acciones precautorias de alejar de sus cargos a quienes los usaban para cometer graves delitos, hasta que, (¡¡¡qué casualidad!!!) apareció Penn con su pelota de fulbito.
En vista a que Sean Penn, además de ser uno de los célebres detentadores del Oscar, está públicamente identificado con las causas populares y progresistas en el mundo, y, tal vez aquí esté la clave de su éxito, sabe lo suficiente de soccer como para pichanguear con el Presidente y está a la altura del ministro Romero para hacerse escuchar con él, tal vez debería proponérsele la siguiente agenda para continuar esclareciendo la corrupción que sufrimos en Bolivia. Primero, conocer cuál es la especialísima prerrogativa de la que goza la ministra Nemecia Achacollo para que el caso de la mafia falsificadora de documentos públicos y extorsionadora de propietarios agrarios, cuyos hechos la involucran seriamente, se haya tapado y quedado en nada. Cuál será esa prerrogativa que, al parecer, ha determinado que el señor Salas, connotado asesor de Achacollo y cabecilla de la mafia falsificadora y extorsionadora que además se dedicaba a estafar a los municipios rurales de Santa Cruz administrados por el MAS, con las obras del proyecto Evo cumple, haya quedado en libertad y la investigación del Ministerio Público se haya paralizado hace más de dos años por haberse relevado al fiscal asignado al caso, y no haberlo reemplazado hasta el día de hoy.
Segundo, qué ocurre con el caso “Papelbol”, en el que el Estado boliviano perdió cerca de diez millones de dólares destinados a instalar esa inexistente industria en el Chapare, y en el que un documento presentado por el principal acusado involucra directamente al vicepresidente García.
Tercero, qué ha pasado con el caso de las obras públicas adjudicadas por Jorge Ledezma, el actual embajador de Bolivia en el Perú, sin proyecto a diseño final y durante las últimas horas de su gestión como prefecto de Cochabamba. Cómo es que, en todos estos casos, teniendo el Ministerio Público conocimiento formal y documentado de los hechos denunciados desde hace varios años no muestra resultado alguno de la investigación que le toca realizar, y cómo es que el Gobierno que cotidianamente ratifica sus vehementes declaraciones de guerra a la corrupción “caiga quien caiga” y “sin tapar a nadie”, no sólo que no se mosquea, sino que renueva su alta confianza en los implicados.
Esta sería solo una inicial agenda, con solo algunos de los más antiguos casos de corrupción oficialista tapada y protegida por los operadores de “la revolución de la justicia”, pues si quisiéramos incluir todos los cometidos por el “Gobierno de los movimientos sociales”, necesitaríamos a todo Hollywood y no solo a Penn. Lástima que en estos casos las víctimas sean solo el Estado boliviano y sus ciudadanos, y no haya algún ciudadano estadounidense damnificado, si así ocurriera, tal vez hasta Michelle Pfeiffer vendría a ver qué pasa.


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