Denuncia. Gary Prado se querella contra los jueces por admitir ilegalmente la habilitación del representante del Ministerio de Gobierno.
Son sumisos a los caprichos del Gobierno violentando los procedimientos legales. Es la posición de la mayoría de los abogados de la defensa del caso Rózsa, tras escuchar la determinación del presidente del Tribunal Primero de Sentencia, Sixto Fernández, de revocar su propia resolución, impidiendo que Ignacio Villa Vargas lleve adelante su declaración.
Además de eso, este lunes 3 de diciembre a las 10:00, Gary Prado Araúz, abogado de su padre Gary Prado Salmón, se presentará ante el Ministerio Público de Tarija para dar su declaración ampliatoria sobre dos demandas contra el Tribunal Primero de Sentencia.
Según el jurista, la primera es la recusación de la jueza técnica Elena Gemio, quien declaró rebelde a su progenitor a sabiendas que es una persona con discapacidad física.
La segunda demanda de Prado, es contra el Tribunal en pleno por el delito de prevaricato, al admitir la habilitación del representante del Ministerio de Gobierno, José Alberto Rodríguez, a pesar de que el ingreso del documento fue pasadas las 24 horas de plazo impuesta por el juez Fernández.
Retractación del juez. La retractación del juez para que Villa Vargas no declare se debió a la argumentación de Sergio Céspedes, representante del Ministerio Público y José Alberto Rodríguez del Ministerio de Gobierno.
Estas autoridades jurisdiccionales sostuvieron que no encuadraba la declaración de “El Viejo” como testigo de prueba, cuando es uno de los coimputados y por lo tanto es válida solamente como defensa pero no como elemento probatorio y se lo hará una vez que se haya superado la etapa de incidencia de los abogados de la defensa.
A pesar de los reclamos de los juristas Heby Ponce de León, Carlos Mariaca y Álvaro Luis Melgarejo, de que el Tribunal Primero de Sentencia compuesto por Sixto Bejarano como presidente, Elena Gemio como segunda juez técnico y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastacia Calizaya, tomen la declaración a “El Viejo”, primero escucharon a la parte querellante.
Acusaciones temerarias. El fiscal Céspedes desvituó el certificado extendido por el médico de Terapia Intensiva del Hospital San Juan de Dios de Tarija, Ivar Donoso. Céspedes mencionó que en ese centro hospitalario entregaban certificados como volantes y lo calificó como trucho. Por ese motivo, Ponce de León le advirtió al representante del Ministerio Público, que demuestre sus temerarias acusaciones, ya que se está poniendo en duda al cuerpo de galenos que forman parte del mencionado nosocomio. Incluso minutos antes de que se preste a declarar Villa Vargas, le faltó la respiración y tuvo que ser asistido de inmediato, al volver el juez se retractó de su decisión.
El silencio de Soza. En las tres audiencias realizadas en Tarija el martes, jueves y ayer, la participación del fiscal Marcelo Soza fue prácticamente nula, ya que el principal protagonista del Ministerio Público fue Sergio Céspedes.
El jueves solamente se adhirió a un pronunciamiento de su colega y ni siquiera respondió a las acusaciones de los coimputados Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, que lo señalaron como uno de los principales personajes que los secuestraron y torturaron hace más de tres años.
Concluida la audiencia de ayer a las 13 horas, Soza junto con Céspedes desaparecieron hasta que fueron vistos en horas de la tarde a su retorno vía aérea a La Paz./El Día
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