Con la modificación de los artículos 232 y 234 del Código Penal que penalizaban el derecho a la huelga en una norma promulgada por el Gobierno del General Hugo Banzer, se promulgó la ley 316 que según el primer mandatario, fortalece a los dirigentes, la democracia y las luchas sindicales .
El presidente Evo Morales, promulgó hoy la ley que despenaliza la huelga y protege el fuero sindical en materia penal, con la derogación del artículo 234 y la modificación del artículo 232 del Código Penal.
La nueva norma también establece que los procesos penales seguidos por la comisión de los delitos previstos por ambos artículos, se sujetarán a la aplicación de la norma penal más favorable, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 4 del Código Penal.
Morales promulgó la norma en un acto en La Paz, al que asistieron la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, el máximo dirigente de los trabajadores, Juan Carlos Trujillo y dirigentes afines al Gobierno.
"Después de 20 años de combatir el neoliberalismo juntos llegamos al Gobierno para demostrar que el Estado sabe administrar y que Bolivia no murió", dijo el presidente Morales. “Si alguna persona está administrando mal hay que denunciarlo, para superar los problemas y garantizar la rentabilidad de esa empresa.
El primer mandatario aseveró que la despenalización de la huelga y protección del fuero sindical era un "compromiso" del Gobierno con la COB.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo señaló que con esta ley, se hará respetar a los trabajadores.
Los polémicos Artículos
El artículo 234, permitía declarar “ilegales” las huelgas y los paros. “El que promoviere el lockout, huelga o paro declarados ilegales por las autoridades del Trabajo será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años y multa de cien a quinientos días”, se lee en el párrafo.
El artículo 232, consagraba el “sabotaje” cuando alguien “ocupare establecimientos industriales, agrícolas o mineros, o causare daños en las máquinas, provisiones, aparatos o instrumentos en ellos existentes (quien incurriere en este delito) será sancionado con privación de libertad de uno a ocho años”./El Deber


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