Más de 40 casos de extorsión, soborno, presión y secuestro

Existen más de 40 denuncias por extorsión, sobornos, cobros ilegales, secuestro, tráfico de influencias, cohecho y organización criminal. 

Ésas eran algunas de las actividades en las que incurría la estructura de corrupción que se destapó en las últimas semanas y que todavía es investigada por una parte del Órgano Ejecutivo y por el Ministerio Público.

Pasan los días y los casos suman. Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio cuenta de 40 nuevas denuncias que se registraron en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La lista de fiscales sospechosos de haberse prestado a las acciones de la red no ha dejado de crecer.

¿Cómo funcionaba?

El núcleo de funcionamiento nace a partir de una alianza entre abogados particulares, jueces, fiscales y asesores jurídicos de despachos del Ejecutivo.

Es por eso que se encuentran detenidos en Palmasola, Santa Cruz, dos funcionarios del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas y Fernando Rivera; uno de Presidencia, José Manuel Antezana, y dos fiscales, Jenny Velarde e Isabelino Gómez. 

También guarda detención el jurista particular Gustavo Céspedes. Sospechoso de la venta irregular de arroz incautado al estadounidense Jacob Ostreicher y quien fue asesor de un fiscal en La Paz. El sospechoso se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Gobierno.

El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, explicó a Página Siete que los alcances aún no son conocidos del todo. 

En esta etapa de la investigación se investiga a representantes de la Fiscalía y en adelante podrán ser citadas autoridades políticas y jueces.

“La red de extorsión y corrupción la investiga el Ministerio Público y la Policía. Hay otras personas que tienen que declarar, entre ellas fiscales de materia. Cuando esto termine tendremos una panorámica completa. Después el Ministerio Público trabajará en la preparación del juicio oral”, explicó Pérez.

La participación de funcionarios públicos, fiscales, jueces y abogados permitió operaciones alrededor de varios casos con distintas características. Solicitudes de dinero a procesados, presión a jueces, persecución a políticos, negociación de bienes incautados, tráfico de influencias, venta de sentencias, etcétera.

La hija del extinto político adenista Guillermo Fortún denunció que le cobraron 20.000 dólares para que su padre, indagado por manejo de gastos reservados, deje el penal de San Pedro. Según ella, después de pagar no cumplieron.

El abogado de Gustavo Torrico afirmó que se le planteó a su defendido un proceso abreviado por un caso de supuesta extorsión a menonitas. El ex diputado masista, hoy en la disidencia, se declaraba culpable, le otorgaban tres años de pena y quedaba libre por la leve condena.

Al alemán Dirk Schmidt le retiraron la detención domiciliaria en Palmasola a mediados de este año. Sin embargo, personeros a nombre del Ministerio de Gobierno indicaron que se trataba de un “asunto de Estado” y se revirtió la decisión. 

Similar presión se ejecutó en casos como el del peruano refugiado José Cantoral, quien estuvo a horas de perder su condición en el país. Hace unos días se supo que Denis Rodas era el responsable de presionar a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) para que sea expulsado del país rumbo a Perú.

“Los casos que están saliendo a la luz son los mediáticos, en los que existía un trasfondo político o un gran caso de corrupción. Sin embargo, nunca sabremos en cuántos casos particulares actuaron con éxito, en cuántas sentencias influyeron. Es realmente una estructura de una magnitud incalculable”, afirmó la socióloga Karina Saucedo.

La invitación del Ministerio de Gobierno a las víctimas de la red sigue abierta. Es casi un hecho que los casos aumentarán.

Boris Miranda

Solicitudes de dinero a procesados, presión a jueces, persecución a políticos, negociación de bienes incautados, tráfico de influencias, venta de sentencias, etcétera.

/Página Siete