La declaración de uno de los acusados revela que la red de extorsión participó en la intervención de los bingos. Se habla de que el grupo buscaba los casos más jugosos.
Un nuevo caso de proporciones se suma a la intervenida red de corrupción y extorsión: los bingos, negocios vinculados a capitales extranjeros. El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, indicó a EL DEBER que se iniciaron investigaciones para determinar la vinculación de los exfuncionarios con las intervenciones y allanamientos de las salas de juegos realizadas en los últimos dos años.
“Se está investigando la participación de este grupo en extorsiones de este tipo de negocio. Una de las personas aprehendidas y con prisión preventiva declaró que se hizo revertir un fallo judicial de un caso vinculado a los rusos de un bingo. Ignoro qué bingo o qué rusos son en cuestión, pero las declaraciones apuntan que se trata de gente vinculada a mafias”, afirmó el funcionario de Gobierno.
La red de extorsión encabezada por los ex asesores legales del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Dennis Rodas, en concomitancia con fiscales jueces y policías y a la que inicialmente se le atribuyeron las acciones sobre el estadounidense Jacob Ostreicher, es acusada de nuevos casos de sonsacamiento de dinero.
La intervención y clausura de bingos se iniciaron en julio de 2011, primero fue Bingo Bahiti, cerrado luego de manera definitiva. Este año, en marzo, se produjeron intervenciones y detenciones de ejecutivos de origen ruso y brasileño de las casas de juego.
Pérez dijo que la investigación está en manos del GISE -el Grupo de Inteligencia para la Seguridad del Estado- y del Ministerio Público.
“Nos preocupa mucho esta vinculación porque puede salir de los ámbitos delincuenciales y agarrar otro tipo de ámbito”, acotó el viceministro.
Al respecto, el exviceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico instó a las autoridades a desarrollar una auditoría sobre todas las intervenciones de funcionarios de la Unidad de Gestión Legal del Ministerio de Gobierno en procesos judiciales. “Es fácil de determinar. Basta con revisar a qué juez cautelar y qué fiscal les tocó siempre atender casos en los que intervinieron estos exfuncionarios”, sostuvo Torrico.
Pero las actividades irregulares van más allá. La red de corrupción de exfuncionariosde Gobierno, fiscales y jueces, según denuncias presentadas en las últimas horas al Ministerio de Gobierno a las que tuvo acceso EL DEBER, buscaba y elegía casos en los que se había incautado o estaba en juego mucho dinero. Entonces extorsionaban y dilataban los procesos. Incluso una persona se enteró de que el consorcio había utilizado su nombre, a través de un poder falso, para acusar en un juicio millonario en Santa Cruz.
El viceministro Pérez confirmó que hasta el viernes ya se tenía casi una decena de denuncias contra esta red, que fueron presentadas al Ministerio de Gobierno.
La última novedad es la denuncia presentada por Juan Carlos Zambrana Marchetty, escritor boliviano y corresponsal del periódico Cambio en Estados Unidos. Una persona que se define en la misiva que envió al ministro como "fiel creyente del proceso de cambio".
Dice que el 14 de julio de este año conoció, en Washington, una sentencia de un juicio que supuestamente él habría seguido en Santa Cruz por montos millonarios y en el que se embargaron bienes costosos. "Estando yo ausente, los delincuentes habían logrado obtener dos poderes notariales amplios e irrestrictos a favor de dos desconocidos y habrían iniciado dos juicios, uno en capital y otro en provincia".
Comenta que eso implica la corrupción "no solo de dos abogados, sino también de dos notarios, varios testigos, jueces... A pesar de la habitual retardación de justicia boliviana, estos casos se movieron con una agilidad asombrosa, llegando en cuatro meses hasta la instancia del Tribunal Constitucional".
Zambrana presentó una denuncia a la Cancillería el 16 de julio de 2012, "pero no recibió respuesta alguna". Asegura que tomaron el nombre de sus columnas en el periódico oficial, de su página web o sus libros, pero no se enteraron de que en su carné de identidad su segundo apellido figura como Marchetty y no Marchetti, como él lo escribe "con fines artísticos y literarios y sin saber, plagiaron una identificación con un error que los pone en evidencia", acota.
En este y otros casos, Rivera, Rodas y sus presuntos cómplices habrían extendido sus tentáculos en procesos que eran de orden privado, es decir, en los que el ministro de Gobierno no tenía nada que hacer.
Así lo denuncia Ángela, la esposa de Marcelo Urbach, un empresario cruceño detenido en la cárcel de San Pedro hace casi dos años, quien pasó de ser acusador a acusado en un proceso en el que demostró que el gerente de su empresa y el hijo de ese funcionario le sacaron de su cuenta y se apropiaron más de 36 millones de dólares de su cuenta bancaria.
"A todas las audiencias cautelares en las que presentamos solicitudes de cesación a la detención preventiva o recursos de libertad asistió el doctor (Fernando) Rivera. Yo no entiendo qué tenía que hacer él ahí, pero siempre estaba”.
En febrero pasado un presunto integrante de esta red le pidió un monto de dinero para liberar a su esposo, además de la mitad de lo recuperado. Una cifra que llega casi a 18 millones de dólares.
Lo mismo en otro caso en el que un empresario cayó en El Alto, durante un allanamiento a un taller en el que un fiscal se incauta de un camión, y alrededor de 15.000 dólares en un operativo en un galpón en la ciudad de El Alto, y lo acusaron de formar parte de un clan de clonadores de placas.
"Aparecen Rivera y Rodas, no sé qué tendrían que hacer, y en el que mi cliente ha demostrado que es inocente, pero sigue detenido. Han pasado cinco jueces, cinco fiscales y el proceso sigue. Fue hasta que recibió una visita en la cárcel de San Pedro, y le dijeron que se olvidara de los 15.000 y que les diera otros 15.000 más para salir", refirió.
Fiscalía allana un condominio y alista más notificaciones
Aideé Rojas
Dos fiscales que investigan la red de corrupción, realizaron un allanamiento en el condominio Paraíso a fin de encontrar más evidencias sobre el clan que extorsionaba al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher.
Mientras tanto, los fiscales que investigan esa red alistan más notificaciones para recibir declaraciones informativas de algunas autoridades del Ministerio Público, jueces y vocales.
El allanamiento fue encabezado por el coordinador de la Unidad Anticorrupción, Anuncio Piérola, y el fiscal Ángel Álvarez, además de dos policías investigadores.
El operativo se inició a las 11:00 y finalizó cerca de las 14:00, pero los fiscales evitaron contacto con los medios de prensa.
Extraoficialmente se conoció que en ese inmueble de la calle Santiago Ortiz y esquina Tao vive una mujer que tiene vínculos con el exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío, que está detenido, desde el viernes, en una de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), acusado de los supuestos delitos de organización criminal, extorsión, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencia y otros.
En pleno proceso del allanamiento, los dos policías investigadores salieron del condominio y luego retornaron junto a un cerrajero.
Se conoció que la presencia de esa persona ajena al equipo de investigación era para abrir una caja fuerte.
También se supo que se secuestraron algunos documentos de ese inmueble.
Media hora después del inicio del allanamiento al condominio Paraíso, desde las instalaciones de la Felcc fueron trasladados hasta el penal de Palmasola el ex asistente fiscal y que se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Gobierno Gustavo Dagner Céspedes; el exdirector general de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia José Manuel Antezana Pinaya y el exfuncionario de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) de La Paz Ramiro Ordóñez López.
Los tres detenidos en el marco de la investigación de la red de extorsión y corrupción que encara el Gobierno, fueron custodiados hasta el recinto penitenciario por efectivos del grupo Delta.
La orden de traslado salió a las 11:00 y media hora después se hizo efectiva.
Precisamente por ese caso, autoridades del Ministerio Público como el exfiscal de Distrito Isabelino Gómez, los fiscales antidroga Roberto Achá Arandia, Janeth Velarde Luna, Álvaro La Torre, Javier Cordero, además de Lumia Acho Pinto, Ángelo Céspedes y el juez Wilson Arévalo serán investigados.
Al respecto, el fiscal La Torre afirmó que en el transcurso de mañana se presentará de oficio ante la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público para conocer cuáles son las causas por las que está involucrado en este proceso.
“Yo he sido apartado del caso (Ostreicher) por Fernando Rivera”, afirmó.
Se informó que la declaración del exfiscal Isabelino Gómez está fijada para mañana a las 11:00.
Socio de Ostreicher no es buscado
El Ministerio de Gobierno repartió un documento de la Oficina Federal de la Policía (Fedpol) de Suiza que certifica que el socio de Ostreicher no tiene antecedente alguno.
La Oficina Federal de Policía es un centro de información, coordinación y análisis de la seguridad interna de Suiza para sus socios cantonales e internacionales. En Suiza, los cuerpos de policía cantonales son responsables de la mayor parte de las investigaciones. Sin embargo, desde 2002, Fedpol lleva a cabo sus propias investigaciones en el campo de la criminalidad grave (crimen organizado, reciclado de dinero, corrupción).
Entre sus otras actividades figuran tareas de prevención como la protección del estado o de las personas, se lee en el sitio web oficial.
“Usted y su empresa no están registrados en la base de datos nacional de búsqueda, ni en el sistema de alertas de datos, ni en el de administración para el registro y archivo de personas de la Oficina Federal de la Policía”, dice el documento que el Gobierno boliviano hizo traducir con la empresa AAA Translations, con sede en Nueva York.
La colombiana Claudia Rodríguez (socia de Ostreicher) recibió, según una versión acusatoria que manejaba Fernando Rivera, alrededor de 27 millones de dólares de Abraham Solty.
Intervenciones
- 13 de julio de 2011. Más de 100 policías de la ciudad de La Paz fuertemente armados intervinieron las instalaciones del bingo Bahiti procediendo al desalojo de funcionarios. El motivo que adujo la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego fue la no adecuación de la empresa a las nuevas normativas. Las puertas del bingo en todas sus sucursales no volvieron a abrirse.
- 13 de marzo 2012. La detención en Cochabamba del ciudadano ruso Marat Tyulegenov, en poder de Bs 1,2 millones, derivó en la intervención del bingo El Dorado dentro de una investigación por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas.
- 13 de marzo de 2011. La Policía procedió a liberar a los rusos Oleg Shmaikel y Denis Kalinin, propietario y gerente del bingo El Dorado, respectivamente, que permanecían detenidos como sospechosos del asesinato de Igor Gorelkin. Ambos ciudadanos consiguieron su libertad con medidas sustitutivas dos semanas antes al mejorar su situación jurídica.
- 16 de marzo de 2012. Tras la intervención de bingos en las ciudades del eje, Dennis Kalini y Marina Kaolouva, ambos de nacionalidad rusa, fueron enviados a la cárcel de Palmasola y San Sebastián (Cochabamba). Luego se consiguieron medidas sustitutivas.
Ministerio critica el fallo del juez
El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado leído ante los medios de prensa por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar, repudió el fallo del juez Juan José Zubieta, que accedió a enviar a los abogados Fernando Rivera y Dennis Rodas a celdas de la Felcc y no a la cárcel de Palmasola.
Lamentó que no hubiese admitido el cargo de asociación delictuosa presentado por la Fiscalía y advierte que seguirá cada acción del proceso de investigación gubernamental a fin de esclarecer el caso.
"El Ministerio de Gobierno expresa su preocupación por el fallo del juez en el caso de la red de corrupción y extorsión que otorgó la detención en celdas de la Felcc a los dos principales sospechosos, Fernando Rivera y Dennis Rodas, sin existir una comprobación objetiva del supuesto riesgo sobre sus vidas alegado por los imputados", dice el documento. /MT
Apuntes
- Defensa. El abogado defensor del estadounidense Jacob Ostreicher, Jimmy Montaño, informó que estaba a la espera de que la Sala Penal Primera dé respuesta a la apelación que presentaron sobre la detención de su cliente.
- Familia. La abogada de defensa y esposa de Fernando Rivera, Carla Arce, evitó ayer contacto con los medios de prensa. El exasesor legal del Ministerio de Gobierno sigue detenido en las celdas de la Felcc.
- Proceso. Cabe recordar que en el marco de la investigación del caso, el martes se procedió a la aprehensión de cinco personas vinculadas al Gobierno. Hay tres ciudadanos prófugos y falta detener a otros cinco.
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