INRA y Catastro en mira de campesinos y Medina por los avasallamientos

¿Otra red de corrupción? En las últimas horas, diversos sectores han manifestado sus sospechas sobre la existencia de una supuesta red de corrupción que se dedica al avasallamiento de tierras, tanto en el área rural como urbano, que vincula a funcionarios de entidades públicas como la Unidad de Catastro del Municipio y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). El presidente del Comité de Defensa Social de la Propiedad Pública y Privada, Tamer Medina, reveló que son evidentes las sospechas de funcionarios de cuatro entidades que podrían estar implicados en avasallamientos de tierras en Tarija.

Indicó que en la mira del Comité están las unidades de Catastro Urbano y Dirección de Ordenamiento Territorial del municipio de Cercado, el INRA y Derechos Reales. Medina presume que de esta de donde posiblemente este saliendo información sobre la situación de terrenos.

Recordó que como presidente del Comité de Defensa de la Propiedad Pública y Privada presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue a los responsables de los asentamientos en propiedad pública y privada de manera ilegal.

Señaló que existen elementos para sospechar que los que organizan asentamientos, tienen vínculos cercanos con funcionarios públicos, mismos que podrían estar operando desde la unidad de Catastro Urbano, INRA, Derechos Reales y la Dirección de Ordenamiento Territorial.

“En el transcurso de la investigación es posible que vayan surgiendo elementos que vayan a implicar a funcionarios públicos, de las cuatro entidades anteriormente mencionadas”, señaló Medina, a tiempo de remarcar que es importante esperar los resultados de las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público.

Dijo que la sospecha nace porque estos funcionarios manejan información en relación a la situación jurídica y técnica de las propiedades donde se asientan. “Sale de alguna de estas entidades, los avasalladores cuentan con la información necesaria antes de asentarse en algún predio, ya sea de la parte urbana o rural”, añadió.

RED DE INFORMACIÓN 

Medina indicó que las conjeturas nacen por la información jurídica y técnica de los predios que conocen los asentamientos, por lo que es ahí donde nace la sospecha de un posible vínculo con funcionarios de cuatro entidades públicas.

Aclaró que cuando se abre un código catastral para pagar impuestos, es en Catastro Urbano donde solicitan a uno su plano y su escritura de una propiedad. Asimismo, para hacer aprobar un plano se deben cumplir con una serie de requisitos y brindar información requerida a Ordenamiento Territorial para seguir el curso del trámite.

En lo que respecta a la regularización de título de propiedades en el área rural es el INRA el principal operador, entidad que conoce y realiza el seguimiento sobre la situación jurídica o el saneamiento de terrenos.

“Es ahí donde podrían existir algunas vinculaciones y se transmite la información, donde existe algún terreno débil en cuanto a la documentación de sus trámites, por lo que aprovechan los asentamientos humanos, para avasallar alguna propiedad”, advirtió.

Según Medina, después de la investigación para sancionar a los avasalladores de tierras, esta sospecha sobe una “red de corrupción” podría ser una segunda etapa del proceso que actualmente se ventila en la Fiscalía.

INRA ENTRE AVASALLADORES

El secretario de Tierra y Territorio de la Central Campesina de Cercado, Martín Guzmán, indicó que entre las personas que estarían promoviendo asentamientos y avasallamientos de tierras en la provincia, fueron identificados exautoridades y exfuncionarios del INRA.

“No es gente que no tiene tierras, es que gente que ya se ha dedicado al negocio de tierras, es gente que ha vendido tierras, y vuelta quiere seguir teniendo tierras para seguir vendiendo”, denunció el dirigente.

Guzmán indicó que si bien, después de las acciones asumidas por el Tribunal Departamental de Justicia y el mismo Ministerio Público para frenar los avasallamientos de tierras ordenando desalojos, se frenó en algo los asentamientos, la preocupación del sector campesino en este tema es latente.

“No podemos sumar cuantos hemos sido afectados, porque un día aparecía en un lado y otro en otro lado, ya se estaba volviendo un gran negocio, pero con esto que se ha visto que se ha comenzado a desalojar ha parado algo los asentamientos”, sostuvo.

No obstante, indicó la preocupación, principalmente en el área rural, es permanente, ya que creen que existen grupos de negociantes de tierras, donde estarían involucradas ex autoridades y ex funcionarios del INRA.

“Hemos viso que hay ex funcionarios del INRA, parece que han estado allá por aprender cómo se hace los negocios, pero esto se va aclarando”, indicó el dirigente, quien no quiso precisar nombres, al indicar que el caso ya está siendo investigado por el ministerio público.

APOYO A ASENTADOS 

El dirigente una vez más cuestionó que la alcaldía y la misma gobernación este apoyando los asentamientos, con la dotación de servicios básicos, sin conocer si quiera si estos terrenos fueron obtenidos de manera legal.

“Un gobernador que se va dedicar apoyar a los asentados, pero nosotros no preguntamos como cuando vamos a pedir una ampliación de electrificación o agua potable para las comunidades, nos piden una serie de documentos y para los asentados les dan así no más, entonces ellos son también cómplices”, enfatizó.

Indicó que esperan que con la regularización y saneamiento de tierras se termine de solucionar estos conflictos en la provincia Cercado, para así dar también seguridad a las familias que habían en las comunidades y que utilizan la tierra para la siembre y pastoreo.

El Ejecutivo de la Federación Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucc-T) Pánfilo Guzmán dijo no tener conocimiento de la denuncia, pero pidió a dirigentes de las comunidades campesinas si conocen de alguna denuncia con respecto a los avasallamientos de tierras, puedan hacer conocer al comité ejecutivo del sector para que se pueda coadyuvar de alguna manera a los afectados.

POMA Y BURGOS

Cabe recordar que meses atrás, Medina, reveló que dentro de los casos denunciados ante la Fiscalía sobre asentamientos ilegales, cuatro testigos habrían revelado que el asambleísta suplente del Movimiento al Socialismo (MAS), Ramiro Burgos, fue promotor de los avasallamientos y asentamientos en la ciudad de Tarija. También dijo que el asambleísta Marcelo Poma fue mencionado como asesor de los asentados.

Medina informó que la fiscal Grushenka Romero, inició ayer con las declaraciones a cuatro personas que fueron citadas en el caso en calidad de testigos, por el Comité de Defensa Social de la Propiedad Privada y Pública.

RETRASO EN INVESTIGACIONES

Tamer Medina, lamentó el retraso en el proceso de investigación de este caso en la Fiscalía, ya que esta instancia estaría pasando por una situación difícil por las acefalias que se tienen, ya que algunos fiscales habrían presentado su carta de renuncia.

Las investigaciones todavía se encuentran en la etapa preliminar en lo que respecta a la denuncia realizada en contra de los organizadores de asentamientos humanos en Tarija./El País