El Gobierno denunció ayer que dos de los acusados de pertenecer a la red de extorsionadores desarticulada en dos ministerios recibieron un trato benevolente del juez Juan José Zubieta y anunció que investigará a más jueces y fiscales.
A través de un comunicado de prensa leído por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar, del Ministerio de Gobierno, mostró su disconformidad con las decisiones adoptadas por el citado juez cautelar.
Zubieta desestimó la imputación del Ministerio Público contra Fernando Rivera Tardío (el asesor jurídico de esa cartera de Estado) y Dennis Rodas Limachi (exabogado de ese ministerio) y decidió que permanezcan detenidos en celdas de la fuerza anticrimen de Santa Cruz.
“El Ministerio de Gobierno expresa su preocupación porque el fallo del juez en el caso de la red de corrupción y extorsión otorgó la detención en celdas de la FELCC a los dos principales sospechosos”, señala el documento.
En una primera instancia, la autoridad jurisdiccional resolvió que los exfuncionarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno sean remitidos a la cárcel de Palmasola, pero los acusados pidieron ser enviados a las celdas de la FELCC para precautelar sus vidas.
El juez, de acuerdo con el comunicado que dio a conocer Baldelomar, accedió a esa solicitud “sin exigir una comprobación objetiva del supuesto riesgo” que alegaron los imputados.
También hizo notar que Zubieta desestimó la imputación por el delito de organización criminal y los encausó por el delito de extorsión. Según el Código Penal, la pena para quien forme parte de una organización criminal es de uno a tres años, y para quien la dirige de dos a seis. La extorsión tiene una pena de uno a tres años.
En la parte final del escueto comunicado de la cartera de Gobierno indica en tono de advertencia que “se mantiene vigilante y sigue cada acción del proceso con el celo de la voluntad inconmovible de esclarecer este caso, caiga quien caiga”.
En esa misma línea, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, quien se encuentra en Santa Cruz dando seguimiento al tema, indicó que “de acuerdo al avance de la investigación se tiene la participación (en la red de extorsión) de varios fiscales de materia y unos dos o tres jueces”.
El Ministerio Público —representado por la comisión de los fiscales Anuncio Piérola, Mario Mercado, Ángel Álvarez y Mabel Andrade— argumentó que Rivera y Rodas extorsionaron y presionaron a jueces y fiscales para emitir fallos a favor o en contra de sus víctimas.
Según Pérez, incluso “movilizaban a grupos policiales” para conseguir sus objetivos. El encargado de coordinar operativos con policías era el exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas. “Trabajaban juntos, realizaban las actividades de gestión legal, etc.”, dijo, además aseguró que la red le hacía seguimiento para sacarlo del medio.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó a La Razón que pidió a Villegas su renuncia porque se detectó ese extremo. “Seguro estaban intentando ‘deshacerse’ del viceministro, encontrarle algo”. Villegas habló con Cadena A y negó estar ligado a hechos ilícitos. El exviceministro Gustavo Torrico fue el primero en vincularlo.
Mafia rusa y francesa tienen nexos con bingos
El Ministerio de Gobierno informó que los presuntos nexos entre la red de corrupción y extorsión con mafias rusas y francesas tienen que ver con casas de juego de esos grupos y que, según un exviceministro de Gobierno, fueron también extorsionados.
“Esos grupos de rusos y franceses, según la información que conozco, están ligados a casas de juego y habrá que ver si esos procesos se llevaron regularmente o hubo extorsión u otras irregularidades”, dijo Carlos Romero, titular de esa cartera.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, reveló la supuesta relación de esos grupos con los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Dennis Efraín Rodas.
Pérez aseguró que un “grupo de élite” trabaja en ese tema y que se decidió reforzar el sistema de seguridad. De acuerdo con el exviceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico se decomisaban las máquinas de los bingos de Santa Cruz y, tras el pago de fuertes sumas de dinero, en las que se menciona incluso a fiscales de distrito, se las devolvían.
Además del caso Ostreicher, hay al menos diez casos de extorsión, entre ellos uno de madereros, por $us 3 millones. Gustavo Céspedes, quien actuaba a nombre de Rivera, dio algunas pautas.
Hija de Fortún pide indagar a 4 personas
Tras descubrirse la red de extorsionadores que operaba desde los ministerios de Gobierno y la Presidencia, la hija del fallecido Guillermo Fortún, Ximena Fortún, en nota dirigida al Ministerio de Gobierno, pidió investigar a una lista de fiscales y exfiscales.
En 2011, cuando la familia del político pretendía lograr la cesación de su detención en el penal de San Pedro de La Paz, debido a su deterioro físico, dijo que un abogado, al que no identificó, le solicitó la suma de $us 20 mil para realizar “una audiencia con éxito”.
Se pagó el dinero, pero el fallo no favoreció al líder de Acción Democrática Nacionalista —acusado de uso indebido de $us 2,5 millones de gastos reservados—, en prisión desde octubre de 2010. Ante el reclamo, el abogado le dijo que había entregado el dinero a Dennis Rodas y al fiscal Isabelino Gómez. Por ello, además de investigar a Fernando Rivera, Dennis Rodas e Isabelino Gómez, la hija indagará a cuatro fiscales.
“Estoy pidiendo la investigación contra el (ex) fiscal Harry Suaznábar, Lizandro Álvarez, el propio Róger Velázquez —quien fue el primer fiscal que cometió un sinfín de delitos en el caso de mi padre— y contra el fiscal Félix Peralta, quien luego de una falsa acusación que envía a la Interpol es premiado y ahora es vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz”, señaló. Guillermo Fortún fue investigado por Suaznábar y en más de una ocasión, pese a su delicado estado de salud, se le negó la detención domiciliaria. “Vamos a iniciar un proceso por homicidio contra Fernando Rivera y otros (...) no permitieron que pase sus últimos meses en su casa”, anunció.
El exministro de Hugo Banzer falleció en septiembre. Para estar en la Posta habría pagado una “cuota” de $us 500 y cerca de $us 2.000 por su celda./La Razón
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