Clarín apelará el fallo que declaró constitucional la ley de medios

El Grupo Clarín, enfrentado con el gobierno de Cristina Kirchner, anunció que recurrirá la sentencia que lo obliga a desprenderse de licencias de radio y televisión para adecuarse a las cláusulas antimonopólicas de la Ley de Medios Audiovisuales. El Gobierno anticipó que se notificará al multimedios para iniciar la transferencia de licencias y que ante una nueva medida cautelar irá directamente ante la Corte Suprema.

No hubo 7-D, como el gobierno argentino había bautizado el pasado 7 de diciembre, cuando esperaba que la justicia le permitiera obligar al Grupo Clarín a vender licencias de radio y televisión para adecuarse a las cláusulas antimonopólicas que fija la Ley de Medios Audiovisuales sancionada tres años atrás años.

El ejecutivo tuvo que al esperar al pasado 14 de diciembre para que un juez de primera instancia declara constitucional los artículos antimonopólicos de la norma.

Clarín reaccionó de inmediato, indicando que apelaría la sentencia, lo que prolongaría el pulso judicial con el Gobierno. "Vamos a apelar el lunes mismo y la apelación tiene un efecto suspensivo", dijo al diario La Nación el abogado del Grupo Damián Cassino.

El grupo calificó de el fallo del viernes de "arbitrario, (que) desconoce flagrantes violaciones constitucionales acreditadas e ignora principios aplicables del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que prohíbe los mecanismos de censura indirecta y normas de mercado exclusivas para medios de comunicación".

El gobierno ya hizo saber que ante una eventual apelación de Clarín recurriría directamente a la Corte Suprema de Justicia para evitar dilaciones.

Entretanto, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, declaró que este lunes se notificará al Grupo Clarín sobre el inicio de la transferencia de oficio de sus licencias.

Existen en Argentina 20 grupos multimedios que están violando la ley antimonopolio, de los cuales Clarín es el único que se rehúsa a desinvertir, mientras que el resto presentó voluntariamente planes de adecuación al AFSCA./RFI