Mes a mes, Tarija empieza a subir en el podio de las regiones más conflictiva del país a la par de ciudades capitales como La Paz y Santa Cruz. Según el informe mensual de seguimiento y análisis de la conflictividad realizado por la fundación Unir Bolivia, sobre el mes de septiembre de este año, Tarija ocupa el segundo lugar junto a Santa Cruz con el 18%, como las ciudades más problemáticas del país, después de La Paz que tiene un porcentaje del 20%.
La ubicación geográfica de los conflictos evaluados por Unir refleja que el departamento de La Paz se ubicó una vez más en el primer lugar de la conflictividad del país con un 20%, seguido por Santa Cruz y Tarija, ambos con 18%.
A continuación aparece Cochabamba con el 16%, los departamentos de Chuquisaca y Beni con un 8% de conflictividad, seguido de Oruro y Potosí con el 6%. Durante septiembre no hubo registro de conflicto en Pando.
En el caso de Tarija, el hecho que marcó agenda y que captó la mirada de medios locales, nacionales e internacionales durante septiembre, fue el conflicto entre la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y el Gobierno Nacional con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la Planta Separadora de Líquidos del Gran Chaco.
Según el monitoreo, tras meses de conflicto y varios acercamientos fallidos, finalmente en septiembre se logró un acuerdo entre la APG, el Gobierno y YPFB en torno a la realización de una consulta previa para la construcción de la Planta Separadora del Chaco.
Empero, en las primeras semanas del mes las posturas se mostraban marcadamente diferentes, puesto que la APG exigía la realización de la consulta ya que la obra se realizaría el interior de un Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Yaku Igua, mientras que YPFB afirmaba que no correspondía la consulta por tratarse de un predio privado.
El rechazo a la exigencia indígena ocasionó que el 1 de septiembre los guaraníes tomaran los predios donde se construirá dicha planta y los días 11 y 12 donde se construirá dicha planta y los días 11 y 12 bloquearon la carretera Yacuiba – Santa Cruz y la carretera internacional Nº 9.
Ante estos hechos, el día 13 de septiembre, el Gobierno convocó a negociaciones que permitieron acordar el compromiso gubernamental de viabilizar la consulta previa./El País



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