Transportistas de Bermejo se suman a estado de emergencia

El secretario general del Sindicato de Taxis y Trufis Primero de Mayo, Víctor Hugo Sánchez, manifestó que el miércoles pasado asistió a un ampliado departamental de la Federación Departamental del Autotransporte, donde se aprobó declarar estado de emergencia en rechazo al proyecto de Ley de Extinción de Dominio que promueve el Gobierno para confiscar los bienes provenientes del narcotráfico y fortuna adquirida de manera ilícita, sin tomar en cuenta el origen de los mismos.

Sánchez explicó que en el ampliado estuvo presente la dirigencia del transporte libre, cooperativas de transporte pesado, transporte internacional, transporte unificado, radiotaxis, trufis, demás instituciones del transporte público y la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, quienes determinaron acatar el estado de emergencia instruido por sus organizaciones matrices.

El dirigente agregó que también se coordinará con gremiales y otros sectores del país para efectuar movilizaciones, bloqueos de caminos, paros indefinidos y una serie de medidas de presión, con el objetivo de revertir la medida del Gobierno, la que califica como “atentatoria para su sector”.

Según Sánchez, la nueva ley no es favorable para su sector de aprobarse tal como plantea el Gobierno, porque “pone en serio riesgo a los transportistas, quienes no podrán levantar ni un pasajero, no podrán transportar carga y demás servicios, por el peligro de caer en el ilícito de transportar droga, sustancias controladas y mercadería sin póliza de importación o factura”.

El dirigente considera que el Gobierno debe implementar en los puestos Controles Operativos Aduaneros (COA) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) tecnología de punta, sistemas y métodos actualizados, para detectar droga y mercadería de circulación ilícita, sin poner en riesgo a vehículos motorizados que sean sorprendidos en dicho acto, tomando en cuenta que los choferes y transportistas no están preparados y autorizados para efectuar requisas a cada pasajero o carga.

Por otro lado, lamentó que cuando la Aduana, el COA y la Felcn efectúan sus operativos, desmantelan los vehículos, los destruyen y cuando no hallan nada, el dueño del motorizado debe pagar la reparación de su herramienta de trabajo. “Eso significa un daño económico, vemos que luego de aprobar la ley, no se sujetan a nada, ponen gente que no es profesional”, dijo./El País