Subsidios y los Leninistas de Wall Street

Gonzalo Chavez

Después del fracasado gasolinazo del Gobierno en el año 2010, desde la cúspide del poder, con frecuencia se habla pestes del subsidio a los hidrocarburos. Se sostiene que éste sólo beneficia a contrabandistas, transportistas y a los ricos que tienen muchos automóviles. Se ve sólo la cara fea de la medalla.

Según el presupuesto de 2013 presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el subsidio a los derivados de petróleo llegaría a 1.060 millones de dólares. Para aliviarlo muy parcialmente, el presupuesto propone rebajar en un 30 por ciento el valor del crédito fiscal de las facturas de gasolina o diésel. Con esto se le haría unas cosquillitas de 54 millones de dólares al abultado subsidio, pero el mencionado corte podría tener impacto social importante sobre parte de los ciudadanos que se mueven en la formalidad de los impuestos.

Desde hace varios años, el discurso oficial sataniza a los subsidios a los hidrocarburos con argumentos de corte neoliberal sobre las distorsiones que provoca, minimizando sus impactos distributivos y sociales e ignorando el enraizamiento de este mecanismo de ayuda en la memoria colectiva nacional.

Los subsidios, en general, son instrumentos de política pública legítimos que han sido muy utilizados en diversas economías en el mundo con diversos propósitos. Es impensable el desarrollo industrial en los países avanzados sin subsidios de diverso tipo, que de manera coyuntural o estructural, contribuyeron a aumentar la productividad y competitividad de los aparatos productivos, generar innovación tecnológica, fomentar la educación y entrenamiento de la mano de obra, bajar costos de las tasa de interés, superar restricciones de economías de escala y/o penetrar mercados externos.

Asimismo, los subsidios en salud, educación son ingresos que han permitido mejoras sociales substanciales y cambios en la distribución de la riqueza. En la actualidad, los subsidios a los desempleados en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, están ayudando a sobrevivir a millones de personas, en la brutal crisis recesiva. Los subsidios o transferencias de ingresos condicionadas como la Renta Dignidad o el Juancito Pinto ayudan a aliviar la pobreza en Bolivia. Por supuesto, que como todo instrumento de política pública, los subsidios producen impactos no deseados, externalidades negativas y a veces benefician a grupos privilegiados o crean alguna distorsión en la economía.

En general, la literatura económica conoce los subsidios ciegos o generales, como el de la gasolina en Bolivia, y los directos o focalizados, como los bonos o programas de salud para los niños. Los primeros son fáciles de aplicar por su universalidad, pero tienden a provocar rebalses no deseados. Los segundos son efectivos porque benefician a los grupos más necesitados, pero presentan dificultades de administración, abren las puertas para capturas de rentas por parte de grupos corporativos y generan oportunidades para la corrupción.

Para el pensamiento neoliberal, todos los subsidios son malos, porque distorsionan la estructura de precios relativos de la economía, alternando las virtudes asignativas de la mano invisible del mercado; además, impulsan mercados negros y promueven la captura de rentas por parte de ciertos grupos. Por estas razones, los conservadores, por principio, buscan cortar todo tipo de subsidios.

Sorprende que en pleno auge del autodenominado proceso de cambio se satanice, con fervor y argumentos neoliberales, los subsidios a la gasolina y el diésel, enfatizando solamente sus impactos negativos: beneficio a grupos privilegiados, pero sobre todo incentivo al contrabando de hidrocarburos. Una visión social y pro producción de la economía también debía calificar y cuantificar el impacto positivo de esos subsidios sobre los ingresos de la gente, especialmente los más pobres, que obtienen beneficios económicos importantes debido a las tarifas del transporte más bajas. Asimismo, no es desdeñable el impulso de un diésel más barato sobre la competitividad de soya en el mercado externo. Una aproximación no liberal de los subsidios no niega los impactos negativos, pero no cree en su eliminación total y de una sola vez; no cree que se deba matar a las cucarachas de la casa colocando dinamita a ésta.

El contrabando de hidrocarburos es un problema de debilidad del Estado y debe focalizarse en los grandes negocios; la gente que se beneficia de tarifas bajas del transporte no tiene la culpa de la falta de eficiencia de los órganos gubernamentales encargados del control del contrabando. La colocación de chips a los carros para el control de la compra de gasolina va por buen camino, por ejemplo.

El tema de la productividad de la agroindustria boliviana, demasiado dependiente del precio barato del diésel, debe ser encarado de manera integral. Uso de nuevas tecnologías de producción, mejora de los suelos, créditos más accesibles, seguros agrícolas, generación de empleos de calidad, impuestos progresivos a las ganancias extraordinarias, cambio de tractores y camiones que usen gas natural deberían ser parte de un pacto productivo con el sector que incluya el retiro parcial y negociado del subsidio al diésel.

El hecho que el subsidio esté beneficiando a los ricos que poseen vehículos caros también tiene una solución administrativa simple, basta con colocar impuestos anuales más elevados.

En el tema de subsidios cabe recuperar el pensamiento keynesiano y la visión social y productiva que recomienda gradualidad, sintonía fina y análisis estructura; el leninismo de Wall Street, una rara mezcla del discurso neorrevolucionario y práctica neoliberal, no es un buen consejo en estos casos. Cabe recordar que el gasolinazo de 2010 todavía está muy fresco en la memoria de la gente.