En Santa Cruz y El Alto exigen al poder central que se haga la distribución de recursos a partir de 2013. El Gobierno pide calma. Asegura que la reasignación será desde 2014.
En plena etapa de empadronamiento, autoridades de Santa Cruz y El Alto exigen al Gobierno que se proceda en 2013 con la redistribución de recursos y la reasignación de escaños que corresponden a las regiones sobre la base de los datos oficiales del censo de población y vivienda 2012.
En el lado contrario se ubica el gobernador de La Paz, César Cocarico, que expresó su preocupación ante la posibilidad de que ese departamento pierda el primer lugar en población dentro de Bolivia, que afectará en la redistribución de la coparticipación. Desde Potosí también advirtieron que no permitirán una disminución de recursos ni de representación parlamentaria.
Sin embargo, la ministra de Planificación, Viviana Caro, solicitó prudencia a las autoridades locales y departamentales, a fin de no generar “falsas expectativas” sobre los datos poblacionales que están en etapa de recolección, mientras que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, afirmó que la redistribución de recursos se aplicará a partir de 2014.
Pese a ese llamado, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el presidente del Comité Cívico, Herland Vaca Díez, opinaron, por separado, que a la región le corresponden otros cinco escaños en la Cámara de Diputados y más recursos económicos, porque es la región que registró el mayor crecimiento poblacional en los últimos 11 años y, por ende, la Asamblea Plurinacional y el Poder Ejecutivo deberán hacer viable la nueva reasignación en la gestión 2013 y no en 2014.
Precisamente ese crecimiento es el que preocupa al gobernador paceño, César Cocarico, que teme que su región resulte desplazada por Santa Cruz. En su criterio, es necesario hacer una reflexión para identificar los causas y los motivos por los que La Paz tiene esos resultados.
Desde Potosí, el líder cívico Celestino Condori afirmó que esa región no aceptará el recorte de escaños ni de recursos económicos por los resultados del censo. Opinó que en el pacto fiscal, propuesto por Santa Cruz, se debe analizar el tema poblacional y los aportes económicos de las regiones al fisco nacional por concepto de explotación de sus recursos naturales, como el estaño y la plata.
No obstante, la ministra de Planificación para el Desarrollo, Viviana Caro, afirmó que no solo el criterio de población debe ser tomado en cuenta para la redistribución de recursos, también otros elementos donde no solo se piense en un factor de población, sino en uno de desarrollo económico y humano en las diferentes regiones del país.
La posición de las oficialistas fue reforzada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, que explicó que para configurar el presupuesto a base de los datos del censo, se necesita analizar los resultados finales que publicará el Ministerio de Planificación entre junio y octubre de 2013.
En contrapartida, el jefe de bancada del opositor CN en la Cámara de Diputados, Luis Felipe Dorado, dijo que insistirá para que se apliquen los resultados del censo a partir del próximo año, como establece la Constitución Política del Estado. Una posición similar asumió el titular de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Moisés Salces, que también exigió el empadronamiento de todos los ciudadanos asentados en el departamento.
En ese sentido, el presidente del Comité Cívico advirtió de que los resultados del censo 2012 van a derivar en una nueva lucha de la región contra el centralismo por presupuesto. A su juicio, “se viene otra pelea, la lucha del centralismo contra la realidad del censo”.
Hay 90 días para validar la muestra
Teófilo Caballero | Economista
Una vez pasada la jornada censal, el INE tiene 90 días para validar la muestra y dejar de lado la susceptibilidad que tiene la sociedad civil, porque el hecho de que hubiera faltado boletas y responsables de sectores puede generar susceptibilidad en un futuro para Santa Cruz. Esa validación se hará con la encuesta de control de cobertura y de calidad de respuestas que dieron los vecinos durante el censo.
Si esa encuesta muestra un margen de error de más del 5%, quiere decir que el censo falló. Una parte del error en la distribución de boletas se debe a la falta de una cartografía actualizada./El Deber
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