Con el temor de seguir los pasos de la cooperativa en quiebra técnica San Luis Ltda; la Internacional Ltda. (Intercoop), Nuestra Señora de Cotoca y en menor escala la Piraí, admiten estar con iliquidez y barajan una serie de planes ‘salvavidas’ con el objetivo de reactivarse en el mediano plazo. Si bien las tres entidades aseguran no estar en quiebra técnica y aún operan en sus oficinas centrales, los socios y ahorristas tienen incertidumbre por lo que pueda pasar con sus ahorros.
En el caso de la Cooperativa Intercoop, se requiere con urgencia de $us 500.000 para reflotar, según el jefe de Operaciones, Berthy Guthrié.
La entidad efectúa una auditoría externa y prevé convocar una asamblea de socios en los próximos días para definir su futuro.
La incógnita para los socios es que no han obtenido ninguna respuesta de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y de los ejecutivos de Intercoop, pese a las cartas enviadas desde el 10 de octubre en la cual solicitan información documentada de los estados financieros, nómina de los consejeros de Administración y de Vigilancia, gerentes, etc.
Antonio Rivas, miembro del comité de socios de la entidad, desvela con documentos, las misivas enviadas a la ASFI y a la entidad financiera.
“Tengo 70.000 dólares y nadie me explica cuándo me lo devolverán”, sintetiza.
El afectado tiene un Depósito a Plazo Fijo (DPF) de $us 5.000 que se venció el 15 de octubre y no le fue devuelto hasta el presente.
También tiene varios DPF que se le vencen a fines de 2012 y tampoco sabe si los recuperará o los perderá.
Igual que a él, decenas de socios de la cooperativa Nuestra Señora de Cotoca acuden a la oficina central ubicada en la calle Ballivián y Potosí a buscar una respuesta del nuevo gerente general a.i. Horacio Periri de por qué no se les devuelve sus ahorros.
Las explicaciones que reciben, giran en torno a que se ha instruido una auditoría que determinará la real situación de la entidad la próxima semana y por el momento enfrentan una iliquidez, la cual puede ser ‘salvada’ una vez así lo determine una asamblea de socios a efectuarse la primera quincena de noviembre.
Algunos afectados que pidieron mantener en reserva su nombre, advierten con una serie de procesos penales contra el exgerente José Antonio Sandóval y otros exdirectivos. Sandóval dejó el cargo hace 15 días aduciendo motivos de salud.
Por su lado, la cooperativa Piraí se esfuerza en seguir adelante y asegura que lo peor de todo ya pasó. No obstante, reconoce que hay iliquidez producto de la ‘corrida’ de depósitos que afectó a todo el sistema por la situación de quiebra de la San Luis. También alistan una asamblea de socios para informar sobre una auditoría.
En medio de este escenario, la ASFI, que asegura que continúa fiscalizando e investigando el accionar de las entidades, no da respuestas.
EL DEBER envió un cuestionario a la directora Lenny Valdivia, e intentó en reiteradas oportunidades contactarse con los responsables de la Unidad de Comunicación, pero no se atendió el requerimiento.
Al respecto, especialistas financieros y juristas ponen en el ojo de la tormenta a la institución fiscalizadora por no actuar a tiempo y hacer cumplir a cabalidad la ley.
La Dirección General de Cooperativas, a cargo del Ministerio de Trabajo, también es cuestionada. Precisamente entre las funciones de la Dirección General de Cooperativas está el orientar, asesorar y supervisar a las sociedades cooperativas.
Asimismo, debe vigilar el funcionamiento económico, financiero y contable de las cooperativas, debiendo las mismas, en aplicación de los artículos 46 y 47 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, presentar una copia del balance y la memoria anual del Consejo de Administración con la debida aprobación de la Asamblea General.
A los problemas se añade que algunos presidentes y gerentes de cooperativas están más de 10 años en sus cargos, lo cual viola la actual normativa. La Ley de Cooperativas dice que cada año el directorio debe renovarse.
Un ejemplo es que el exgerente de la San Luis Arturo Cuéllar (actualmente en la cárcel de Palmasola) manejó por 10 años la entidad. Similar situación se da en otras entidades.
Lo que cuestionan los especialistas es que no hay una supervisión eficiente de la ASFI para hacer cumplir la ley, tampoco de la Dirección Nacional de Cooperativas y los consejeros no vigilan a sus ejecutivos.
Las societarIas, sus problemas y sus ejecutivos
Sudamericana
Quebró hace dos años
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sudamericana quebró hace dos años, cuyo principal accionista fue Miguel Ángel Linares, que antes ocupó el cargo de gerente del banco Bidesa. Fue llevado a la cárcel por la ASFI. Hoy en día está libre. Tras este proceso, el turno fue de la San Luis en la que supuestamente estuvo ligado Linares.
San Luis
Malos manejos
Fallas administrativas, presuntos créditos vinculados, malos manejos económicos, una mora por encima de lo permitido en el sistema de intermediación financiera, depósitos del público a tasas altas de interés terminaron en un hueco financiero de $us 28 millones. Hay dos presos. La cartera saludable fue comprada por la Jesús Nazareno.
Intercoop
Requiere $us 500.000
Se formó un comité de fiscalización para evaluar la situación de la entidad financiera. En 10 días más se prevé convocar otra asamblea para presentar un plan de ‘salvataje’ para reflotar a la cooperativa. Urge de $us 500.000 para salvarla. La entidad tiene 2.000 socios afectados. Un directivo afirma que hay un patrimonio por unos $us 2 millones.
Cotoca
En proceso de auditoría
Alex Johannes Jiménez Zilker, asesor jurídico de la cooperativa Nuestra Señora de Cotoca, indicó que la entidad tiene 15.600 socios. Respecto a los activos y pasivos informó que están en pleno proceso de auditoría, por lo que optó por no dar datos. El presidente del Consejo de Administración es José Roca Aguilera y el de Vigilancia, Raúl Banegas.
Piraí
Sin datos actuales
En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria Piraí Ltda., según el informe de gestión reportado por la ASFI a fines de mayo de 2012, sus activos se redujeron en 8,3 millones de bolivianos (22%), su patrimonio mermó en 8,3 millones (23,4%) y sus pérdidas acumuladas llegaron a 23 millones (56,5%). No hay datos actuales.
LA LEY
- Ley 3892. Establece la fiscalización de las entidades financieras no bancarias, las de servicios auxiliares financieros, definidas en la norma que tengan como objeto la captación de recursos del Estado. La autorización, fiscalización, control e inspección de sus actividades y operaciones son de competencia privativa de la ASFI. En el capítulo 1 se establece que las operaciones activas y pasivas, las limitaciones y prohibiciones, son reglamentados por la ASFI.
- Responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración. Del manejo, adquisición, custodia, preservación y destino de los bienes de las cooperativas, así como de las operaciones que involucren estos bienes; de la veracidad de los saldos de las cuentas, los registros e información que se suministre a las autoridades de supervisión y control, a los socios y al público en general; de la existencia y uso correcto de los libros de actas, de contabilidad y de cualquier otro registro prescrito por la legislación vigente, el estatuto y reglamentos aplicables; de la adopción oportuna de las medidas correctivas con base en las observaciones y recomendaciones efectuadas por las autoridades de supervisión, el Consejo de Vigilancia y los auditores externos; asistir a las reuniones convocadas por la ASFI. El miembro del Consejo de Administración que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Consejo, deberá hacer constar en el Acta su disconformidad y voto discrepante debidamente fundamentado.
- Principales atribuciones del Consejo de Vigilancia. Revisar y analizar, cuando menos al cierre de gestión, los estados financieros, así como la marcha administrativa de la cooperativa; vigilar y verificar que los bienes de los activos, los pasivos y patrimonio de la cooperativa se mantengan debidamente registrados, valorados, salvaguardados y que la información contable sea completa, oportuna y veraz.
- Art. 97. Cualquier socio de la cooperativa puede ser miembro del Consejo de Administración, pero independientemente de lo que especifiquen los estatutos, deberá tomarse en cuenta los siguientes requisitos: estar al corriente en el cumplimiento de los compromisos con la sociedad cooperativa; estar en ejercicio de los derechos civiles; no tener antecedentes penales.
Atribuyen el control a la ASFI
El director general de Cooperativas dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Juan Gualberto Sejas Flores, asegura que de acuerdo con la Ley de Bancos y Entidades Financieras, esta dirección no tiene tuición para fiscalizar, ni conoce el movimiento económico de cada entidad, siendo esta atribución exclusiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en el marco de la Ley 3892. “No tenemos conocimiento sobre la quiebra o iliquidez de algunas cooperativa debido a que esta es una atribución de la ASFI. Al no conocer tal situación, no podríamos tener los nombres de los ejecutivos de estas cooperativas, siendo atribución de la ASFI”, asevera.
Sejas aclara que toda consulta debe ser remitida a la autoridad de la ASFI y debe ser esta institución reguladora la que deba dar respuestas.
A escala nacional, el sistema cooperativo (que comprende cooperativas de ahorro y crédito abiertas y societarias) suma alrededor de 1,2 millones de socios. Las societarias en Santa Cruz mueven $us 650 millones.
«Necesitamos suero para fortalecernos»
Horacio Periri / Gerente (Cotoca)
- Según los socios, hay una delicada situación financiera de la entidad ¿cuál es la verdad?
- No sabemos con certeza porque el equipo asesor evalúa el tema. Estamos tratando de cambiar una gran parte de la estructura que había para recortar gastos y mejorar la atención a los socios. Estamos evaluando cada sección, los sueldos, los gastos, etc.
- Si la comparamos con un enfermo, ¿cómo lo define?
- Estamos con dolores en cama. Necesitamos todavía suero para ponernos fuertes.
- Pero hay personas que exigen la devolución de sus DPF...
- La mayoría de la gente cree en la institución y está dispuesta a ponerse la camiseta. El Comité de Vigilancia llamó a una auditoría pública especial para saber la situación real de la cooperativa.
- ¿Buscan inyectar capital para reactivarla?
- Así es. Si los números arrojan los resultados que pensamos, por supuesto que sí. Hay grupos interesados.
«Es producto de la regulación»
Erwin Justiniano / Pdte. Cons.Admin. (Piraí)
- ¿Cuál es la situación económica de la Piraí?
- Hay un problema de iliquidez en todo el sistema cooperativo. Llevamos tres meses en este tema y seguimos de pie. El tema del estado financiero de las cooperativas es producto de la regulación. Le doy un ejemplo, es como antes, vivíamos en casas cuadradas y ahora nos están trasladando a casas triangulares, hay que adaptar muebles, todo. No puedo dar cifras.
- ¿Cuántos socios tienen y cómo piensan salir del lío?
- Solo en viviendas 4.385 y aproximadamente unos 1.200 socios que tienen depósitos. Estamos esperando que nuestros bienes salgan inscritos en Derechos Reales a nuestro nombre. Salen de ahí y vamos a vender una porción de los bienes; con otra porción vamos a sacar créditos con garantías; y otro tanto vamos a garantizar los depósitos del público hipotecando a nombre de los socios, con ello salimos de la iliquidez.
“Hay una ausencia del Estado”
Vicente Cuéllar / Exdirector de Inalco
Las cooperativas han tenido problemas, pero hay que analizar individualmente cada caso, no podemos generalizar. Pienso que en las cooperativas de ahorro y crédito cerradas más que estafa, existe mala administración de lo que es parte responsable el Estado debido a que la entidad encargada de la fiscalización ha sido discrecional. La ley establece que la función del Estado es la fiscalización, pero también la capacitación. Sin embargo, no se cumple ninguno de estos dos extremos, por lo que debemos decir con absoluta claridad que es la ausencia del Estado en este sector lo que deja en indefensión a las personas. Las personas jurídicas no cometen delitos, sino las personas individuales que en caso que sea necesario deben ser juzgadas por la autoridad jurisdiccional competente.
Las cooperativas deben ser manejadas con transparencia porque estas administran recursos económicos de nuestra sociedad, por lo que el daño no solo es institucional, sino que se causa un daño patrimonial a los miembros de las mismas.
“Se debe proteger la plata de los ahorristas”
Alberto Bonadona / Analista
La ASFI y la Dirección General de Cooperativas se tiran la pelota porque hay una indefinición al respecto. Por un lado, la autoridad que autoriza el funcionamiento de las cooperativas es el Ministerio de Trabajo; sin embargo, por el manejo de recursos y por lo que pueda captar el sistema la ASFI debe controlarlas.
Lo cierto es que la parte administrativa debe estar a cargo de la Dirección General de Cooperativas dependiente del Gobierno, pero no así el manejo de dinero. La ASFI está obligada a fiscalizar cualquier entidad financiera, incluso una persona individual que realice transacciones. En consecuencia, si bien parece haber un vacío jurídico, en los hechos se ve claramente que es la ASFI la que tiene entera responsabilidad de fiscalizar cualquier captación o movimiento de dinero. No es que estén de-samparados los socios, pero la ASFI debe adoptar cualquier acción que sea necesaria para proteger la plata de los ahorristas. Por otro lado, estas entidades proliferan en el país./El Deber


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