Ruiz discrimina al Andaluz por denuncias de corrupción

La mañana de ayer, en el afán de conseguir la opinión sobre la información que publicó Andaluz respecto a que la Procuraduría General del Estado comenzó a investigar la presunta rescisión de contrato con la Asociación Accidental El Dorado, conformado por las empresas MOLAVI, AITA y MEALLA, sin embargo, la respuesta de parte del secretario ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruiz Bass Werner, a la periodista de este medio fue de carácter discriminatorio.

“Yo no leo periódicos sensacionalistas…”, fue la respuesta que espetó Ruiz contra la periodista cuando le solicitó hablar sobre el tema de las irregularidades en las variantes camineras al Chaco, de acuerdo a la información que vertió la trabajadora de Andaluz a esta Redacción se intentó incluso tratar de que Ruiz ablandara su postura, sin embargo esto no fue posible.

Minutos después, de acuerdo al relato de la trabajadora de Andaluz, un grupo de periodistas de otros medios interceptaron al secretario Ejecutivo con la misma intención, tratar el tema de las variantes, a lo que accedió amablemente e, incluso, con sonrisas, lo que demuestra que Roberto Ruiz claramente “discriminó” a la periodista de este medio de comunicación ya que no quiso responder a las preguntas que tenía para hacerle.

Esta actitud, claramente se acomoda en el tipo penal señalado en el artículo 22 de la Ley 045 de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que modifica el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal cuyo texto quedará redactado en los siguientes términos: “Delitos Contra la Vida, la Integridad y la Dignidad del Ser Humano”. Mientras que en el artículo 23 da cuenta que se incorpora en el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, el “Capítulo V” denominado: “Delitos contra la Dignidad del Ser Humano”…

Asimismo, el enunciado jurídico da cuenta que se incorpora el Artículo 281 ter.- (Discriminación). La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, IMPIDA O ANULE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS, por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, IDEOLOGÍA, OPINIÓN POLÍTICA O FILOSÓFICA, estado civil, CONDICIÓN ECONÓMICA O SOCIAL, enfermedad, TIPO DE OCUPACIÓN, GRADO DE INSTRUCCIÓN, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a cinco años.

Entonces, se puede evidenciar que el Secretario Ejecutivo, Roberto Ruiz, habría incurrido en la comisión del delito de Discriminación contra la periodista y el periódico Andaluz, acomodándose, presumiblemente, al tipo penal mencionado en la parte superior de este texto.

Como medio de comunicación es lamentable tener que manifestar estas torpezas nacidas de quienes están en cargos de élite al interior de la gobernación, los que olvidaron que su papel es de servidor público y están obligados a brindar información a los medios de comunicación que son los que representan a la ciudadania, en este caso de información sobre hechos que merecen una investigación por la Procuraduría General del Estado, entendiéndose que podría existir una figura de corrupción al haber rescindido el contrato con la Asociación, cuando existen varias cartas e informes de asesoría Legal del SEDECA, para que se deban ejecutar las boletas de garantía que tenía la empresa y que entre las 3 o 5 existentes, suman casi Bs. 7.000.000. ¿Se ha provocado daño económico al estado?./Andaluz

Editorial de Andaluz el lunes 26 de Noviembre:

Nunca dejaremos de hablar de corrupción?...

Estos días la sociedad aunque callada o más bien traumatizada, está siendo testigo de la corrupción sin medida, del robo y estafa de millones de bolivianos, dólares o euros en los que políticos de alta y baja talla, con total impunidad y sin temblarles el corazón, actúan con total desprecio hacia el ciudadano sin importarles las consecuencias y en beneficio propio, creyéndose amos y señores de una sociedad que muchas veces calla, y en silencio soporta con resignación asumida, la crisis que precisamente han provocado los de siempre.

Constantemente, en los medios de comunicación a nivel nacional, vemos como se realizan procesos judiciales, deteniendo a Alcaldes, Diputados y Gobernadores de uno y otro signo, concejales implicados en tramas urbanísticas hasta tal punto, que se han tenido que crear cuerpos especiales del Ministerio Publico para luchar contra este tipo de corrupción política que es más frecuente de lo que se aparenta desde los espacios de poder.

Tarija no es la excepción y un nuevo caso se destapa, la rescisión del contrato con la Asociación Accidental (AA) “El Dorado”, conformada por las empresas AITA, MOLAVI Y MEALLA quienes se adjudicaron la construcción de la carretera Tarija Villamontes variante al Chaco en su tramo ZAPATERAMBIA – ITIGUAZUTI, en la modalidad llave en mano, que no fue ejecutada, el precio total de la obra alcanzaba a Bs. 115.602.225,97 y debería entregarse en el plazo de 3 años, se empezó a construir el 27 de febrero del 2009 en la gestión de Mario Cossío y debería entregarse el 17 de Febrero del 2012.

En cuestión de anticipos, la Asociación recibió Bs.16.789.740, 83. En pago de planillas sumó Bs. 37.416.492,3 que sumados a lo anterior dan Bs. 54.206.234,13. La Asociación apenas cumplió con la ejecución del 18% de la obra, abandonó la construcción en enero del año 2011 y no se ejecutaron las boletas de garantía, sino que se concilio en la rescisión del contrato haciendo tablas.

Muchos anhelan ganar una elección para servirse del Estado. Muchos sueñan con ser asambleístas, gobernadores o alcaldes, para tener lo que nunca han podido obtener mediante su trabajo. Otros que sí lo han tenido, aspiran a tener poder. Esto que pasa frecuentemente en Bolivia, seguramente se repite en otros países de América Latina, donde quienes llegan a postular a un cargo público, lo hacen pensando únicamente en sus propios intereses y la forma de beneficiarse de la mejor manera del Estado. 

Son pocos los que ingresan a la política con el propósito de hacer algo para cambiar las cosas. No muchos están dispuestos a dar lo mejor de sí para contribuir a construir un mejor país, una mejor sociedad y hacerlo con honestidad, honradez y responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 

Estos hechos descubiertos por la prensa, solo son muestras de lo que pasa desde hace algún tiempo al interior del proceso de cambio y en los gobiernos locales y son prácticas usuales al interior de la administración pública que ahora salen a la luz porque la prensa quiso que ello se conociese. De otro modo, los actos de corrupción seguirían cometiéndose y la opinión pública no tendría conocimiento de ello. 

En estos casos y en los que se descubran, la ley debe aplicarse con todo el rigor contra aquellos malos parlamentarios y funcionarios públicos que ven en el Estado un botín en el cual hay que meter mano. Estos actos no son errores ni casualidades. Son actos de corrupción, actos dolosos, que deben ser castigados de manera ejemplar, para que no vengan nuevos corruptos a ocupar sus cargos.

/Editorial de Diario Andaluz