El proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado generó polémica y fricciones al interior del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). Por un lado, está el bloque que encabezan el ministro de Gobierno y la presidenta del Senado, Carlos Romero y Gabriela Montaño, respectivamente, que defiende la constitucionalidad de la propuesta y; por el otro, un grupo de asambleístas que lidera la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, que observa el documento.
La senadora Montaño dijo que su partido no duda de la constitucionalidad del proyecto de Ley de Extinción de Dominio; sin embargo, respeta la decisión del presidente Evo Morales de enviar la norma para su revisión constitucional, con el fin de evitar que se continúe especulando con los alcances de la propuesta.
La legisladora manifestó que los sectores sociales que observan la norma, generaron “mentiras” por los alcances coercitivos del proyecto de ley, entre esos dichos se habría mencionado que “con esta ley desaparece el régimen simplificado y que la gente no va poder heredar cosas a sus hijos”.
En la misma línea, el ministro Romero, proyectivas de la resistida ley, negó que su propuesta sea inconstitucional. “No hay ningún elemento que pueda ser tachado de inconstitucional en el proyecto”, aseguró.
La Presidenta de Diputados sostiene lo contrario, incluso le pidió al Ministro de Gobierno actuar con mayor responsabilidad y que no se le mienta al país porque hubo más de un 60 por ciento de modificaciones al proyecto original, a lo que Romero respondió que era ocioso debatir con Delgado y que esa autoridad no había dimensionado bien los ajustes.
“Es muy subjetivo esto de entrar a los porcentajes. A mí me parece, y lo digo con mucho respeto, (que es) un debate ocioso porque resulta que uno puede modificar una coma y contabilizarla como una modificación que cuenta”, declaró el Ministro.
Horas más tarde, la diputada Delgado salió al paso de esas declaraciones y dijo “yo le voy a pedir al Ministro de Gobierno que asuma mayor responsabilidad cuando elabora normas”.
La Presidenta de la Cámara Baja señaló que la diferencia de criterios con el ministro Carlos Romero, en torno al Proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes, no debe considerarse como una traición. La legisladora aseguró que como miembro del Órgano Legislativo sólo realiza su trabajo para que el gobierno no se equivoque.
“Yo, como Presidenta y como diputada; además como representante del sentir de varios diputados y diputadas, no hemos estado de acuerdo con el proyecto de ley y lo hemos manifestado y lo vamos a seguir manifestando”, sostuvo.
Ante estas discrepancias al interior del partido gobernante y el anuncio de movilizaciones de choferes y gremiales que rechazan la norma, el presidente Evo Morales optó por remitir el proyecto de Ley que confisca propiedades de narcotraficantes, contrabandistas y corruptos, al Tribunal Constitucional para que manifieste si éste es constitucional o no.
Con este anuncio quedó suspendido el tratamiento de la propuesta en la Asamblea Legislativa, que se encuentra en consideración en la Cámara de Diputados, donde fue aprobada en su estación en grande./Erbol
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