Oscar Montes-Todo está penalizado, cualquier acción puede ser daño al Estado

Óscar Montes, alcalde de Tarija y presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia, asegura que “la administración pública se ha penalizado” y propone que se reglamenten los artículos de la Ley Marco de Autonomía sobre la suspensión de autoridades, con el fin de sancionar las faltas por su naturaleza: administrativas, civiles y penales. 

-Desde 2010, al menos 15 alcaldes del país fueron suspendidos. ¿Qué postura tiene al respecto?

-Todo se ha penalizado. Antes había diversos tipo de faltas, las administrativas, que podían ser por una actuación mal realizada o una demora en el cumplimiento del plazo (entre otras) se resolvían con llamadas de atención. En el peor de los casos con descuentos, que era pena máxima. 

Hoy, cualquier decisión, incluso de tipo administrativa, puede considerarse como una acción contraria a la ley o puede ser tipificada como daño al Estado. 

Lo mismo pasa con temas, el civil (del ámbito civil), por cualquier decisión que se haya tomado: se hubiera causado algún daño económico al Estado, por más mínimo que fuera. Antes, lo que se hacía era que la persona dé un resarcimiento del daño, que devuelva los recursos. Hoy no, no sólo que se debe devolver los recursos, sino también el caso tiene vía penal. 

Así que ése es el primer problema que hay, que todo se ha penalizado. La administración pública se ha penalizado.

Segundo tema es que cuando va a un tema penal, la autoridad ni siquiera puede defenderse con las personas o el equipo con el que ha tomado la decisión, sino que lo tiene que hacer por su cuenta y con abogados particulares. Eso pone en una desventaja a la autoridad, porque muchas veces las cosas que acusan son decisiones que se han tomado por lo general todos los temas en beneficio de la población. En Bolivia, hay la costumbre de la presión social. A veces viene un grupo, hace un cerco a la institución y obliga a las autoridades a tomar decisiones de manera rápida. En ese momento, y muchas veces las decisiones no necesariamente siguen un procedimiento administrativo. Y eso ahora ya puede tomarse como una falta grave y penal (').

- Como AMB, ¿qué tipo de seguimiento hacen a estos casos?

-No podemos actuar porque el fiscal lo puede interpretar como si fuese un intento de entorpecer la investigación. 

-El oficialismo dice que esta figura estaba presente en anteriores marcos legales ¿Esto es así? 

-Estaba prevista la suspensión del alcalde, pero cuando había el tema que ameritaba una denuncia de carácter penal. Las faltas administrativas se resolvían en el estrado administrativo; las civiles lo mismo, pero como hoy se ha penalizado todo, ha cambiado sustancialmente el marco ('). 

-¿El MAS recurre a este mecanismo para ganar hegemonía? 

-(La suspensión) es un instrumento que se está mal utilizando. Si bien en principio hubo una arremetida contra algunas autoridades que eran notoriamente diferentes al MAS, hoy esto lo están usando todos contra todos; por lo tanto, es importante que se revise, porque está claro que el objetivo era luchar contra la corrupción, pero hoy de la manera en que se está utilizando, es para fines políticos partidarios, y ya ni siquiera de un partido contra otro, sino de una persona contra otra. Evidentemente hay gente del MAS contra las que no son del MAS, pero también vemos que ocurre entre masistas, y entre gente que no es del MAS. 

Ha trascendido el tema partidario y está inmerso en luchas de liderazgos personales. 

-¿Se debe cambiar la norma?

Hay que reglamentarla, primero despenalizar lo que es administrativo, lo que es civil, y lo penal. Con eso se lograría un gran avance: Todo lo que es administrativo, tenga sanción administrativa, lo que es civil, tenga sanción civil, y lo que es penal tenga sanción penal.

/Pagina Siete