El proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en favor del Estado, que tarta el Legislativo boliviano, sienta de 'inembargable' el patrimonio familiar y garantiza el derecho propietario de los ciudadanos sobre sus bienes muebles e inmuebles, aseguró el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
"El artículo 6 del proyecto de ley en su parágrafo II dice que quedan excluidos de la extinción de dominio los bienes inembargables establecidos en el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil", explicó a los periodistas, según un boletín enviado a la ABI este viernes.
La norma en debate legislativo y que es rechazada por los chóferes y gremiales, determina la confiscación de bienes malhabidos e ilícitos producto del narcotráfico, el contrabando y la corrupción.
El presidente Evo Morales ha machacado con que quienes ofrecen resistencia a esta norma, aporbada en instancia primaria por la Cámara de Diputados, defienden indirectamente a narcos, contrabandistas y corrruptos.
El artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso 8, determina "que es inembargable, es decir imposible de confiscar, el patrimonio familiar, conforme al artículo 32 del Código de Familia y lo previsto en la Constitución Política del Estado", explicó Romero.
Además el artículo 56 de la Constitución vigente refrebda que "toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social".
La carta política en vigor desde 2009, garantiza, asimismo, "la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo".
Lo mismo, consagra el derecho a la sucesión hereditaria.
La Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado establece además que el proceso para revertir el derecho propietario se activa solamente cuando hay una imputación formal en contra de un individuo acusado de narcotráfico, contrabando y corrupción.
Romero aclaró que la Extinción del Dominio no se activa a sola denuncia contra un ciudadano. Sobre todo, debe existir un proceso abierto.
Además, el acusado o la acusada, tendrá 15 días o más, no 5, para presentar pruebas de que su propiedad tiene procedencia legal en caso de ser sorprendidos en flagrancia indirecta y de diez días en flagrancia directa.
El Ministro aseguró que la supuesta afectación a los bienes de gremialistas y transportistas "es absolutamente falsa".
Además denunció que existe una campaña de distorsión sobre el contenido de ese proyecto./ABI
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