Instauración de juicio activará la extinción de la propiedad

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que la confiscación de propiedades prevista en el proyecto de ley de extinción depende de la instauración de un juicio penal y que éste será implementado recién después de que la Subprocuraduría del Estado realice una investigación.

“El proyecto de ley de extinción de dominio subordina, supedita, la acción de extinción a que se instaure un juicio penal”, declaró la autoridad, aunque en el proyecto de ley presentado por él a la Cámara de Diputados no se establece explícitamente este procedimiento.

Romero aseguró además que antes del juicio la Subprocuraduría, luego de ser notificada por el Ministerio Público, deberá cotejar la información, “tendrá que hacer una contrastación de que evidentemente esa persona incurrió en narcotráfico, contrabando, es decir que está en las causales en el delito mayor a los que se dirige esta ley”.

El ministro, quien habló en una entrevista con la Red Patria Nueva, aseguró que quien sea encontrado en delito in fraganti tendrá diez días para presentar sus descargos y si es delito no fragante, 15. Sin embargo, en la propuesta de ley elaborada por el Ministerio de Gobierno se establece que este plazo es de cinco días.

Romero agregó ayer que el procedimiento de confiscación de una propiedad se activa por “decisión del juez en materia penal”, después de haberse agotado la etapa de investigación, a cargo del fiscal, “establecerá que hay indicios y pruebas constituidas para acusar a alguien de narcotraficante, contrabandista o de blanqueo de dinero”.

“Si no se instaura un juicio penal, no hay acción de extinción de dominio”, por lo que “no es una decisión unilateral, arbitraria o unidireccional de la autoridad a cargo de la acción de extinción”, que es el procurador del Estado, insistió Romero, por lo que, según él, sí hay presunción de inocencia en la norma. Diversos sectores que se oponen aseguran lo contrario.

En los últimos días, organizaciones de gremiales, ropavejeros y transportistas rechazaron la aprobación de este proyecto de ley porque pone en riesgo la propiedad privada obtenida por años de trabajo, las mercaderías y las herramientas de trabajo.

No obstante, el Gobierno intenta disipar esos temores y parlamentarios del Movimiento Al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional incorporaron al menos dos modificaciones sustanciales, como el plazo para demostrar la licitud de los bienes de cinco a diez días y el principio de retroactividad.

Mañana es día clave para determinaciones sobre el proyecto de ley de extinción de dominio de bienes a favor del Estado. Por un lado, los gremialistas se reunirán en Santa Cruz para definir medidas y, por otro, el transporte pesado señala que asistirá a la convocatoria del Legislativo/Pagina Siete