Hablan de una reforma de las declaraciones juradas de bienes

Un mensajero de la Asamblea tiene hoy una empresa 

Tras detectarse falencias y errores profundos, el Gobierno y otras instituciones plantean transformaciones estructurales en las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios público, para garantizar la exactitud de los datos e incrementar la transparencia del Estado.

El Ejecutivo anunció que realizará desde el próximo año controles a los funcionarios que más dinero manejen. Planteó tres opciones para mejorar el formulario y se comprometió a ver la posibilidad de que a través de la web cualquier ciudadano pueda ver las declaraciones históricas de los funcionarios y no solo la última, como ocurre actualmente.

La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, informó de que su despacho verificó los datos de 150 servidores y ex servidores públicos. “Nos ha llevado casi un año, porque había que pedir informes a Derechos Reales, a Tránsito y a varias entidades; hay temas que nos llamaron la atención. Por ejemplo: servidores públicos que aumentaron su patrimonio de manera excesiva”.

Destacó el caso de un mensajero de la Asamblea Legislativa desde 2002, que con un sueldo de Bs 2.000, entre 2007 y 2008 incrementó su patrimonio de manera desproporcionada, adquirió 10 vehículos, su esposa tres y ambos abrieron una empresa. Agregó que hay casos de otros “que falsearon sus declaraciones porque pusieron que tenían un inmueble, cuando tenían más de diez”.

Juan León, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que trabaja el tema de Acceso a la Información, señaló que “las Declaraciones Juradas de Bienes no representan el dato real y oficial sobre los bienes y ganancias de las autoridades que, bueno es recordar, no tiene la finalidad de satisfacer una simple curiosidad, sino de garantizar una honesta administración de los recursos públicos”.

Frente a esa circunstancia, se preguntó: ¿Es justificable sostener una burocracia cuya misión fundamental debería ser garantizar la transparencia de las declaraciones juradas? Visto desde la óptica de los funcionarios públicos que cumplen anualmente con esa obligación: ¿Se justifica hacer largos trámites para declarar pocos bienes, pocos ingresos, bajo una amenaza permanente de fiscalización, cuando funcionarios de ‘grandes ingresos’ burlan esos controles con facilidad?”

La ministra aseguró que “desde el próximo año, como lo establece la Ley Marcelo Quiroga, se hará la verificación de las declaraciones de funcionarios que tengan bajo su cargo recursos elevados del Estado”.

Critican información sesgada

La representante nacional de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Yolanda Herrera, consideró que el actual formato de las declaraciones “sesga la información, la limita y no permite que una interpretación de la misma”. Por ello consideró que sería importante que la población tenga acceso a datos históricos de las declaraciones y no solamente a la última, como ocurre ahora, porque eso ayudaría a ver la “elevación de la fortuna de un funcionario. Con cortes, se limita la información”, apuntó. 

Por su parte, la ministra de Transparencia y de Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, manifestó, con referencia a lo planteado por la titular de la Apdhb. “Eso lo vamos a discutir con el contralor general del Estado, no es un tema que corresponda a este ministerio, nosotros simplemente tenemos varias sugerencias que vamos a hacer conocer al señor contralor” aseguró. 

Sin embargo, recordó que todas las declaraciones se quedan en la Contraloría General y cuando una persona es investigada por un hecho penal que tiene que ver con enriquecimiento ilícito, por ejemplo, el Ministerio Público puede pedir una información de sus anteriores declaraciones juradas, al igual que el Ministerio de Transparencia”, agregó la autoridad gubernamental en declaraciones a los medios.

Respetar las normas

Juan León Cornejo/ Director ejecutivo de la ANP

El problema de fondo no son las leyes ni las normas. El asunto es el respeto y su fiel cumplimiento. Lamentablemente es muy común eso de "hecha la ley, hecha la trampa". Es una cuestión ética y moral. Y desde un punto de vista más pragmático, también de imagen: El Gobierno y su principal representante han sido cuestionados por la posesión de bienes y acumulación de ganancias que, aparentemente, no guardan coherencia con un nivel de ingresos anunciados a principios de 2006. Más allá de uno u otro cambio, equiparable a un maquillaje de último momento, el fondo del tema es la credibilidad manchada de alguien que pretende mostrarse austero, transparente y sincero ante sus representados.

Visto así, el caso lastima la imagen de quien tenía la misión de mostrarnos un camino diferente al de sus antecesores./El Deber