La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA fijó un plazo de dos meses al Gobierno de Bolivia para que presente un informe sobre la situación del proceso judicial en el caso de la niña Patricia Flores, violada y asesinada hace 13 años en un ambiente de la escuela Vicenta Juaristi Eguino de La Paz.
“Cumplo con informar a ustedes que mediante nota de la fecha se han remitido las partes pertinentes de su petición al Gobierno de Bolivia y se ha fijado un plazo de dos meses, contados desde la fecha de transmisión de la presente comunicación, para que presente sus observaciones, conforme al artículo 30 del Reglamento de la CIDH”, dice la nota con fecha 23 de octubre de 2012 dirigida a Martha Velásquez, madre de la niña Patricia.
La solicitud llegó a la Cancillería del Estado el jueves pasado.
El ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín explicó que ante esa petición al Estado de Bolivia, el Gobierno tiene “la obligación” de presentar un informe sobre lo que pasó con el caso, que a más de 13 años en el Órgano Judicial aún no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada.
“Lo que debe hacer el Gobierno es informar a nombre del Estado por qué hasta el momento el caso quedó en la impunidad y no hubo resarcimiento para la familia”, añadió. La solicitud de la CIDH responde a la demanda realizada por Patricia Barriga, abogada de la madre de la niña Patricia, en mayo de 2010.
“Hicimos esta demanda porque el Estado boliviano no cumplió con el procedimiento establecido para dar castigo a un delito de violación y asesinato contra una niña de diez años dentro de una escuela que pertenecía al Estado”, añadió Albarracín.
Albarracín remarcó que la solicitud de la CIDH busca una “solución amistosa” con Bolivia. Sin embargo, advirtió que si el Gobierno no responde “mostraría una actitud de rebeldía” y la CIDH podría elaborar un informe estableciendo la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos humanos de la niña Patricia y de sus familiares por ausencia de justicia.
“A partir de esto el caso puede derivar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, terminar con una sentencia contra el Estado y establecer el pago de una indemnización a los familiares de la menor”, anticipó el ex defensor del Pueblo.
Decretos contra abuso sexual
La denuncia presentada contra el Estado boliviano por la falta una sentencia condenatoria ejecutoriada en el caso de la niña Patricia tuvo una atención inmediata de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó la abogada de Martha Velásquez, madre de la menor.
Precisó que esa atención se plasmó en una resolución que instruyó a los ministros de Educación de Latinoamérica tomar acciones contra los delitos sexuales en las escuelas.
“Es por eso que el ministro de Educación de Bolivia se pronunció con un decreto que crea coerción contra delitos de violación en las escuelas”, dijo.
Y el decreto al que se refiere la abogada es el 1302 de Erradicación de la Violencia en las Escuelas, aprobado en agosto con el objetivo de poner fin al abuso, maltrato, acoso sexual y casos de violación contra niños y jóvenes estudiantes en las unidades educativas del país.
La norma establece la suspensión sin goce de haberes de directores, maestros y personal administrativo acusados de cometer estas contravenciones./Pagina Siete
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