En medio de protestas de los acusados, el Juez del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, resolvió suspender por 48 horas, hasta el viernes 30 de noviembre, la audiencia del juicio oral y público por el caso Terrorismo, esto debido a que el Ministerio de Gobierno se habría quedado sin representación, por la detención del Fernando Rivera, que estaba representándolo.
“Mi defendido, tiene un impedimento físico comprobado, todo el país sabe que está en silla de ruedas y no puede asistir y lo declaran rebelde, y el ministerio de gobierno no comparece a la audiencia y no se aplica la ley, estableciendo el abandono de querella”, cuestionó el Otto Ritter abogado del acusa Gary Prado, tras conocer la decisión del juez.
“Estamos ante un tribunal lamentablemente que no es imparcial, que no da ninguna garantía de seriedad, objetividad, estamos a lo que se llama llunqus de la justicia, estamos ante lo que se llama los serviles de gobierno, estamos frente autoridades judiciales comprometidas con el gobierno”, enfatizó.
El profesional acusó a los miembros del tribunal de vulnerar el estado derecho y la normativa vigente, al actuar en contra de lo que establece la normativa boliviana, ya que no estarían aplicando la ley de forma igualitaria para todos.
“No se aplica la ley igual para todos, en qué país estamos, esta es la justicia que queríamos, esta es la justicia del MAS?”, cuestionó.
Afirmó que el caso fue un acto armado por el gobierno nacional, y así lo develo en sus declaraciones el denominado testigo clave, Ignacio Villa Vargas, quien aseguro que el atentando a la casa del Cardenal Julio Terrazas fue planificado y ejecutado por funcionarios del gobierno en turno.
“Este es un hecho armado por el gobierno nacional, donde se ha tratado de estigmatizar a gente del oriente boliviano, esto apunto a destruir la oposición y perseguir nada más”, enfatizó./Agencia Plus


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