Los diputados griegos adoptaron el miércoles 7 de noviembre, poco antes de la media noche, un nuevo plan de austeridad, a cambio de un paquete de ayuda de 31.200 millones de euros (unos 39 mil dólares) pactado con sus acreedores internacionales (la Comisión Europea, la BCE y el Fondo Monetario Internacional, que forman la “troïka”).
El plan, presentado por el gobierno del primer ministro Antonis Samaras, fue apoyado por una corta mayoría de diputados (153), cuando la mayoría teórica es de 176. Los 128 diputados de la oposición votaron en contra de estas medidas que prevén más de 18.000 millones de euros de recortes de aquí a 2016. Durante el debate, más de 70.000 personas manifestaban frente al Parlamento.
“El camino es difícil e impone sacrificios. Pero no hay otra salida más que el voto de estas medidas. No hay escapatoria”, explicó el ministro de finanzas, Yannis Stournaras, ante los diputados.
La aprobación del texto era un condición sine qua non impuesta por la UE y por el FMI para reanudar la entrega de ayuda financiera a Grecia, que sin ella podría encontrarse en cesación de pagos a finales de mes.
La tensión era latente tanto dentro como fuera de la cámara. Frente al Parlamento, un grupo de unos 300 encapuchados dispararon proyectiles y lanzaron cócteles molotov contra la policía. Dentro del recinto, un incidente de sesión “tragicómico” interrumpió el debate.
En efecto, cuando el ministro de Finanzas anunció que los recortes previstos de los salarios de los altos cargos concernían también a los empleados del Parlamento, estos últimos reaccionaron declarándose en huelga, incitando al ministro a retirar la medida, bajo los abucheos.
Durante la noche, se seguían registrando durante la noche enfrentamientos sueltos entre algunos manifestantes y la policía.
La ley-marco sobre "la estrategia de las finanzas públicas 2013-2016" votada incluye un aumento de la edad de jubilación a 67 años, reducciones de pensiones, salarios y prestaciones sociales, y endurece el régimen de austeridad prescrito por la UE y el FMI.
Además, el proyecto de ley rompe con un tabú al abrir la vía a los despidos de funcionarios, mediante la supresión de puestos en la administración y la "puesta en disponibilidad" de agentes condenados por la justicia o los consejos disciplinarios.
Las nuevas medidas se suman a los tres presupuestos de ajuste votados por Grecia desde 2010, a cambio de dos planes de rescate de la UE y el FMI de un total de 240.000 millones de euros que le han evitado hacer ‘default’.
De la aplicación de esas medidas depende la liberación del próximo tramo del rescate, de un monto de 31.200 millones de euros. Atenas espera obtener este dinero el lunes 12 de noviembre, durante una reunión de los ministros europeos de finanzas en Bruselas. Sin ese monto, el país corre el riesgo de declararse en bancarrota el 16 de noviembre./RFI
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