Las obras de la Piscina Olímpica y el Velódromo Departamental, ubicadas ambas en la denominada Villa Olímpica, podrían concluirse sin incremento de costos para la Gobernación si ésta acepta “reconducir” los contratos paralizados por la gestión del exprefecto Mario Cossío Cortez, según se revela en cartas enviadas por la empresa contratista a la actual administración, documentos a los que pudo acceder este medio de fuentes de la Secretaría de Obras Públicas que pidieron reserva.
En una carta dirigida el 31 de octubre de 2011 al gobernador interino, Lino Condori, y al secretario de Obras Públicas, Ciro Vargas, la empresa contratista Ecotar y Asociados propuso “estudiar todas las alternativas jurídicas y administrativas posibles para concluir la obra, sin perjuicio de que paralelamente en sede judicial se efectivicen todas las actuaciones que conforme a ley los jueces naturales estimen adecuadas y convenientes”, dice la propuesta.
En una carta anterior, de fecha 25 de febrero de 2011, la empresa contratista propuso que, “para beneficio de todos los estantes y habitantes de Tarija, evitando... la pérdida de millonarios recursos monetarios,.... la reconducción de contrato podrá activarse dando lugar al cumplimiento de las obligaciones recíprocas, de las cuales está pendiente el pago por concepto de avance de obra a la par de una actualización del plazo de vigencia de la ejecución de las obras”.
En esta última, propone reconducir el contrato manteniendo sin alteración los precios unitarios originales del contrato.
Al respecto, consultado el secretario de Obras Públicas, Ciro Vargas, dijo que la Gobernación no puede continuar las obras con Ecotar, porque se rescindió el contrato con la misma. Según él, “se tendría que reiniciar un nuevo contrato pero no hay esa figura legal”, añadiendo que se consultó a nivel interno como Gobernación, también a La Paz, a la Fiscalía y secretarías y que, en consecuencia, se tienen respaldos para proceder de tal manera, es decir, contratando otra empresa a precios mayores.
“Como actualmente se encuentran en el cierre y evaluación de estas dos obras que son la Piscina Olímpica y el Velódromo, así haya una propuesta ya se ha rescindido contrato”, precisó. La autoridad dijo también que en unos 15 días tienen previsto dar a conocer este informe con toda la documentación mandando a la Fiscalía y a la Asamblea.
Un abogado “administrativista” consultado al respecto, no coincidió con Vargas y dio como ejemplo el caso de Queiroz Galvao y el contrato para la ruta Tarija Potosí, el cual, luego de rescindido por supuesto incumplimiento y ejecutadas sus garantías, el propio Gobierno “recondujo” el contrato y luego aprobó la cesión del mismo a OAS. Según el jurisconsulto, lo que debe primar en las decisiones de las autoridades es el mejor interés del Estado y la sociedad, para lo cual las normas administrativas son claras.
Piscina y Velódromo: Gobernación debe planillas a la empresa contratista
Las obras de los dos proyectos están paralizadas desde septiembre de 2010, cuando en la gestión de Mario Cossío, se decidió suspenderlas.
Según la evaluación técnico financiera de esas obras, la situación sería la siguiente:
Velódromo Departamental
La obra tiene un avance físico de 75%, según el Informe Final del supervisor y para su conclusión se requieren seis meses.
Respecto al avance financiero, es del 73% incluido el anticipo, por lo que no se pudo evidenciar la sospecha original en sentido de que se pagó más dinero del debido a la empresa contratista.
Piscina Olímpica
Esta obra tiene un avance de construcción del 50%, según los peritajes del IDIF y del supervisor. Se requiere de once meses para su conclusión.
Los desembolsos económicos a favor de la contratista; incluido el anticipo, llegan al 45%, por lo que tampoco se evidenciaron pagos en exceso.
En la última visita a las obras, se evidenció que se encuentran en la obra materiales para la continuación de la misma los que, según la fuente consultada, no se los ha pagado a la empresa, como ser: tubos para ejecución de cubierta y otros. Estos materiales equivaldrían a un 10% del monto del contrato./El País


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