El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, anunció el lunes que el Ejecutivo presentará en los siguientes días el proyecto de la Ley de Inversiones que ofrecerá reglas claras a los inversionistas extranjeros.
"Queremos inversiones que nos ayuden a salir de la pobreza y obligadamente tenemos que establecer reglas de juego claritas que no ahuyenten a los inversionistas", justificó, al anunciar a la agencia española de noticias EFE que ese proyecto será presentado "en estos días" a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La nueva ley "tiene que ser atractiva para los inversionistas, tiene que garantizar seguridad jurídica", complementó Choquehuanca.
El Jefe de la diplomacia boliviana dijo, además, que su país, rico en recursos naturales, espera "inversiones con transferencia de tecnología" y no de "saqueo".
Hace poco más de un semana, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió en la XXII Cumbre Iberoamericana seguridad jurídica para las inversiones en América Latina, donde su inversión acumulada supera los 115.000 millones de euros, de los cuales 7.000 millones de euros se invirtieron en 2011.
Según cifras oficiales, la inversión extranjera directa neta en Bolivia pasó de 425 millones de dólares, en 2009 a 860 millones en 2011, principalmente por la llegada de capitales al sector petrolero.
En Bolivia, la española Repsol posee el 37,5% de la concesión del campo Margarita y Huacaya, que forman el bloque Caipipendi, igual que British Gas (BG), mientras que Pan American Energy (PAE) tiene el restante 25 %.
Según EFE, las tres empresas invirtieron 600 millones de dólares en esta fase del proyecto y en una segunda invertirán otros 660 millones, con el propósito de que la producción de Margarita suba en 2014 a 14 millones de metros cúbicos al día.
El presidente Evo Morales exigió en 2006 a las petroleras, entre ellas Repsol y la brasileña Petrobras, a firmar nuevos contratos de operación, con mayores ingresos para Bolivia.
El gobierno boliviano expropió el pasado 1 de mayo una filial de Red Eléctrica Española con la que logró un acuerdo para que la compañía reciba una justa indemnización./ABI
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