Asentados y propietarios hacen causa común contra los “malos dirigentes”

Hablando se entiende la gente, y tras dos meses de fricciones a cuenta de la interpretación de la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario, entre propietarios y asentados, dirigentes y Alcaldía, INRA y campesinos, afectados y avasalladores, fue Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos quien tomó la iniciativa de sentarlos a todos a leer y debatir.

La realización de un censo de asentados en base a los criterios dispuestos en la Ley (una propiedad por familia, permanencia de cinco años o más) y la necesidad de “purgar” a los “malos dirigentes de asentamientos” que se han lucrado con la necesidad de la gente sin recursos fueron las conclusiones más aplaudidas.

Al encuentro, albergado ayer en las instalaciones de la Central Obrera Departamental, asistieron los miembros del Comité de Defensa de la Propiedad Pública, representados por Tamer Medina y Luis Fernando Ortiz, y también miembros de la Coordinadora de Asentamientos Humanos de Tarija (Codaut) representados por su presidente Porfidio León o su asesor Benito Gareca, pero no asistieron otros protagonistas polémicos, como Enrique Moreno quien disputa propiedades en el área de Las Barrancas, o la dirigencia de los asentamientos de Pampa Galana. Ni Dianet Flores ni Tania Gutiérrez ni Ramiro Burgos acudieron al foro de debate.

Entre los ponentes, el fiscal de Distrito, Rodrigo Antelo quien explicó las figuras penadas por ley vinculadas al avasallamiento, como el despojo e informó del papel que cumple el Ministerio Público y el dirigente de la Coordinadora Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) Efraín Chávez.

Las mentiras sobre la ley

Chávez, uno de los promotores de la ley aprobada, se presentó en Tarija para “enterrar las mentiras que se han hecho circular en torno a la Ley 247”, en ese sentido señaló que los terrenos sobre suelo público deberán pagarse a precio catastral y que los mismos podrán ser transferidos y heredados en su momento. También puso énfasis en que la regularización será individual y dejó una advertencia. “No habrá otra ley de regularización”.

Dirigentes como la tía de Marcelo Poma, Tania Gutiérrez del movimiento 1º de Abril o Dianeth Flores, de Tarijeños en Progreso, ambos en Pampa Galana y que en su mayor parte no cumplen con los requisitos de tiempo de permanencia exigidos en la ley, habían señalado que la regularización podría realizarse a través de la organización social, y que la ley podría modificarse a través del reglamento. Chávez fue vehemente en desmentir ésta posibilidad.

Transparentar la situación, todos contra los loteadores

“Que cada organización familia por familia, haga una lista y actualicen los datos en base a los requisitos de la Ley 247” fue una de las conclusiones que leyó Yolanda Herrera. Tanto la coordinadora de asentamientos como el Comité de Defensa de la propiedad han solicitado ésta herramienta para transparentar la gestión. La propia Alcaldía ha reconocido la necesidad, de forma que se pueda identificar a los propietarios que tienen terrenos en otros asentamientos o en otras zonas de la ciudad. Quedó por determinar quien realizará la lista pero fue un primer gran consenso alcanzado por los asistentes.

Efraín Chávez, en nombre de Conaljuve, animó a denunciar a los avasalladores y advirtió que se está trabajando en una ley para penar duramente a los protagonistas. Herrera reconoció tener en su poder denuncias “con nombre y apellido” de gente extorsionada y amenazada “que nos han pedido protección por miedo”.

El problema de la vivienda no está resuelto

Herrera, en las conclusiones, señaló que si bien la ley pone un plazo de cinco años de permanencia en un terreno para acceder al trámite de propiedad, “el problema de la vivienda no está resuelto” por lo que instó a las autoridades a promover políticas públicas que aseguren el acceso a la vivienda a través de un lote urbano, “que es el verdadero problema”, señaló indicando que los planes de vivienda subvencionando la construcción, “no han funcionado”.

En ese sentido, en otra de las conclusiones indicó que “las autoridades deben establecer parámetros que regularicen el precio de lotes urbanos, para luchar contra la especulación, además de tomar las medidas que recuperen terrenos ociosos que no cumplen función social”, el punto fue aplaudido tanto por asentados como por los propietarios de grandes extensiones presentes en el debate.

EL APUNTE

Medina culpa a Burgos por grafitis racistas

En las últimas fechas, a lo largo de la ciudad han aparecido diferentes pintadas de contenido racista y discriminador que ha generado molestias entre gran parte de la población. Tales pintadas vienen acompañadas de una firma “Atte: Tamer”. Durante la reunión de ayer, miembros de la coordinadora le pidieron a Tamer Medina que aclarara tal situación, a lo que el representante del Comité en Defensa de la Propiedad Pública y Privada dijo “con nombres y apellidos que el autor ha sido Ramiro Burgos (dirigente del Movimiento de Gente Sin Techo) con el único objetivo de desprestigiarnos y enfrentarnos”, advirtió Medina./El Nacional