Asambleístas observan convenio entre Tarija y Chuquisaca para cuatro obras

Obras viales comprometidas en un convenio entre las gobernaciones de Tarija y Chuquisaca, como la construcción del puente vehicular Pilaya, obras complementarias Puente Rio Pilaya – Caraparí, puente pasarela Cerro Bravo – Pampa Grande y el puente vehicular San Josecito – Ipirenda Lote 1, fueron observadas por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) y devueltos a la Gobernación tarijeña por no presentar una serie de información que se necesita para su posterior homologación. El secretario ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruiz, explicó que algunas de estas observaciones serán resueltas y aclaradas al ente legislativo con un informe, puesto que otras aclaraciones no corresponden al tratarse tan sólo de un “convenio marco de cooperación interinstitucional” y no de un acuerdo oficial, donde ya se puede hablar de recursos y porcentajes de inversión.

El convenio firmado entre ambas gobernaciones fue suscrito el pasado 8 de agosto del presente año en la ciudad de Sucre, capital del departamento de Chuquisaca, en la que a través de este acuerdo marco se compromete la ejecución de los proyectos de desarrollo ya mencionados.

Según el acuerdo, “el propósito es atender oportunamente las necesidades de los pobladores de la franja limítrofe en ambos departamentos en el marco del ‘vivir bien’ y dotar de proyectos de infraestructura vial consistentes en la construcción de puentes vehiculares, puentes pasarelas más sus respectivos accesos y obras complementarias”, dice el escrito. 

El mismo fue remitido a la ALDT para que pueda ser ratificado, sin embargo, después de una evaluación realizada por la Comisión de Hacienda del ente legislativo fue observado, por lo que corresponde ahora que el Ejecutivo Departamental realice las correcciones necesarias, además de proporcionar más información sobre los proyectos.

La asambleísta departamental, y miembro de la Comisión de Hacienda, Sara Cuevas, señaló que el convenio que establece la ejecución de cuatro proyectos de desarrollo e integración no cuenta con la información sobre el presupuesto aproximado que necesitará cada una de la obras para su ejecución y cuánto debe disponer cada Gobernación.

Cuevas observa que en una de las cláusulas del convenio, la Gobernación de Tarija habría aceptado asignar recursos económicos del 100% para la ejecución de los tres primeros proyectos.

El escrito, en su cuarta cláusula señala que “la Gobernación de Tarija dispondrá del 100% del financiamiento para la ejecución de los primeros proyectos descritos en la cláusula tercera del presente convenio”.

A continuación establece que “la Gobernación de Chuquisaca dispondrá el 100% del financiamiento para la ejecución del proyecto descrito en la cláusula tercera del presente convenio”.

En lo que corresponde, el tercer punto detalla los proyectos que comprometen ambas instituciones: 1. Construcción puente vehicular Pilaya, 2. Construcción Obras Complementarias Puente Rio Pilaya – Caraparí, 3. Construcción Puente Pasarela Cerro Bravo – Pampa Grande y 4. Construcción puente vehicular San Josecito – Ipirenda Lote 1: Puente San Josecito. 

En este sentido, la legisladora de oposición indicó que la comisión decidió devolver la documentación a la Gobernación con las observaciones señaladas para que puedan realizar las correcciones necesarias y nuevamente ser derivada a la ALDT.

Explicó que es necesario conocer los montos económicos de cada uno de los proyectos para saber cuánto invertirá Tarija en estas obras, mientras no se tenga esos datos dentro del convenio, el documento no será ratificado por el legislativo.

LA GOBERNACIÓNEn réplica a lo manifestado por Cuevas, Ruiz indicó que este convenio marco busca un equilibrio para la ejecución de obras en zonas fronterizas.

Señaló que esto da lugar a que las gobernaciones, en gestos de fraternidad y amistad, se puedan desarrollar y resolver así este tipo de conflictos o necesidades de las comunidades cercanas al límite entre los dos departamentos. “En Caraparí- Pilaya, toda la producción viene de Tarija, y todos los insumos que tiene esa población son de Tarija, por eso se planteó este conjunto de obras”, explicó.

Agregó que los puentes vehiculares son fundamentales para Tarija, puesto que en épocas de lluvias, el río crece y los productos que van de nuestra región no pueden pasar. “Las señoras pasan con los niños y con bolsas, ponen en riesgo su vida, esto no puede continuar así”, añadió.

Ruiz aclaró también que el alcalde de Pilaya invirtió en este territorio para construir un puente, el cual pasará por territorio tarijeño, por lo que como departamento se vio por conveniente planificar la construcción de un complemento a esta vía de manera compensatoria. Dijo que todo esto no debería verse ‘como un escándalo’. “Se trata de solidaridad y trabajo entre departamentos hermanos y que permitan construir estos puentes para el beneficio de la población, ya que Chuquisaca construye por Tarija, y por eso los tarijeños también debemos hacerlo por Chuquisaca”, señaló.

En cuanto a los montos de inversión, Ruiz dijo que no conoce al detalle este tema, pero que “con seguridad” el lunes podría proporcionarnos esa información, la cual es manejada también por el ejecutivo seccional de San Lorenzo. 

En cuanto a los plazos para concluir dichas obras, informó que todas esas respuestas serán aclaradas a la Comisión de Hacienda de la ALDT, para que después pueda aprobar este convenio. “No vamos a dejar sin luz a Caraparí y Pilaya por estas restricciones. Hay que hacer unos trabajos por razones de solidaridad humanitaria, deben hacerse sin estar restringidos por una normativa, esto debe flexibilizarse a nivel nacional mediante una norma que permita que en casos específicos se tengan convenios marcos, que permitan hacer inversiones en departamentos vecinos, ya que muchas poblaciones tienen como única conexión a las capitales con departamentos vecinos y otras están aisladas”, remarcó.

Bajo este contexto, la propuesta de Ruiz es que en el caso de proyectos y relacionamientos entre departamentos limítrofes, haya una ley nacional que permita que las gobernaciones desarrollar inversiones en departamentos vecinos, siempre y cuando éstas obras impliquen beneficio para la población inversora.

CLÁUSULA SEXTA Sobre otra de las observaciones hechas por la Comisión en la cláusula sexta del convenio donde señala que dicho documento tendrá “vigencia desde el momento de su suscripción”, la asambleísta Cuevas dijo que cualquier convenio tiene que ser ratificado o aprobado primero por la ALDT antes de entrar en vigencia para que recién pueda tener legalidad. “Si no se siguen los procedimientos, los convenios carecen de la legalidad necesaria para ser cumplidos”, explicó.

En referencia a este reclamo, el secretario Ejecutivo aclaró que cuando se trata de convenios marco, no involucran vigencia ni compromete recursos, puesto que tan solo se constituyen en un tipo de carta de intención.

Para evitar todas estas observaciones, según Ruiz, es necesario que los entes legislativos de ambos departamentos ratifiquen estos convenios para que así los mismos tengan mayor fuerza de ley.

Para finalizar, indicó que el detalle de las observaciones y su presente informe de respuesta debe estar en la Secretaría de las Obras Públicas, misma que dará a conocer al detalle los montos de inversión de cada proyecto./El País