La justicia argentina ordenó el embargo inmediato de todos los activos de la petrolera Chevron en el país, en cumplimiento de un pedido de un magistrado de Quito, como forma de obligar al gigante petrolero estadounidense a honrar un pago de 19.000 millones dólares de indemnización por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana.
La medida, que se realizó "bajo la Convención Interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares", ordena el congelamiento de 100% de las acciones de Chevron en Argentina, 100% de los dividendos de la empresa en Argentina, 100% de la participación de Chevron en Oleoductos del Valle, 40% de las ventas de crudo que hace Chevron a refinerías en Argentina, que en total ascienden a unos US$600 millones por año, y 40% de los fondos de Chevron Argentina en cualquier cuenta bancaria.
Sin embargo, la corporación Chevron declaró a la agencia de noticias AFP no tener activos en Argentina y que todas las operaciones en ese país están a cargo de subsidiarios. "Los abogados de los demandantes no tienen derecho a embargar activos de subsidiarias en Argentina y no se les debería permitir perturbar la continuidad en Argentina de los importantes recursos energéticos", añadió.
El caso remonta al período que va de 1964 a 1990, época en la cual Texaco (firma adquirida por Chevron en el 2001), y que realizaba actividades petrolíficas en el país andino, habría según el Estado ecuatoriano y pueblos indígenas causado daños irreparables en territorio amazónico.
La multimillonaria condena contra la estadounidense Chevron, emitida en febrero de 2011 y confirmada en enero de 2012 por una corte ecuatoriana, creó un importante precedente sobre las garantías que debe ofrecer la actividad petrolera para el cuidado del ambiente.
La sentencia reconocía la contaminación “intencional e ilegal” de la selva de Ecuador por parte de Chevron y consideraba demostrado que liberó “miles de millones de galones de residuos tóxicos en la selva y el suministro de agua”.
En el proceso judicial que ha durado casi veinte años, las comunidades indígenas reclamaban que la empresa petrolera hiciese frente a sus responsabilidades por los residuos tóxicos vertidos masivamente en la selva en los años setenta y ochenta, que tendrían graves consecuencias ambientales pero también en la salud de los habitantes de las zonas afectadas.
La petrolera niega la validez de la sentencia, a la que califica de ilegítima, acusando al tribunal de no ser imparcial./RFI
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