La Unidad Ejecutora de la Planta de Tratamiento de Tarija (Uteptar) debió presentar una propuesta oficial el viernes 26 de octubre a la Comisión de Desarrollo Productivo de la Asamblea Departamental. Se trata de una ley que debía dar prioridad a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que remplazará las colapsadas lagunas de oxidación, y servía para agilizar la expropiación de terrenos en las comunidades de San Blas y Santa Ana la Vieja. Una estrategia de la Gobernación para transferir a la Asamblea la “culpabilidad” sobre temas polémicos y que generan rechazo social, sin embargo, todavía no lo ha hecho.
El director de la Uteptar, Manuel Nava, se encuentra de viaje en la ciudad de La Paz y su teléfono celular se encontraba apagado en la jornada de ayer. De todas maneras, los técnicos de la entidad ejecutora aseguraron que la norma está concluida ya que el anterior jueves le dieron los últimos “retoques”, por consiguiente, lo enviarán en el transcurso de los siguientes días.
La Gobernación dice que necesita la ley para iniciar la obra lo antes posible. Sin embargo, una vez más, el proyecto se queda en el limbo por los trámites burocráticos y la falta de decisión. Los tiempo se acortan y ya no se ejecutarán 11.4 millones de bolivianos anotados en su presupuesto.
Comisión
El presidente de la Comisión legislativa de Desarrollo Productivo, Fortunato Llanos, y su equipo técnico, recibió el 25 de septiembre una iniciativa ciudadana de Ricardo Pacheco sobre la Planta de Tratamiento. La norma fue presentada el 18 de septiembre del presente año a la Asamblea, es decir hace más de un mes y medio.
El retraso del tratamiento de la Ley provocó la molestia del proyectista Ricardo Pacheco, quien reclamó a la Asamblea Departamental. La Comisión se reunió con los técnicos de la Uteptar para analizar la norma, puesto que es la entidad ejecutiva encargada del tema.
Por consiguiente, la Gobernación, a través de la Uteptar, presentó un ante proyecto de ley a la Comisión el 28 de septiembre con el mismo tenor, es decir ambos documentos tienen la mismas características para priorizar la obra pero el de la Gobernación tiene más datos técnicos.
La Comisión conversó con el proyectista, Ricardo Pacheco, para utilizar su proyecto de ley y fusionarlo con la idea de la Gobernación. Por consiguiente, ahora se espera la propuesta oficial de la Uteptar.
Una vez que llegue la tercera propuesta habrá una reunión entre todos los proyectistas para juntar todas las ideas. Luego se socializará en las comunidades afectadas.
Además explicaron que existen comunidades que tienen problemas con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Comisión aprobó el convenio con la entidad para la transferencia de 9 millones de bolivianos, y en ese documento está específicamente que a requerimiento de la Gobernación se dará prioridad al saneamiento de tierras para sus obras de emergencia.
Por ello, la nueva ley de planta de tratamiento le dará el título de prioridad a la obra y así el INRA podrá sanear los terrenos lo más antes posible.
“La idea es que la propuesta llegue a la Comisión, y recién se contarán 15 días hábiles para elevar el informe final al pleno legislativo. Lastimosamente se cumplieron los anteriores plazos pero se hizo una excepción porque se trata de un tema conflictivo y lo adecuado es esperar la propuesta oficial del ente ejecutor, en este caso la Uteptar, porque conoce a profundidad el tema”.
Gobernación justifica la emergencia de la ley
La Gobernación está plenamente facultada para llevar la obra directamente, sin embargo, sus técnicos quieren escudarse en la ley y en el respaldo de la Asamblea Departamental, ya que el tema es conflictivo y las comunidades receptoras se oponen al bien común. Por lo tanto, con la norma, la entidad ejecutiva justificará técnicamente el lugar de emplazamiento de la obra y podrá licitarla y ejecutarla.
El problema es que las comunidades rechazan la obra. Entonces la norma permitirá expropiar los terrenos en Santa Ana La Vieja y San Blas con previa justificación técnica. Mientras que en la Comisión Legislativa comentaron que existe una ley departamental de expropiación y la Gobernación debe justificar técnicamente la utilización de algún terreno.
Mientras la coordinadora regional de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Sandra Baldiviezo, explicó que las instituciones ambientalistas están a la espera de la audiencia comprometida en la Asamblea para darle prioridad al tema. Lamentó que hasta ahora se tarde más tiempo de lo debido, cuando se trata de una situación de emergencia.
LOS DATOS
El ante proyecto de ley menciona a San Blas y Santa Ana como los sitios elegidos
Una vez que llegue la propuesta oficial, la Comisión tendrá 15 días para elevar informe
/El Nacional
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