Piratería, un modo de vida que se reproduce

Contrabando. Hay 1.500 uniformados en Challapata. Se incautaron de 70 vehículos 

Los ‘loros’ son espías que advierten a los contrabandistas cuando se aproximan los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA). Si eso no da resultado, los contrabandistas, que suelen viajar en caravanas de hasta diez vehículos con dos y hasta tres personas cada uno, usan armas de fuego para ahuyentar a los ‘coas’ (agentes) que van en patrullas de hasta 10 personas. Pero, si aun así se produce el decomiso de la mercadería, las mujeres y los niños, a manera de carne de cañón, encabezan las turbas que acuden a rescatar la mercadería o los autos incautados.

Con fuentes de Inteligencia del COA y con testimonios de pobladores de Challapata, EL DEBER reconstruyó la forma en la que operan pueblos enteros del altiplano boliviano en la actividad del contrabando.

Hasta hace algunos años, los pobladores solo cobraban una especie de ‘peaje’ a los contrabandistas para dejarlos pasar, pero, con el tiempo vieron que era más rentable ingresar al negocio.

Es así que muchos se convirtieron en contrabandistas, choferes, falsificadores de placas y documentos, propietarios de garajes, mecánicos transformadores y otros.

El Fiscal de Distrito de Oruro, Gonzalo Martínez, explica que esta actividad está cambiando los valores de la sociedad. Dice que si el hijo de un profesor y el hijo de un chutero son amigos, con seguridad, el primero querrá convertirse en contrabandista.

Los choferes que conducen los vehículos indocumentados son, por lo general, jóvenes e incluso niños que gozan de referencias entre los chuteros (contrabandistas de automóviles), porque tienen la capacidad de hacer llegar el vehículo hasta su destino por caminos alternos. Dependiendo del tramo, pueden llegar a cobrar hasta $us 300 por viaje. En cambio, en todo un mes, un profesor puede llegar a ganar Bs 1.500.

Cuando las caravanas de autos ilegales son interceptadas por los ‘coas’ o cuando se presenta un desperfecto en el vehículo, los choferes deben arrojar la llave al   desierto y abandonar el motorizado porque el COA no tendrá posibilidades de llevarse ese automóvil.

Una vez que los vehículos llegan hasta Challapata, son transformados y, ahí, el dueño encontrará todo falsificado, desde la placa hasta la roseta de inspección vehicular para continuar viaje hacia ciudades o pueblos del interior del país sin sobresaltos.

 Una fuente de inteligencia del COA se atreve a decir que el 80% de los habitantes de Challapata está involucrado directa o indirectamente con el contrabando de autos.

 Challapata y Sabaya eran pueblos sin ley donde los policías y militares no tenían permitido entrar. En algunos puntos se dan el lujo de poner letreros que dicen: “Prohibido el ingreso del COA”.

 Fuentes de la Aduana dicen que, frente a eso, no queda otra que evitar el ingreso porque “puedes entrar, pero en cinco minutos estás cercado y no podrás salir”.

Otro centro parecido al de Challapata es el ayllu Qaqachaca, en Potosí. Pánfilo Condori, dirigente de Qaqachaca, considera que “es engañoso” indicar que su pueblo está involucrado en esa actividad. Sin embargo, reconoce que “el contrabando siempre tiene que pasar por el pueblo y hay personas que han trabajado en eso”. Reconoce que antes los qaqachacas no tenían vehículos, pero que ahora sí poseen uno o dos. En su caso, reconoce que su auto es indocumentado.

Diputados piden trabajo para la gente

Los diputados Ever Moya (MAS) y Franz Choque (Convergencia) son representantes de Oruro; aseguran que no son poblaciones enteras, sino algunas personas las involucradas con la ilícita actividad.

Moya, que representa a los comerciantes de la feria de Oruro, asegura que hay actividades económicas legales en Challapata y que no todos tienen que ver con el negocio de los ‘chutos’. Pese a ser oficialista, dice estar en desacuerdo con el operativo desarrollado en Challapata, que se saldó con dos muertos. Han entrado “como en tiempos de guerra, no comparto con ello”, dijo y luego anunció que pedirá un informe al ministro de Defensa, Rubén Saavedra.

El diputado Choque reconoce que en la zona “no existe la presencia del Estado”, pero se debe implantar una política de “desarrollo alternativo para el altiplano”, con la finalidad de que se legalice la actividad de la gente de esas poblaciones. Su propuesta es instituir una zona franca en Challapata para que se permita a los habitantes del lugar formalizarse en el negocio de los autos usados. El fiscal de Distrito de Oruro, Gonzalo Martínez, dijo que en Challapata, antes de la intervención militar del martes, se producía intercambio de vehículos por droga./El Deber