Periodistas ratifican su inocencia

El director de la Agencia de Noticias Fides, José Gramunt, y el de Página Siete, Raúl Peñaranda, declararon ayer por el juicio que inició el Ministerio de la Presidencia 

Pese a no reconocer la competencia de la justicia ordinaria para su proceso, los directores del diario Página Siete, Raúl Peñaranda, y el de la Agencia de Noticias Fides, José Gramunt, declararon ayer ante la Fiscalía acusados por el Ministerio de la Presidencia por el delito de ‘instigación al racismo’.

Ambos periodistas negaron el cargo y pidieron que el caso sea valorado en el ámbito de la Ley de Imprenta. La fiscal de materia, Claudia Pastén, explicó que esperará tomar las declaraciones a todos los involucrados para asumir una decisión.

El primero en declarar fue Peñaranda, que al salir de la audiencia dijo: “No hemos reconocido la competencia, en la carta que envié antes cuando preguntaron quién era el responsable legal (del periódico) dije que no le hemos reconocido competencia, pero cuando me cita un fiscal a declarar tengo que venir; un director no puede estar por encima de la justicia”.

Peñaranda indicó que la fiscal le preguntó sobre los pormenores de la elaboración del periódico y pidió el nombre del periodista que redactó la nota en la que supuestamente se instiga al racismo. “(Respondí que) no puedo identificar a una persona específicamente, la Ley de Imprenta establece además que el director es el responsable de la totalidad del periódico”, acotó el periodista.

El Gobierno acusa a la Agencia de Noticias Fides (ANF) de haber ‘tergiversado’ el discurso que pronunció el presidente Evo Morales el 15 de agosto en Tiwanaku, por sustituir el adjetivo "flojos" que utilizó el mandatario por el sustantivo "flojera" en el título de la nota informativa.

En horas de la tarde, a paso lento y muy puntual, llegó el padre Gramunt al Ministerio Público; su declaración fue corta, duró unos 20 minutos. La fiscal detalló que el director de ANF fue conciso y que mostró su predisposición para acudir a un nuevo llamado, en caso de que fuera necesario.

Al salir, Gramunt dijo a los periodistas que “somos fieles a la ley, si nos convocan acudiremos y responderemos lo que tenemos que responder”. Calificó como ‘un capricho’ la decisión del Gobierno de continuar con el juicio en la vía ordinaria. Cuando se le consultó si se cometió un error en la mencionada nota, sentenció: “Absolutamente no, lo niego”. 

La fiscal del caso defendió la investigación señalando que “el Ministerio Público está viendo netamente lo que se refiere al artículo 281 del Código Penal, lo que se refiere a instigación al racismo y estamos fijándonos si corresponde o no la tipificación de ese delito”.

El Ministerio Público citó para mañana, a las 9:30, al jefe de Redacción de El Diario de La Paz, Ernesto Murillo, para que responda por el mismo caso. Por la tarde corresponde declarar al director del decano de la prensa paceña, Jorge Carrasco Guzmán.

Para el miércoles, a las 9:30, fue convocado Antonio Carrasco Guzmán, también de El Diario, mientras que para el jueves 1 de noviembre corresponderá el turno a Raúl Garafulic, presidente del directorio de Página Siete. 

El viernes, el vicepresidente Álvaro García Linera cuestionó a los propietarios de ese periódico paceño.

Hay reclamos de sectores de la prensa

Los representantes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) expresaron su rechazo al proceso que inició el Ministerio de la Presidencia a tres medios nacionales por el supuesto delito de discriminación y racismo. Las dos organizaciones coincidieron en que no corresponde un juicio en la vía ordinaria porque atenta contra la Constitución Política del Estado (CPE)

“Hemos venido a expresar nuestra protesta porque un tema de esta naturaleza está yendo a la justicia ordinaria, este es un caso que tiene que ser tratado, si es que hubiese lugar a haber un juicio, en el ámbito de la Ley de Imprenta y de los tribunales de ética de los periodistas, la Constitución dice de manera expresa que este tipo de temas deben tratarse dentro de ese marco legal”, dijo Juan León, de la ANP.

Según León, se está atropellando la Constitución al pretender juzgar este tema en el ámbito de la justicia ordinaria, cuando debería hacerse en un Tribunal de Imprenta. 

Por su lado, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, advirtió de que la acción judicial se constituye en “un amedrentamiento directo a la libertad de expresión, una invitación abierta a la autocensura en los periodistas”.

Fiscal falta y Percy no declara

El alcalde Percy Fernández acudió a las 10:00 de ayer a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para responder por la agresión en contra de un fotoperiodista de EL DEBER, pero la declaración fue suspendida debido a la ausencia del fiscal asignado al caso, Mario Ballivián.

La inasistencia del representante del Ministerio Público fue cuestionada por el secretario general de la Federación Sindical de los Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz (Fstpsc), Roberto Carlos Hurtado, porque forma parte de las medidas dilatorias para favorecer al burgomaestre.

Sin embargo, Ballivián explicó que no se presentó a la Felcc porque estuvo en una audiencia cautelar fijada para las 8:45 en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal, pero que finalmente tampoco se efectuó. 

Sobre la inasistencia, el coordinador de los fiscales, Jaime Canedo, informó de que los representantes del Ministerio Público solo fijan la fecha de las declaraciones testificales, mientras que un juez define las audiencias cautelares.

En el caso de ayer, Ballivián dijo que priorizó la audiencia convocada por el juez, ya que se definía la libertad de una persona.

El alcalde Percy Fernández es acusado por los delitos de obstrucción al trabajo, obstrucción a la libertad de expresión, discriminación y racismo por instruir a los gendarmes que retiraran de un acto público al reportero gráfico Enrique Canedo, además de descalificarlo.

Fernández deberá presentarse el 7 de noviembre para responder por el mismo caso./El Deber