Imponen duras penas por corrupción en Brasil

El publicista Marcos Valerio es el primero en ser condenado por el ‘juicio del siglo’ por desvío de fondos durante el Gobierno del expresidente Lula da Silva 

La Corte Suprema de Brasil definió ayer una pena de 39 años y cinco meses de cárcel para el publicista Marcos Valerio Fernandes, uno de los acusados del llamado ‘juicio del siglo’, referido a corruptelas denunciadas durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

Fernandes, uno de los 25 reos declarados culpables en este sonado proceso, fue condenado por asociación ilícita, corrupción activa, malversación, lavado de dinero y evasión de divisas y, aunque el resultado será oficialmente proclamado hoy, se considera ya como la primera condena firme del proceso.

La condena, según un último análisis que los jueces harán hoy, pudiera variar en algunos meses y llegar a un máximo de 40 años, un mes y seis días de prisión.

La pena definitiva, en cualquier caso, superará holgadamente el máximo de 30 años que prevén las leyes brasileñas para cualquier tipo de delito, por lo que en la realidad el tiempo que Fernandes pasará en prisión no irá más allá de ese límite legal.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía y comprobada por el Supremo, Fernandes fue el "operador" de la trama, a través de dos de sus empresas que fueron puestas al servicio de la "máquina de corrupción" que funcionó durante el primer mandato de Lula.

Según se comprobó en la investigación, el patrimonio de Fernandes se multiplicó nada menos que 60 veces entre 2003 y 2005, en medio de los escándalos que ha juzgado el Tribunal Supremo.

El publicista era un perfecto desconocido para la enorme mayoría de los brasileños hasta junio de 2005, cuando el entonces diputado Roberto Jefferson, el denunciante de la trama y otro de los reos en este proceso, dijo que había un "calvito" que "andaba por Brasilia repartiendo dinero".

Tras esa revelación, las autoridades y la prensa fueron tras Fernandes y comenzaron a aparecer sus relaciones estrechas con el Partido de los Trabajadores (PT) y cuentas publicitarias con organismos del Estado otorgadas de forma sospechosa, que luego se comprobó amañada.

También se descubrió un colosal movimiento de dinero en efectivo desde las cuentas de sus dos agencias, por las que pasaron unos 70 millones de reales (hoy $us 35 millones) en operaciones que siempre coincidían con alguna votación importante en el Congreso.

La misma arquitectura financiera usada para la corrupción con el PT ya habría sido usada en 1998, en otro caso de corrupción que el Tribunal Supremo juzgará el año próximo, referente a diversas irregularidades denunciadas en el estado de Minas Gerais, de donde Fernandes es oriundo.

Según la denuncia, el publicista montó una trama similar, aunque en menor escala, para apoyar la relección del entonces gobernador de Minas Gerais y actual senador Eduardo Azeredo, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Tras completar el trámite de dictar sentencia con Fernandes, el Supremo continuará sus deliberaciones sobre las penas que aplicará a los otros 24 reos.

El principal desafío de Rousseff

Hugo Siles / Analista internacional

Uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno de Dilma Roussef es erradicar la corrupción. Brasil es un país tremendamente burocrático y con tan grandes intereses económicos, lo que lleva a una fuerte presión sobre el poder político. En ese contexto se entiende el denominado ‘juicio del siglo’ que ha desnudado los desvíos de fondos durante la gestión del expresidente Lula da Silva. 

Hasta ahora Da Silva ha logrado eludir su eventual responsabilidad en este caso de malversación de fondos públicos, pero el escándalo ha golpeado muy duro al Partido de los Trabajadores (PT), su principal aparato político.

Con Dilma Rousseff hay un cambio, especialmente después de los primeros seis meses de Gobierno, cuando ella comenzó a deshacerse de los principales delfines de Da Silva. Pero también hay que entender que su gestión está muy atada a los beneficios sociales que se han prometido a la base social del PT a través de bonos contra la pobreza. Al ser tan pesado, el sistema reproduce la corrupción. Fernando Collor de Melo terminó implicado en corrupción porque los grandes intereses empresariales tienen mucho peso en los poderes públicos. 

Estos sectores inciden en las campañas electorales, que son muy caras y son financiadas por estos grupos de poder.