El proyecto busca castigar el contrabando y el narcotráfico
Representantes del sector gremial protestaron ayer por las calles de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz en contra del proyecto de ley de extinción de dominio de bienes, y establecieron un plazo de 72 horas para que el Gobierno deje sin efecto el proyecto, caso contrario amenazan con iniciar bloqueos de carreteras.
Pese a las protestas y lejos de emitir señales de retroceder en el tratamiento de la ley, el presidente Evo Morales afirmó que algunas organizaciones sociales parecen defensoras de los contrabandistas y narcotraficantes porque se oponen a una norma que permita revertir bienes a favor del Estado de aquellos que incurran en los citados delitos, como señala el proyecto de ley que está en tratamiento en la Asamblea Plurinacional.
Los gremiales se sumaron a los transportistas, que la semana pasada realizaron un paro nacional, a excepción de Santa Cruz, en protesta contra la norma que está en debate en la Asamblea Legislativa.
El proyecto establece que, a través de la Procuraduría, se procederá al decomiso y confiscación de bienes que sean producto de actividades del narcotráfico, contrabando, corrupción pública y legitimación de ganancias ilícitas.
Eso ocurrirá en el caso de que el investigado por estos cuatro ilícitos no logren justificar, en un plazo de hasta cinco días hábiles, la legalidad del origen de los bienes que ostentan. La norma también prevé que un procedimiento administrativo extinga el derecho propietario de una persona sobre bienes que pudiera haber obtenido de manera ilícita. La condición es que exista un proceso en el ámbito penal.
Tras la arremetida de los gremiales, los diputados masistas Jorge Santibáñez, que representa al transporte de Cochabamba, y su colega Galo Bonifaz, de Pando, rechazaron la vinculación que hacen a ese sector con el narcotráfico. “Es una canallada que digan eso. Si realmente alguien asevera eso es porque tiene pruebas”, afirmó Santibáñez, mientras que Bonifaz cree que hay choferes que se dejan convencer para incurrir en actos ilícitos.
La protesta de los gremiales se replicó en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, donde miles de comerciantes protestaron contra el proyecto de ley. En la capital cruceña la manifestación estuvo liderada por Jesús Cahuana y el concejal suplente Róger Lavardens. Hubo cuatro piquetes de bloqueo. “Este Gobierno quiere ‘cubanizarnos’, quiere que todos nuestros bienes sean del Estado y que no tengamos nada”, protestó Cahuana, y recordó que si el Gobierno quiere controlar al narcotráfico es con la ley 1008; si busca sancionar al contrabandista está la norma aduanera, y a los funcionarios públicos es con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Desde La Paz, el líder de la Confederación de Gremiales, Francisco Figueroa, declaró que con estas movilizaciones se inicia la lucha en las calles contra ‘la ley maldita’. Sin embargo, el senador masista Eugenio Rojas, dijo que la protesta de los gremiales es por falta de información sobre el proyecto de esa norma.
El diputado opositor Osney Martínez, de CN, anuncia un proyecto de ley para establecer sanciones a quienes transportan hoja de coca excedentaria.
En la ONU apoyan el proyecto
El representante de la oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en Bolivia, César Guedes, manifestó su apoyo al proyecto de ley de extinción de dominio de bienes a favor del Estado porque, en su criterio, es una norma que coadyuvará con la lucha contra las drogas en Bolivia.
El proyecto, que aún se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es considerado por Guedes como un mecanismo importante para optimizar la lucha antidroga, siendo una ley específica y acorde con la realidad boliviana.
Pero los representantes del sector trasporte y de los gremiales la rechazan por considerar que es una ley que afectará directamente a sus afiliados en caso de encontrar en un vehículo o en un domicilio mercadería de contrabando o con sustancias ilícitas, siendo estos incautados a favor del Estado.
En la jornada
- Movilización. En Santa Cruz hubo cuatro puntos de bloqueos. El primero fue en la rotonda del Cristo Redentor; otro en el tercer anillo de la doble vía a La Guardia, mientras que los comerciantes de Warnes se apostaron en los km 18 y 20 de la vía a Santa Cruz-Warnes.
- La observación. Hay rechazo al proyecto de ley porque fija un plazo de cinco días para probar el origen legal de una casa o un vehículo de los acusados de contrabando o narcotráfico. Los legisladores analizan subir a 20 días.
- Rechazo. La ley también permitirá al Estado confiscar un bien si en el mismo la Policía descubre contrabando o drogas pertenecientes a terceros. La investigación será hecha sobre bienes con un valor mayor a $us 10.000, según el proyecto./El Deber


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.