Gobierno descarta ley de medios y control de redes

El vicepresidente pide a trabajadores de la prensa liderar cambios y acusa a Página Siete de estar ligado a la derecha chilena. El periódico rechaza la imputación 

“Hoy la prensa está de luto”, así empezó el vicepresidente Álvaro García Linera su conferencia de prensa en la que acusó a un periódico paceño de mentir. No obstante descartó que se elabore una ley de medios que regule el trabajo de la prensa y afirmó que ve ‘imposible’ controlar el uso de las redes sociales y de la Internet.

García Linera aseguró que quienes deben liderar cambios en las normas que regulen el trabajo periodístico son los trabajadores de la prensa. “No lo hemos pensado (elaborar y aprobar una ley) y repito lo que dijimos en su debido momento, ojalá de ustedes venga una iniciativa, una actitud creativa; si entre ustedes no hay algún tipo de voluntad, seremos respetuosos; si de ustedes surge una actitud formativa que ayude a mejorar su trabajo y su vinculación con la sociedad y su respeto hacia la verdad será lo que nosotros apoyaremos, pero como Gobierno no”.

Sobre una posible regulación a la información y a las opiniones que emergen en la Internet, García Linera afirmó: “Por cómo se mueve ese ámbito, es una nube planetaria. Póngale usted una reja a la nube, no puede, lo que sí puede es reflexionar y que las redes pueden ser sitios de formación, de reflexión, de crítica muy constructiva, y eso es bienvenido”.

Los intentos de hacer una norma que regule la información y la opinión en Internet resurgieron entre algunos legisladores oficialistas, luego de que el propio vicepresidente revelara que anota todos los insultos que le hacen al presidente en el ciberespacio.

Sin embargo, las voces disonantes aparentemente se impusieron en el oficialismo. “No hay ningún debate sobre ese tema en la bancada”, aseguró el jefe del bloque oficialista en el Senado, Eugenio Rojas.

En todo caso, el vicepresidente convocó a la conferencia de prensa para hablar de una nota que publicó el periódico Página Siete, en el que se atribuye a García Linera la confirmación de que la figura del desacato volverá al Código Penal. Acusó a este medio de “mentir” y de estar ligado a intereses de la derecha chilena y de anteriores gobiernos como los de Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer. 

Mencionó que el hermano del presidente del directorio de ese medio, Dieter Garafulic, está casado con la diputada chilena Mónica Zalaquett, que el 10 de octubre consideró “el uso de las aguas del Silala por parte de Bolivia como ‘provocación’”. 

El director Raúl Peñaranda ratificó el enfoque periodístico. “No nos hemos equivocado, el enfoque de nuestro titular es correcto, la figura de desacato implica injuria contra las autoridades, eso es el desacato y por lo tanto cuando el vicepresidente dice que va a reponer en el Código Penal o va a incluir una figura que sancione las injurias contra autoridades, por lo tanto estamos hablando de la misma cosa”, respondió el periodista. Respecto a supuestos nexos con la derecha chilena, indicó: “Rechazamos totalmente esa declaración, que califico de injuriosa, es lamentable que el vicepresidente diga ese tipo de cosas”.

Peñaranda aseveró que el periódico Página Siete en los dos últimos años publicó 24 editoriales sobre el derecho boliviano de tener una salida soberana al mar y de usar las aguas del Silala, “más que cualquier otro periódico boliviano”.

Es necesario actualizar la norma

Antonio Vargas / Titular de la APLP

Nosotros estamos bajo el mandato de la Constitución Política del Estado, donde se señala que el trabajo periodístico va a descansar sobre tres pilares: los códigos de ética, las organizaciones de periodistas, la autorregulación y la Ley de Imprenta. 

Respecto a esta última, evidentemente es necesario hacer unas actualizaciones de su contenido en cuanto a la implementación para que ya no sea confiada íntegramente a los concejos municipales y en el tema de las sanciones también. 

Se debe incorporar de la misma manera un capítulo especial que habla específicamente de las tecnologías de la información, de la comunicación. Sin embargo, es muy importante señalar que desde la misma Ley de Imprenta debemos instrumentar mejor el mandato autorregulario que tiene la Constitución. A pesar de que ahora nosotros estamos funcionando con una autorregulación confiada en dos tribunales de ética, es necesario apuntalarlos aún más.

Sobre la regulación de información y las redes sociales no-sotros saludamos que haya imperado la cordura porque naturalmente esto contradice la Constitución, donde se señala que la correspondencia goza de la inviolabilidad, en ese sentido cualquier disposición regulatoria vulneraría su mandato.

No hay garantías para proponer

Marco Dipp | Presidente de la Asociación Nacional de la Prensa

Existe un compromiso del presidente que nos lo ha expresado a todas las organizaciones de prensa de Bolivia en la última reunión en Palacio de Gobierno y es que no se va a tocar la Ley de Imprenta y que no tiene la intención política de modificar ni abrogar la norma, por lo que no vemos que tenga que debatirse ninguna otra ley.

Ni los medios de comunicación ni los periodistas tenemos la responsabilidad de legislar, ni de crear leyes, entonces de hecho no creo que nosotros tengamos que debatir una legislación para regularnos nosotros, no hay peor ley que la que no se hace. En este caso, creo que los medios hemos dejado muy claramente establecido que respaldamos plenamente el espíritu de la Ley de Imprenta, que si bien terminológicamente no está adecuada al contexto actual, es el espíritu que defendemos y respaldamos plenamente. 

A nosotros nos preocupa sobremanera que se pretenda abrir el debate de una ley referida a la regulación de medios de comunicación o del ejercicio de la prensa cuando hemos tenido abundantes muestras de que no tenemos ninguna garantía de que lo que vayamos a proponer los periodistas sea respetado en el marco de la Asamblea Legislativa o del debate político que pueda presentarse allá y tenemos bastantes casos en lo que esto ha sucedido. El último caso es el de la ley del seguro de vida para los trabajadores de la prensa./El Deber