A tiempo de indicar que actuó en el marco de la normativa establecida en la ley de ejecución penal para otorgar el permiso especial al condenado Pablo Fabián Cossío Cortés, la juez de Ejecución de Pena, Miriam Flores indicó que la acción asumida por este, afectará al resto de los internos del Penal de Morros Blancos, cuando se quiera aplicar una medida similar.
Ante el anuncio del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de presentar una denuncia penal contra la jueza de Ejecución Penal de Tarija, Miriam Flores, por el permiso otorgado a Pablo Cossío, la aludida aseguró estar dispuesta a someterse a cualquier proceso, al asegura que actuó en cumplimiento a la normativa nacional.
“Me llama mucho llama la atención que verdaderamente, de que habiéndose tratado en un marco de igualdad, habiéndose beneficiado conforme la ley establece y sin hacerle ningún tipo de discriminación, el señor Pablo Cossío ha recibido un trato igualitario y que lamentable este hecho de que el no hubiera regresado al penal, desconocemos los motivos y esperamos conocerlos en la audiencia prevista para este miércoles”, sostuvo la juez.
De acuerdo con la juez, la acción asumida por el condenado Pablo Cossío, no sólo deja en una muy mala situación al juzgado a su cargo, sino también es perjudicial para el resto de los internos del penal de Morros Blancos, que están a la espera de los beneficios que la ley establece.
“Realmente esto deja en muy mala situación de que otorgando lo que la ley dice la persona condenada en vez de cumplir fielmente lo que se ha comprometido hacer, tenga darse este tipo de situaciones que dejan en muy mala situación y/e incluso el nombre de mi persona como si se hubiera obrado de manera incorrecta”, remarcó.
A criterio de la juez, de ratificarse la denuncia de fuga, el hermano del gobernador suspendido se habría burlado de la justicia boliviana.
En cuanto a los cuestionamientos de la gobernación, que afirmó que el permiso otorgado al condenado fue irregular, la juez se limitó a responder que cumplió con toda la normativa que establece el artículo 167 de la Ley 2298.
Asimismo, la juez remarcó que está dispuesta a someterse a cualquier proceso disciplinario o penal que se le inicie, ya que sus acciones fueron desarrolladas en el marco de la legalidad.
“Considero que las autoridades como cualquier ciudadano están en todo el derecho de conocer si es que algún administrador de justicia ha obrado al margen de la ley, y obviamente no tengo ninguna objeción a cualquier proceso que se pueda realizar, toda vez que la actuación de la suscrita ha sido en el marco de la Constitución Política del Estado, Ley Ejecución Penal, Tratados y Convenios Internacionales, y en estricto cumplimiento de la ley”, enfatizó./Agencia Plus


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