Aproximadamente treinta familias asentadas en la zona de Aranjuez Norte están conminadas a desalojar hoy esos predios, que se encuentran en conflicto de propiedad y que la Alcaldía pretende expropiarlos y destinarlos a un área verde, para que sirva como pulmón de la ciudad.
En caso de que los asentados no acaten esta disposición, la Alcaldía presentará una denuncia contra estas personas bajo los delitos de daño económico al Estado y violación a las normas medioambientales por el talado de árboles y el movimiento de tierras, en un “patrimonio paisajístico”.
El director de Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal, Álvaro Orosco, informó que concluye hoy el plazo para que estas personas desalojen los predios, dando cumplimiento a un acuerdo suscrito entre la Alcaldía y los dirigentes de los asentados en Aranjuez Norte.
“Hemos firmado un documento que ellos tienen hasta el día de mañana (hoy) para que, a través de una organización interna, salir de manera voluntaria, caso contrario, ya está lista la demanda para llevar a la Fiscalía y que se inicie el proceso debido de investigación”, aclaró.
En caso de resistencia de estas familias a los plazos de desalojo, Orosco dijo que la Fiscalía deberá realizar el procedimiento para que a través de una orden judicial se coordine tareas con las instituciones del orden público y activar un retiro utilizando la fuerza, que podría conllevar a enfrentamientos.
Entre junio y julio de este año, la instalación de carpas proliferó en esta zona debido a un nuevo asentamiento que, para su “comodidad”, hizo derribar árboles y movimientos de tierra con maquinaria pesada para abrir caminos.
A los cinco meses de instalado este nuevo asentamiento, que parecía un nuevo barrio más en la ciudad, contando incluso con servicio de transporte público, tiendas y otros, la municipalidad decidió tomar cartas en el asunto conminando a estas personas, a través de un acta de entendimiento, al desalojo inmediato debido a la ilegalidad con la que habrían actuado.
Orosco aclaró que tras haberse cumplido con los plazos establecidos en el acuerdo con este sector, y al comprobar si hay incumplimiento, lo que procede es un desalojo forzoso utilizando la fuerza pública, previa a una orden emitida por las instancias judiciales.
El asesor jurídico de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Horacio Rodríguez, aclaró que el acuerdo es claro y sólo daba el plazo de unos días para que estás familias abandonen esta zona.
En este sentido, Rodríguez explicó que la demanda a presentarse ante el Ministerio Público podría ser penal o, en su caso, administrativo. Se utilizaría el acuerdo como prueba para utilizar la fuerza pública en un posible desalojo.
“PREDIOS EN DISPUTA”
El funcionario municipal aclaró que los terrenos que fueron avasallados en Aranjuez Norte presentan un conflicto en el reconocimiento del derecho propietario, puesto que en los últimos meses habrían aparecido varios dueños y esta dependencia no puede identificar un titular legítimo. “Lamentablemente la oficina (Dirección de Ordenamiento Territorial) no determina quien cuenta con mejor derecho, lo que sí está establecido en el PMOT (Plan Municipal de Ordenamiento Territorial), es que esas áreas son de interés paisajístico y natural, por lo tanto, está prohibido cualquier tipo de asentamiento”, explicó.
“PREDIOS EN DISPUTA”
El funcionario municipal aclaró que los terrenos que fueron avasallados en Aranjuez Norte presentan un conflicto en el reconocimiento del derecho propietario, puesto que en los últimos meses habrían aparecido varios dueños y esta dependencia no puede identificar un titular legítimo. “Lamentablemente la oficina (Dirección de Ordenamiento Territorial) no determina quien cuenta con mejor derecho, lo que sí está establecido en el PMOT (Plan Municipal de Ordenamiento Territorial), es que esas áreas son de interés paisajístico y natural, por lo tanto, está prohibido cualquier tipo de asentamiento”, explicó.
En este contexto, Orosco anticipó que todos estos elementos serán presentados ante el Ministerio Público en calidad de prueba de descargo, en caso de que estas familias no quieran desalojar la zona de manera voluntaria.
El Comité de Defensa Social de la Propiedad Pública y Privada en Tarija sostiene que existen organizaciones criminales que se dedican a movilizar gente humilde para avasallar terrenos, preferentemente usurpar tierras en conflicto donde hay varios propietarios, para luego negociar con los supuestos dueños el valor y la permanencia en el mismo.
Posteriormente, las advertencias no se dejaron esperar, tanto por el comité, municipalidad, la Policía y ahora el Ministerio Público, que empieza a tomar cartas en el asunto iniciando procesos penales a algunos traficantes de tierras identificados operando en la ciudad.
EXIGEN CUMPLIMIENTO
El concejal Sergio Gallardo dijo que espera que la Alcaldía haga cumplir las normas ediles y hacer respetarlas, refiriéndose precisamente a los avasallamientos de tierras.
EXIGEN CUMPLIMIENTO
El concejal Sergio Gallardo dijo que espera que la Alcaldía haga cumplir las normas ediles y hacer respetarlas, refiriéndose precisamente a los avasallamientos de tierras.
Sobre las denuncias en contra de algunos asentamientos interpuesta por la municipalidad, Gallardo manifestó que habría que constatar si en realidad se hicieron efectivas tales acciones, puesto que, según uno de los dirigentes del asentamiento Las Barrancas habría manifestado, no existe ningún proceso en contra de ellos.
Asimismo, mencionó que para evitar más avasallamientos es necesario activar proyectos de vivienda en Tarija, ya que los asentamientos se van generando por la necesidad de mucha gente o tener un terreno para una casa. Gallardo aseguró que desconoce iniciativas departamentales o programas de vivienda para la población que lo necesita.
En el lado oficialista del legislativo edil, Francisco Rosas ratificó que es evidente que la Alcaldía inició acciones legales en contra de los avasallamientos de tierras.
Recordó que el 3 de octubre pasado, la Alcaldía habría puesto una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue a todos los asentamientos de la ciudad y proceder aplicar acciones en contra de los responsables.
Reveló también que el pasado 9 de octubre se solicitó a la justicia proceder con el desalojo de un asentamiento que se encuentra frente al matadero Municipal.
Otra acción legal se la hizo el 13 de septiembre para proceder al desalojo de un asentamiento en la zona de San Jorge. Según Rosas, la Alcaldía estaría haciendo cumplir las normas.
/El País
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